"En un placard se encontró un proyectil antiaéreo con la leyenda 'ojo, está activado', que debió neutralizar una brigada de explosivos. Sin ningún tipo de resguardo ni cadena de custodia, había armas y explosivos a la vista, sobre escritorios y estantes. También había estupefacientes, hasta en la terraza: 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, poco más de 2 kilos de hojas de coca, 297 cigarrillos de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas, entre otros atípicos insumos de oficina". Así describió el juez federal Alejo Ramos Padilla el estado del juzgado que durante tres años había subrogado Santiago Ulpiano Martínez. Más grave aún, según remarcó el Cels cuando se opuso a su designación como fiscal federal durante el macrismo, “la falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas”. 

Cuando logró ubicar los expedientes acumulados, Ramos Padilla descubrió que había gran cantidad de detenidos sin indagar, otros indagados pero con su situación procesal sin resolver y otros con paradero desconocido. 

La primera iniciativa del devenido fiscal Martínez, cuya audiencia de recusación por segunda vez en la causa por la desaparición de Facundo Castro tendrá lugar hoy, fue convocar a un comisario de la Policía Bonaerense, la fuerza que había sido apartada por estar sospechada de haber participado del crimen, y a pesar de tener a su disposición a la Federal. "Fui a entrevistarme con el señor Fiscal quien en voz alta sugirió comunicarse con el superintendente de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada, un acto de flagrante irregularidad, denegatoria de toda razonabilidad y legalidad frente al tratamiento del caso en el que la única hipótesis a lo largo del proceso ha sido la desaparición forzada de personas en mano de la fuerza bonaerense", escribió Cristina Castro en el primer pedido para que Martínez fuera apartado del caso , y denunció que Martínez --ex juez destituido por el Consejo de la Magistratura-- era parte de la trama del encubrimiento desplegada en la causa.

La jueza federal María Gabriela Marrón rechazó esa primera recusación del fiscal por entender que su actividad había sido correcta, pero la familia insistió con nuevas pruebas y hoy podrá exponerlas en la audiencia por Zoom. Los Castro y sus abogados relatan que Martínez demoró o rechazó las medidas que fueron pidiendo, no los recibía ni atendía sus llamadas, y lo acusaron de impulsar otras "inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas", como por ejemplo no enviar fuerzas federales en Villarino, debiendo la madre con uno de los letrados tener que confrontar con la fuerza bonaerense en un basurero junto a unos presuntos huesos humanos, mandar a notificar de audiencia a testigos reservados con un móvil policial y efectivos uniformados en un pequeño pueblo y en pleno centro a las 23 horas, citarlos a declarar en una delegación municipal frente a la plaza central del pueblo, permitir y no advertir que miembros de la policía bonaerense con conexidad a la red de encubrimiento fueron los que llevaron a un testimonio absolutamente mendaz y desajustado de toda verdad".

La acusación más grave contra Martínez es haber permitido el ingreso al expediente del testimonio de E.R, la mujer que fue inducida a declarar que llevó a Facundo hasta Bahía Blanca, porque el dato sobre ella lo aportaron dos policías bonaerenses, ya mencionados en el expediente. "Tal vez no haya advertido el señor Fiscal que casualmente uno de esos policía, (Mario Gabriel) Sosa, participó de la detención 'oficial' y el labrado de infracción al artículo 205 del Código Penal para con Facundo el día 30 de Abril de 2020 a las 10 horas; y que la Agente (Siomara) Flores es quien en flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo, a la misma hora que, según tres testigos, era abordado Facundo por dos masculinos en un patrullero de la policía bonaerense y del que luego de ello no se tuviera mas noticias", explicó la querella particular.

Pero el colmo llegó la semana pasada, tras el hallazgo de huesos y ropa cerca de Mayor Buratovich. Cristina Castro tuvo que esperar horas en medio del campo porque Martínez no respondía sus llamadas, y cuando lo hizo fue para pedirle al juzgado que autorice la medida, lo cual le valió el reto de la propia magistrada porque es facultad del fiscal ordenar ese tipo de medidas como las que ya se hicieron en la causa. Eso sí, les hizo saber que no autorizaba la participación del perito de la familia, Marcos Herrero.

Genocidas de ayer, la gorra de hoy

Luego dedicaron un capítulo a los antecedentes del fiscal recusado respecto de filtraciones mediáticas y su rol en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, con mención a notas publicadas por Página12 . La absolución del juez que se animó a indagar al empresario Vicente Massot por delitos de lesa humanidad puso al desnudo la maniobra de la corporación judicial de Bahía Blanca para garantizar la impunidad del ex dueño de La Nueva Provincia (LNP). El fiscal general Javier de Luca destacó que se trata de un leading case sobre delitos de lesa humanidad cometidos por civiles desde un medio de comunicación y advirtió que su impunidad compromete al Estado argentino. La "burda maniobra", según dijeron los fiscales especiales José Nebbia y Miguel Palazzani, consistió en quitar de la causa al juez Alvaro Coleffi, que había firmado la orden de indagar a Massot a la que Martínez se había negado a con el argumento de que no existe “algún grado de complicidad del diario con la dictadura". La Cámara Federal revocó esa decisión, lo apartó de la causa y en su reemplazó nombró como juez ad hoc a Coleffi, quien autorizó el allanamiento del diario y el 24 de abril de 2014 indagó por primera vez al empresario y ex dueño de LNP.

Otro caso que rozó al poder fue el del ex capellán Aldo Vara, quien llegó a admitir haber visto las secuelas de la picana en los cuerpos de estudiantes secundarios secuestrados por el Ejército. Martínez tampoco encontró “elementos suficientes” para indagarlo pero la Cámara opinó lo contrario, lo desplazó y ordenó la captura del sacerdote. “Es claro que la maniobra se urdió a partir de mi desempeño en lesa humanidad”, reflexionó el ex juez Coleffi, acusado de filtrar escuchas a la prensa y absuelto. Aunque ahora se hicieron amigos, en ese momento Martínez procesó al director de La Brújula, Germán Sasso, por encubrimiento. Según el defensor de Coleffi, el ex diputado Dámaso Larraburu, el policía Walter Schell intercambió 39 llamados con el periodista y tenía antecedentes de haber manipulado escuchas difundidas por La Brújula en la causa “Garcés” sobre narcotráfico.

El mismo día de la indagatoria de Massot, a Coleffi le impidieron ingresar a Tribunales por esa acusación. Palazzani y Nebbia alertaron que la “burda maniobra” ocultaba “una cabal estrategia para la defensa de los imputados”, advirtieron que Martínez seguía operando “desde la sombras” y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. 

A pesar de las impugnaciones de H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial” y su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad, Martínez fue nombrado fiscal federal, y siguió su carrera sin que el procurador interino Eduardo Casal tuviera en cuenta la evidencia que ese juicio dejó en su contra. En su impugnación el Cels destacó que Martínez protegió, entre otros, a Massot y obstaculizó las causas por delitos de lesa humanidad , como la del Cuerpo V del Ejército y la base naval de Puerto Belgrano. 

“Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército; durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco con los archivos necesarios para el desarrollo de la causa Triple A, de los que no tenían copia”, enumeró el Cels. Las resoluciones de Martínez “fueron sistemáticamente revocadas por la Cámara Federal de Bahía Blanca y fueron incumplidas igualmente por él. No sólo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”, destacó el organismo. A la luz de tales antecedentes se vuelve más comprensible la insistencia de la familia Castro en apartarlo.