Hija de Bachelet alza la voz por la causa mapuche

Desde Santiago, Chile

Este fin de semana se cumplirán dos semanas de manifestaciones a favor de la causa mapuche en distintas ciudades de Chile, en una escalada de tensiones tras el violento desalojo de las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Traiguén, Collipulli y Victoria por parte de carabineros y con apoyo de exaltados civiles.Todo esto incentivado sin duda por la visita a Temuco —capital de la Araucanía— del nuevo ministro del interior Víctor Pérez, quien tiene en su currículo el haber sido alcalde designado por Pinochet de la ciudad de Los Ángeles ente 1981 y 1987.

Incluso la misma hija de Michelle Bachelet, Francisca Dávalos (36) fue detenida el pasado lunes en una protesta en el centro de Santiago. El acto, que congregó a otras personas que lanzaron panfletos apoyando la causa, fue en una explanada frente a las Oficinas de Registro Civil a unas cuatro cuadras de La Moneda.

Llama la atención su postura considerando que el gobierno de Bachelet —actualmente alta comisionada de la ONU— simplemente continuó las políticas represivas y pro-empresarios contra la comunidad mapuche.

Según difundieron profusamente medios chilenos, Dávalos llevaba un permiso para compras de insumos básico, siendo el mal uso de este la causa de su detención. En efecto: la comuna de Santiago sigue en cuarentena, pero la medida es muy poco respetada y fiscalizada por carabineros cuya ausencia en las calles es notoria, comparada con los momentos más tensos del llamado “Estallido Social” de octubre.

La vecina comuna de Providencia acaba de pasar a la etapa 2 del plan “Paso a Paso” implementado por el gobierno para una transición rechazada por el Colegio Médico. Esto ha permitido que pequeños grupos de manifestantes se congreguen nuevamente en torno a Plaza Italia, que marca la frontera entre ambas comunas y rebautizada durante las protestas de octubre de 2019 como Plaza de la Dignidad.

Antropóloga en Argentina y de bajo perfil

Tal como su hermana menor Sofía Henríquez y a diferencia de su hermano mayor, Alberto, que protagonizó en 2015 un mediático caso de corrupción , créditos bancarios y negocios irregulares conocido como “Caso Caval” que enturbió el segundo mandato de Bachelet, el perfil de Francisca es notablemente más bajo.

Estudió antropología en la U. de Chile y en 2010, justo cuando terminaba el primer mandado de su madre, se radicó en Buenos Aires aceptando un trabajo en Flacso en el área de Antropología Aplicada y Políticas Públicas. También aprovechó para cursar un magister en Antropología Social. Aunque mantiene buenas relaciones tanto con su madre como con su padre, Jorge Dávalos quien vive en Cochamo, Región de Los Lagos. Feminista, de izquierda, crírica de Piñera y durante un tiempo, muy activa en redes sociales, una de sus pocas apariciones en medios fue cuando se difundió una foto protestando en Buenos Aires contra la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama en 2016.

Apoyo a la devolución de tierras ancestrales

Una de las imágenes más emblemáticas de las revueltas iniciadas en octubre de 2019 en todo Chile es el de la bandera mapuche desplegada en la Plaza de la Dignidad. Una imagen que dio vuelta al mundo y que da cuenta como el reconocimiento de los pueblos originarios es tan trascendental como el cambio del sistema de pensiones o una nueva constitución. Estos dos últimos, heredados de la dictadura de Pinochet, al menos están en discusión: recientemente se aprobó el retiro del 10% del dinero ahorrado por los chilenos y el plebiscito para cambiarla sigue programado para el 25 de octubre. Todo esto a regañadientes de la derecha gobernante, por supuesto.

Pero el tema mapuche es otra cosa. A pesar de encuestas recientes como la CADEM que revela que un 75% está de acuerdo con la devolución de las tierras ancestrales a los mapuche y que el 79% está a favor de una solución política, el racismo se ha hecho más visible especialmente con los gritos, durante los desalojos, registrados en redes sociales de “¡el que no salta es mapuche!”.

Quizá los casos más dramáticos sean la huelga seca del machi Cesletino Córdoba , único condenado por el incendio y muerte de la familia Luchsinger-Mackay ocurrido en 2013. El 30 de julio la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó unánimemente el recurso de amparo que solicitaba su salida de la cárcel de la ciudad para cumplir parte de su condena (de 18 años dictada en 2014) en su “rewe”, altar sagrado, hasta el fin de la pandemia. El lunes pasado se difundió un audio donde se despide de la comunidad, diciendo que estar orgulloso de dar la vida por la causa. 

El historiador mapuche Fernando Pairicán, una de las voces más jóvenes y requeridas para hablar del conflicto, señaló en entrevista con Radio U. de Chile que “Son palabras muy tristes. El peñi (hermano) tomó la decisión” y agregó que todo esto tiene que ver con “una ausencia de política que pueda resolver el uso de la cárcel como una opción para evitar lo inevitable: la conquista de los derechos colectivos de los pueblos originarios”.

El otro caso es el supuesto suicidio de una madre e hija mapuche, Iris Rosales Quiñilén (53) y su Rosa Quintana Rosales ( 17), quienes aparecieron colgadas en su casa de la comunidad Juan Pinoleo de Ercilla, región de la Araucanía en Chile. Curiosamente la mayoría de los medios santiaguinos omitieron un detalle importante al informar de estas muertes: la madre era una activa dirigente mapuche que denunciaba la militarización de la zona y la brutalidad policial que estremeció a todo Chile con el asesinato —por la espalda y negado en un principio— de Camilo Catrillanca en 2018 por parte de efectivos del “Comando Jungla” organización creada por el gobierno de Piñera prácticamente como guardia privada de las empresas forestales que depredan la zona y que no tuvo más remedio que desmontar. Algo que se encuadra con los grupos de autodefensa de agricultores que, según un informe reservado de carabineros hecho en 2015, “puede evolucionar hacia un grupo de autodefensa militar” según reveló el medio chileno Ciper.