Mientras el debate por la Reforma Judicial continúa el martes en el Senado, la estrategia de Juntos por el Cambio es frenar el proyecto del Gobierno en la Cámara baja negándose a tratarlo en forma virtual, a pesar del aumento de contagios por la pandemia de la covid-19. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó la postura del Ejecutivo y del Frente de Todos, al afirmar que están dispuestos a incorporar “herramientas y propuestas para mejorar el proyecto”, pero también cuestionó a la alianza opositora por rechazar la iniciativa antes de conocer su texto.

La estrategia opositora se ratificó en una reunión por Zoom de todo el espacio que se realizó este lunes y del que participó Mauricio Macri desde Francia, incluidos sus bloques de senadores y diputados: “no tratar la reforma judicial de manera remota”. Aunque la postura no forma parte de ningún documento oficial ni del “punteo” que difundieron sus voceros, la decisión está tomada.

Pero la actitud del interbloque de JpC no podrá ser uniforme. El debate continuará en el Senado en su tercera jornada sobre la reforma judicial con una decena de expositores ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. En la Cámara alta, está vigente por 60 días la prórroga del protocolo para sesiones remotas y sin condicionamientos sobre el temario a tratar.

Allí, el FdT no tiene obstáculos para avanzar con la discusión en forma virtual y cuenta con las manos suficientes para darle media sanción. El oficialismo quiere agotar esta semana (durante el plenario que volverá a reunirse este jueves) el paso de todos los expositores propuestos –desde el FdT y JpC— para avanzar en la discusión en el seno de las comisiones.

A partir de las 14, expondrá por videoconferencia la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Luego será el turno de la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky. A ellas se sumarán el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal de la CABA y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, Carlos Rívolo; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes del consejo asesor creado por el Ejecutivo para impulsar cambios en la administración de justicia.

También fueron convocados Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; y el ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Además de la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py, Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón; y la fiscal Mónica Cuñarro.

El plenario "recepciona  y sistematiza” las propuestas de modificaciones realizadas por los expertos que participan del debate para evaluarlas. “El Gobierno está abierto a escuchar las propuestas de modificación siempre y cuando no se lo modifique en su esencia que es poder reestablecer la garantía constitucional que durante los cuatro años de Mauricio Macri se vieron fuertemente vulneradas”, afirmó a PáginaI12 la senadora María de los Angeles Sacnun (FdT), quien preside el plenario.

En el mismo sentido se pronunció Cafiero. “Nosotros siempre hemos sido parte de promover el diálogo democrático, ese fue nuestra forma de trabajar. Cuando enviamos proyectos a las Cámaras promovemos el diálogo y el debate y muchas propuestas han sido modificadas con mejoras”, sostuvo el jefe de Gabinete. Pero ante la consulta sobre la negativa de la oposición de tratar la reforma judicial en forma virtual, Cafiero expresó que “sorprende bastante que quienes siempre declamaban el diálogo político que antes de leer el proyecto ya planteen que lo van a votar en contra. Lejos de fortalecer la democracia lo que hace es perjudicarla”.

En minoría, los senadores de JpC plantean cuestionamientos como “la oportunidad” del debate y el “costo” de la reforma. Pero sin ninguna chance de bloquear el proyecto.

Diferente es la situación en Diputados, donde la última prórroga por 30 días del protocolo para las sesiones virtuales, que JpC condicionó a proyectos “con dictamen de comisión” y “temario acordado por todos los bloques” está vencido.

Las condiciones para una nueva prórroga del protocolo será el argumento que utilizará la alianza opositora para negarse a tratar de frenar la reforma judicial, si el debate en la Cámara baja no se realiza en forma “presencial” a pesar de los aumentos de contagios de coronavirus que tensionan el sistema sanitario. 

Habrá que ver como sorteará el oficialismo este obstáculo opositor para cuando la reforma llegue a la Cámara de Diputados, previsto para el mes de septiembre.