El Senado emitió ayer dictamen de comisión a favor del proyecto de ley que permite y regula el uso medicinal del cannabis y sus derivados que tiene la media sanción de Diputados y que podría ser tratado sobre tablas en la sesión de hoy.

El proyecto habilita al Estado a proveer el aceite cannábico a los pacientes con ciertas patologías, y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta y sus derivados.

La tucumana Silvia Beatriz Elías de Pérez (UCR), titular de la Comisión de Salud, cabecera del plenario, destacó que “estamos dando un paso más que importante” y estimó que “en breve vamos a tener la ley”. Sin embargo, Alfredo Luenzo (Chubut somos Todos) transmitió la necesidad de avanzar en el tratamiento de una ley que habilite el autocultivo de cannabis e instó a “dejar de lado los prejuicios y quitarnos algunas dudas”.

Casi en el mismo sentido se expresó la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien  dijo que “hubiéramos podido hacer mucho más esfuerzo” y sacar “una ley que abarcara la problemática del autocultivo porque sabemos que deja un agujero negro, deja a un montón de argentinos en el desamparo”.

Por su parte, la peronista Liliana Fellner apuntó que “esta ley tiene dos artículos fundamentales”, uno vinculado con el rol “fundamental” que se concede al Conicet y el INTA, que permite “elaborar la sustancia para el tratamiento” y el otro es que la norma garantiza “el derecho a la salud para absolutamente todos” y autoriza a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) “la importación del aceite de cannabis”. Y pidió  al oficialismo que la norma “sea promulgada con mucha rapidez y también sea reglamentada”.

Durante el tratamiento de la propuesta, la directora del Laboratorio de Neurociencia Cannabis Medicinal Argentina, Silvia Kochen, destacó la necesidad de que “el cannabis sea legal en la Argentina” para el uso medicinal al tiempo que reclamó “ensayos clínicos controlados y seguros”.

Ana García Nicora, la presidenta de la Asociación Civil “Mamá Cultiva”, sostuvo que el cannabis medicinal es un “milagro científico del que ningún ser humano merece ser privado” y resaltó que “debe estar acompañado por legislación responsable en el cuidado de la salud”.

Marcelo Morante, médico, investigador y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, pidió “no caer en el simplismo de que no hay evidencia” para rechazar la norma y remarcó que “con una ley el Estado se hace presente”.

Por su parte, Martín Sivori, médico del Hospital Ramos Mejía y profesor de la UBA, destacó que “esta ley da un marco de regulación y es fundamental porque el aceite de cannabis tiene decenas de fármacos internos pero mucho no se puede investigar porque la marihuana es ilegal” y consideró que “esta ley da cobertura social garantizada”.

Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria), por su parte, entre los fundamentos de su voto, dijo: “Voy a acompañar este proyecto, que considero que es una propuesta de mínima, porque la gente lo necesita”. 

Terminada la sesión, aclaró: “Nosotros presentamos un proyecto mucho más amplio que éste, porque incluye a los autocultivadores, que este proyecto deja en una especie de limbo. Pero acompañamos ahora y ya nos ponemos a trabajar en lo que hay que mejorar”. E insistió: “Es fundamental que el Estado se involucre. Que reglamente rápidamente la ley y que apoye y controle, a través de un registro, por ejemplo, a los autocultivadores. Las madres y los hijos que fabrican el aceite no pueden ser perseguidos. Y mientras tanto, la Justicia y el Ministerio de Seguridad también tienen que trabajar en ese sentido y no actuar tan de espaldas a lo que la gente necesita, a lo que la sociedad quiere”. 

Finalmente, destacó la legislación de Mendoza (aprobó ayer un proyecto sobre el cannabis medicinal), Neuquén y Santa Fe. Y cerró: “El uso medicinal del aceite es muy amplio. No es sólo para epilepsia refractaria, también es eficaz para el VIH, la artrosis, la artritis, la esclerosis... El Estado debe incentivar la producción local y controlarla. Ahora la gente está obligada a recurrir a vías clandestinas para conseguirlo. Y quiero destacar la tarea militante de las madres (y otros familiares) que hacen un magnífico trabajo para que se legalice y se controle este producto, que tiene más de un millón de usuarios en el país”.