La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) extenderán el acuerdo que permite suspensiones y rebajas salariales del 25 por ciento. El pacto fue establecido en abril y será la tercera vez que se renovará. Si bien todavía no fue firmado, se espera que esté vigente por otros 60 días, hasta fines de septiembre.

De mantenerse las mismas características, el acuerdo prevé el pago de una prestación no remunerativa equivalente al 75 por ciento del ingreso neto del trabajador, y la continuidad de los puestos de trabajo durante el tiempo en que se haga efectiva la suspensión. Quedarían exceptuados de la rebaja y cobrarán el sueldo completo quienes continúen sus tareas, ya sea dentro de las fábricas o bajo la modalidad de teletrabajo. 

Si bien las suspensiones y las rebajas salariales se encuentran prohibidas, el pacto se enmarca en una de las excepciones del decreto del gobierno. Se encuadra en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que permite las suspensiones y la consiguiente rebaja de sueldo, siempre y cuando sean concertadas entre empleador y empleado, o sindicato.

Legalmente no necesita la homologación del Ministerio de Trabajo, pero se prevé que el pacto sea firmado por Claudio Moroni, como en los dos anteriores, para que tenga mayor peso, según fuentes oficiales. En la práctica, el acuerdo UIA-CGT funcionó como un convenio marco al que adhirieron desde distintos sectores, como el comercial y el metalúrgico.

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, defendió los acuerdos con cámaras empresarias y remarcó que "conversar no es entregar principios". "Prorrogamos el acuerdo con la UIA hasta fin de año para proteger el empleo. Tenemos entendido que se está cumpliendo el acuerdo, más allá de algunos despidos en cuentagotas", sostuvo el líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Según un informe realizado por el Ministerio de Trabajo, las suspensiones funcionaron como una "válvula de escape" que utilizaron las empresas que se vieron imposibilitadas a afrontar el pago de la totalidad de los salarios. La cantidad de trabajadores suspendidos en abril y mayo de este año fue 14 veces superior al promedio de la última década. Se estima que hubo 740 mil trabajadores asalariados suspendidos, el 12 por ciento del total.