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El gobierno de facto de Bolivia presentó una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por "genocidio" y "terrorismo", al sostener que es responsable de las movilizaciones y los bloqueos que se mantienen hace semanas en distintos puntos del país, sumido en una grave crisis social y política por la reiterada postergación de las elecciones. El ministro de Justicia Álvaro Coimbra confirmó que la denuncia, presentada ante la Fiscalía de La Paz, señala también al candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Arce y a su compañero de fórmula, el excanciller David Choquehuanca. Entre los denunciados también se encuentran el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y los dirigentes del MAS en Cochabamba Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza.
Para el juez Raúl Eugenio Zaffaroni, se trata de "una nueva mentira y un mamarracho" propios del "régimen de no derecho". Desde el fin de semana, grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y los Jovenes Cruceñistas de Santa Cruz que responden al líder cívico Luis Fernando Camacho salieron a reprimir a los manifestantes que mantienen el bloqueo de rutas y caminos exigiendo elecciones el próximo 6 de septiembre, tal como había promulgado la presidenta Jeanine Áñez. El lunes, el gobierno de facto dispuso además la salida a la calle del Ejército para hacer frente a las movilizaciones.
"Hemos presentado una denuncia en contra de estas personas por delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, medio ambiente, los servicios básicos, destrucción de lugares públicos e instigación pública a delinquir", enumeró en una lista interminable el ministro Coimbra. La semana pasada el gobierno ya había anunciado que presentaría una (nueva) demanda contra Morales y otros dirigentes del masismo, a quienes acusa de ser responsables de al menos una treintena de muertes por coronavirus de pacientes que no habrían recibido oxígeno y otros insumos médicos por los bloqueos.
Franklin Flores, diputado del MAS, constató sin embargo que esos insumos continúan llegando sin problemas a los distintos centros de salud del país. "Exhortamos a los medios a no prestarse a la campaña de desinformación promovida por el golpismo. El desabastecimiento de oxígeno lo sufrimos en todo el país hace meses por la incapacidad y corrupción del Ejecutivo que busca evadir su responsabilidad culpando al pueblo movilizado", destacó el diputado en sus redes sociales.
"La historia del MAS-IPSP es la historia de la lucha por la paz, la democracia y la justicia social. Debemos garantizar mediante el diálogo una salida democrática y pacífica a la crisis de Bolivia", escribió el expresidente Evo Morales en su cuenta de Twitter, aunque no hizo mención a la flamante denuncia del gobierno de facto. Para el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Raúl Eugenio Zaffaroni, este proceso judicial constituye "una mentira más" del gobierno de facto.
"No sorprende que un régimen de no derecho mienta, ya que todos los que ejercen poder sin derecho lo hacen", aseguró el asesor legal del expresidente Evo Morales en diálogo con Página/12. La imputación a Morales por genocidio y terrorismo constituye otro "mamarracho con forma de proceso", afirmó Zaffaroni, quien agregó que es bueno "recordar que el régimen de no derecho boliviano, desde el comienzo, se dio el lujo de ignorar las más elementales reglas del derecho internacional consuetudinario y convencional".
En tanto, fuentes cercanas a la dirigencia del MAS destacaron que sólo se trata de una admisión de la demanda, a lo que luego vendrá la notificación y toma de declaraciones, donde "podrían intentar detenerlos". "Solo es una medida de atemorización, no creo que se atrevan", señalaron. "La denuncia es una cortina de humo para ocultar la incapacidad del gobierno y el descontento del pueblo que ya no los soporta y que piden que se vayan porque muchos sectores ya no quieren elecciones. Quieren que renuncien", aseguró por su parte Osberth Carrillo, militante del MAS que debió exiliarse en Uruguay luego de que quemaran su casa en medio de la violencia desatada en el país tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
"El manejo arbitrario del tribunal electoral designado por el gobierno de facto en Bolivia, la postergación de las elecciones excusándose en la covid-19, y ahora las denuncias de Añez al MAS y Evo Morales, confirman que la política de persecución judicial y manipulación de los procesos electorales, ha sido una constante en toda la región, como lo demuestran los casos de Brasil, Ecuador, Bolivia y Argentina", aseguraron desde la comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria.
Mientras tanto, continúan con fuerza las protestas y los bloqueos convocados por la COB y el Pacto de Unidad exigiendo elecciones urgentes. El fin de semana se registraron ataques de grupos de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité Cívico de Santa Cruz que responde directamente a Luis Fernando Camacho, intentando desbloquear las vías para permitir el paso de los camiones y otros vehículos varados con el saldo de detenidos de las organizaciones sociales.
Por su parte, el gobierno de facto ratificó su advertencia de intervenir los bloqueos, y este lunes comenzó la intervención militar en la ruta a Santa Cruz y la Ceja de Alto, donde efectivos dispersaron a los manifestantes con gases y balas de goma. La Defensoría del Pueblo salió a denunciar a través de un comunicado "este tipo de acciones violentas que se desarrollan de manera constante y reiterativa desde inicios de este año" que muestran "una suerte de complicidad y permisividad por parte del Estado, situación que podría acarrearle responsabilidades internacionales".
