Por urgencias propias de la crisis institucional y el colapso sanitario derivado del coronavirus, hay sectores que no están teniendo la visibilidad que merecen en Bolivia. Un claro ejemplo es el de los presos que sufren el impacto de décadas de políticas penitenciarias erráticas, ahora potenciadas por la pandemia. En los últimos meses se produjeron motines en distintos penales luego de multiplicarse los casos de covid-19 intramuros.
En Bolivia existen 98 establecimientos carcelarios con una población de más de 18 mil presos, entre los que al menos 40 fallecieron por coronavirus y 159 se contagiaron, según datos celosamente custodiados por el ministerio de Gobierno. Pero podrían ser muchos más, porque no se están aplicando los suficientes testeos. Siete presos del penal de San Pedro en La Paz, uno de las más hacinados de Bolivia, fallecieron la semana pasada a causa del coronavirus y 20 detenidos fueron aislados como casos sospechosos. De acuerdo al Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), los centros penitenciarios bolivianos presentan una sobrepoblación del 269 por ciento, una de las cifras más altas de la región.
"La situación de las cárceles en Bolivia es muy preocupante. La proximidad de las personas generada por el hacinamiento, su capacidad reducida para protegerse a través del distanciamiento individual, la mala alimentación, la falta de suministros médicos y de higiene, los sistemas de ventilación que fomentan la propagación de enfermedades transmitidas por el aire, las dificultades de poner en cuarentena a las personas que se enferman, son solo algunos de los problemas que hemos visto", asegura en diálogo con Página/12 la asesora de derechos humanos de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) para Latinoamérica, Teresa Fernández Paredes. La directora ejecutiva del ITEI, Emma Bolshia, coincide en destacar la gravedad de la situación y manifiesta su preocupación por la "ausencia de medidas suficientes, responsables y rápidas para la protección de las personas privadas de libertad".
Bolshia pone como ejemplo el Centro Penitenciario de San Pedro en la ciudad de La Paz, donde "por información de los propios internos sabemos que la atención médica es muy precaria". El pasado siete de julio, entre las siete víctimas fatales registradas en dicho penal se encontraba Segundino Pari. El detenido tenía graves problemas respiratorios y se supone que murió por coronavirus. Pero "ocho horas después de haber muerto aún no se había retirado el cadáver de la celda que compartía con su hijo, ambos en prisión preventiva", detalla Fernández Paredes.
Las cifras del desastre
Algunos números alcanzan para entender la gravedad de la situación en los penales bolivianos. El hacinamiento supera el 269 por ciento. En 2006, había 7.782 internos y actualmente se cuenta con más de 18 mil. A eso se suma la carencia de personal para tareas de vigilancia y atención médica. Un solo policía vigila a 23 internos en promedio. Un médico, en tanto, atiende a 410 detenidos. Cerca del 70 por ciento de los presos cumplen prisión preventiva. Los datos corresponden al Censo Carcelario 2019 realizado con datos del Tribunal Supremo de Justicia, la Policía, el Servicio para la Prevención de la Tortura y el Régimen Penitenciario.
La situación en la mayoría de las carceletas provinciales es aún peor. En esos lugares el monitoreo es escaso y los espacios son más estrechos y precarios. "Estas cárceles son, pues, el lamento boliviano. Dan pena esos ambientes. Cuartitos pequeños, camas sobre adobes en el caso del altiplano. En el caso de los valles, casitas a punto de caerse", reveló el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, citado por el diario Correo del Sur . La situación agravada por la pandemia llevó a que presos de cuatro centros penitenciarios de la ciudad de Cochabamba iniciaran el pasado 27 de julio y de manera escalonada motines para exigir atención médica, medicamentos y testeos de covid-19.
Hoy en Bolivia cuesta horrores acceder a un conteo actualizado de muertos e infectados por coronavirus en las cárceles. Según los datos difundidos días atrás por la Defensoría del Pueblo, hay 40 internos fallecidos, 159 contagiados, 118 sospechosos, 74 recuperados y 17 internados por covid-19. "Pero sabemos que estas cifras pueden no ser completas ya que no se realizan todas las pruebas diagnósticas que se requerirían para controlar el contagio", aclara Fernández Paredes de la OMCT.
Un decreto insuficiente
Con el objetivo de reducir la población carcelaria ante la actual crisis sanitaria, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó el 4 de mayo el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Nacional. Pero la medida, según la asesora de la OMCT, "no cumple con las recomendaciones internacionales que animan a los estados a buscar medidas que permitan obtener la libertad a las personas detenidas por delitos menores o no violentos así como faltas leves".
Eso hace que solo un porcentaje muy pequeño de la población carcelaria en prisión preventiva, es decir a la espera de un juicio, haya podido beneficiarse de la medida de urgencia. "El decreto presidencial no ha tenido el efecto deseado por sus amplias limitaciones y los trámites burocráticos qe la situación conlleva, amplificados por un sistema de justicia con demasiadas carencias operativas y ralentizado por las medidas asumidas por la pandemia", asegura Bolshia.
Al igual que otras organizaciones defensoras de derechos humanos, el ITEI le escribió una carta a la presidenta interina en marzo de este año. "Nos pronunciamos ante la crisis generada por el brote de covid-19 en la cárcel de Palmasola, exigiendo al estado la adopción de medidas para proteger los derechos de las personas privadas de libertad. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta", dice Bolshia.
Al silencio del gobierno se le suma otra dificultad. "El ministerio de Gobierno hace más de un mes ha dejado cesantes a 70 profesionales en salud, apoyo y profesionales en psicología, justo en este momento de pandemia y que contaban muchos de ellos con larga experiencia y especialización en la atención de personas privadas de libertad", agrega la asesora del ITEI.
"Reducir la población carcelaria y evitar las detenciones masivas no basadas en cuestiones criminales es esencial para evitar el empeoramiento de la crisis de salud dentro y fuera de las prisiones. También es necesario integrar una perspectiva de género e interseccional, especialmente teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad que sufren menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas o acompañadas de sus hijos e hijas y personas con discapacidad", destaca Fernández Paredes desde la OMCT.
Las organizaciones sociales coinciden en que el gobierno de Bolivia no puede ni debe olvidar lo que reconoce la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XXV. Fernández Paredes resume su significado con simpleza: "Tenemos que tratar a las personas privadas de la libertad con humanidad. Los efectos de la enfermedad causada por este virus pueden tener consecuencias incontrolables no solo para los internos, también para el personal penitenciario y el sistema de salud en su totalidad. Es, por tanto, un asunto de todos y todas".
