El derrotero de las personas con consumo problemático de sustancias es penoso. Siempre lo ha sido. Por décadas o quizá siglos --el consumo de sustancias es Milenario-- los usuarios de sustancias psicoactivas han conformado un colectivo heterogéneo, pero al mismo tiempo nominado como “malas personas”, “individuos que no quieren curarse”, “delincuentes”, “perversos”, “pacientes sin demanda”, “vagos”, “parásitos” y otras caracterizaciones. Este subgrupo, como pocos, es acusado por la Ley Penal y su vigente Ley de Estupefacientes. Además, recibe el bombardeo mediático que confunde un problema de salud mental con una hipótesis de conflicto bélico y, al mismo tiempo --lo cual no sorprende teniendo en cuenta los puntos previos-- recibe una pobre respuesta de parte del Estado en general, y de los servicios de salud mental, en particular. Triple expulsión: penal, de la opinión pública y del sistema sanitario. El resultado es la exclusión social.

El avance que se logró en términos de adquisición de derechos con la Ley Nacional de Salud Mental (2010) no fue lamentablemente acompañado por la creación de todas aquellas instancias de tratamiento que la ley sugiere: hospitales de día, casas de medio camino, dispositivos ambulatorios, por lo que, a diez años de su sanción encontramos un vacío logístico con tangibles repercusiones negativas. Aunque los consumos problemáticos --con el alcohol a la cabeza-- representan por su frecuencia el segundo motivo de consulta de salud mental en la Argentina (Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría 2018), la accesibilidad  al sistema de salud de quienes padecen ese tipo de consumo es escandalosamente baja. El fracaso del paradigma de la guerra contra las drogas, graficado por Tokatlian en su texto “Qué hacer con las drogas” (2018): más drogas circulando, más narcotráfico, más intervencionismo geopolítico y un número creciente de consumidores a lo largo del  mundo, ofrece una oportunidad para repensar y relanzar los tratamientos. El modelo clásico se compone de abordajes predominantemente individuales -psicológicos y/o psiquiátricos  --centrados en la sustancia (perspectiva toxicológica) o bien haciendo  especial énfasis en las internaciones prolongadas como unidad de  tratamiento estándar. Modelos alternativos a esta respuesta consisten en propuestas comunitarias, ambulatorias, que respeten aquellos  aspectos saludables de la vida de las personas, y que permitan trabajar los consumos problemáticos sin fracturar al sujeto ni despojarlo sistemáticamente de sus lazos sociales. Como enfatiza Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de  Género de la provincia de Buenos Aires, es importante potenciar la experiencia común frente al desamparo. Hemos aprendido que la prohibición no es un hecho médico sino político (las dos sustancias psicoactivas más prevalentes de abuso son legales: alcohol y nicotina), pero también sabemos que las políticas de salud pública no se construyen con expresiones de deseo o retórica, sino con ideas,  planificación, financiación y gestión. La pandemia es un escenario privilegiado para crear nuevos dispositivos, existe una relación notable entre contextos extremos y creatividad.

Recientemente, el Gobierno Nacional, a través de la Sedronar  (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina), dio a conocer una medida de apoyo económico a pacientes que estén en tratamiento (Programa Potenciar Acompañamiento), lo cual constituye un buen ejemplo de las políticas a seguir. Una medida que necesita articularse con la multiplicación de espacios ambulatorios a lo largo de todo el país y con una refundación del accionar de muchos profesionales. La frase esgrimida en algunos servicios de atención: “Aquí no se atienden adictos” es ya inadmisible. Los tratamientos para usuarios con consumos problemáticos requieren atender a múltiples  necesidades: médicas, legales, laborales, económicas, sociales; y también ser viables en el tiempo, respetuosos de los derechos --el de la salud es prioritario-- y potenciar las capacidades de los usuarios. La disponibilidad y la accesibilidad al sistema de salud son variables estratégicas, por lo general subestimadas, que urgen ser atendidas a corto plazo.

La experta en abuso sexual infantil Susana Toporosi explica en relación con la elaboración posible de lo traumático, algo que puede aplicarse para los consumos problemáticos: “lo individual se procesa solo si hay una elaboración colectiva”.

Federico Pavlovsky es psiquiatra. Magister en Drogadependencias.