Desde Lima. El nuevo gabinete ministerial, encabezado por un general del ejército en retiro, se ha estrenado con tres muertes durante una protesta social. Tres indígenas de la etnia amazónica kukama murieron en un enfrentamiento con la policía cuando protestaban por el abandono por parte del Estado ante el dramático avance de la covid 19 en las comunidades amazónicas y por la falta de servicios básicos. Hubo diecisiete heridos, once pobladores, cuatro de ellos graves, y seis policías. El abandono ante la pandemia que golpea duramente a las poblaciones nativas de la Amazonia gatilló la protesta, pero ésta tiene profundas raíces de marginación, maltrato y violación de los derechos de estas comunidades.

La represión estalló cerca de la medianoche del último sábado frente a las instalaciones del Lote 95 de la petrolera canadiense PetroTal, en la selva amazónica. Los indígenas reclaman medicinas y atención médica para enfrentar el coronavirus. En la mayoría de los casos no tienen acceso a centros médicos básicos en sus comunidades y deben hacer largos viajes para recibir atención, algo dramáticamente evidenciado en esta pandemia. También exigen una compensación económica por parte de la empresa por el uso de sus territorios.

El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, ha advertido que la expansión de la pandemia del coronavirus y el abandono del Estado están poniendo a estas poblaciones indígenas “en el límite de lo humanamente tolerable”.

Las autoridades culpan de los hechos violentos a los indígenas. En un comunicado, el Ministerio del Interior señala que los pobladores llevaban escopetas de caza y “habrían realizado disparos” contra la policía. Se afirma que eso desató el enfrentamiento. El ministro del Interior, el general en retiro de la Fuerza Aérea, Jorge Montoya, ha dicho que se ha abierto “un proceso de investigación”, pero su ministerio ya adelantó opinión antes de esa “investigación”, culpando a los indígenas

Los dirigentes nativos rechazan enfáticamente esa versión oficial de lo ocurrido, que los acusa. Aseguran que no llevaban armas de fuego, solamente lanzas, armas ancestrales que portan en toda movilización. Dicen que en la oscuridad los policías se habrían disparado entre ellos.

El líder indígena Mayter Flores, que participó en la protesta y es hermano de uno de los fallecidos, denunció que “la policía prácticamente ha venido a matarnos”. “Nosotros -precisó- teníamos nuestras armas que son las lanzas y la policía nos comenzó a disparar”.

“Los hermanos indígenas no tenían armas de fuego. Solo estaban con sus armas ancestrales. Demandamos una investigación que esclarezca los hechos, que paren las medidas represivas de la policía y que se inicie un diálogo para atender las demandas de nuestros hermanos. Son demandas justas, porque existen pueblos que están en la pobreza y en la pandemia se ha visto reflejada”, ha dicho el presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), Jorge Pérez.

Hay una larga historia de abandono de las poblaciones indígenas y también de conflictividad entre esas comunidades y las empresas extractivas -de petróleo, minería y la industria maderera-, que son respaldadas por el Estado. Las poblaciones nativas son afectadas por estas actividades extractivas, que contaminan su entorno vital. La vida de estas comunidades se ve seriamente afectada, y no reciben ningún beneficio de la riqueza extraída de sus territorios, por el contrario, se quedan con pobreza, contaminación y enfermedades. Y cuando reclaman por sus derechos, la respuesta suele ser violenta.

“Los pueblos indígenas estamos con más de 50 años de explotación petrolera y ni siquiera tenemos lo básico, salud y educación. Gran parte de la población está infectada (por la covid 19)”, ha denunciado la presidenta de la Asociación de Mujeres Kukamas, Mariluz Canaquiri.

En diálogo con Página/12, el antropólogo Alberto Chirif, dedicado a los temas amazónicos, señala que “lo ocurrido evidencia que la incapacidad de diálogo se está haciendo una costumbre en el país, se explota a la primera. Hay que desarrollar capacidades para el diálogo, desde el Estado en primer lugar, y también desde las organizaciones. Hay poblaciones que no ven satisfechas sus demandas y sus aspiraciones, eso lleva a que la mecha se encienda con gran facilidad”.

Hace un año, el gobierno se comprometió con las poblaciones indígenas de la zona amazónica de Bretaña, donde opera la petrolera PetroTal y escenario de esta protesta, a poner en marcha un “plan de cierre de brechas” para llevar servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento, y reducir los impactos por la contaminación petrolera. Pero un año después, el gobierno no ejecuta ese plan. Esas demandas sin resolver se juntaron con los reclamos por el abandono ante la pandemia y estalló la protesta.

Luego de las tres muertes, el gobierno envió a la zona una comisión encabezada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, quien se reunió con dirigentes indígenas. El ministro reconoció la validez de las demandas indígenas, prometió una investigación por las muertes causadas por la represión policial, aunque funcionarios del gobierno ya adelantaron opinión, y ofreció poner en marcha “el plan de cierre de brechas”, incumplido desde hace un año.

Los indígenas, acostumbrados a las promesas no cumplidas desde diferentes gobiernos, pidieron acciones concretas y anunciaron que mientras eso no ocurra se mantendrán movilizados. “Hay comunidades que se han sumado a la lucha y no se van a retirar ante esta represión”, aseguró el dirigente Jorge Pérez.