La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sospecha que al menos 16 beneficiarios/as de los 120 celulares encriptados que repartió el organismo durante el gobierno de Mauricio Macri no devolvieron los aparatos que les pagaba el Estado y siguieron usando las líneas hasta que fueron dadas de baja hace unos pocos días. En el organismo no encuentran hasta ahora registro de que hayan retornado su teléfono secreto, entre otros y otras, el propio ex director, Gustavo Arribas, los exministros Nicolás Dujovne, Jorge Triaca y Carolina Stanley, el exsenador radical Ernesto Sanz, el intendente Jorge Macri, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el consultor Jaime Durán Barba, el empresario Nicolás Caputo y el abogado Alejandro Pérez Chada (letrado de Macri y Arribas).

Como reveló Página/12 la AFI del gobierno de Macri compró 120 celulares en Estados Unidos que fueron encriptados por el propio organismo y luego repartidos entre funcionarios/as del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hubo adjudicatarios/as que no tenían ninguna función pública pero guardaban alguna relación con Juntos por el Cambio o con el propio ex presidente y Arribas. De todos los aparatos, cuyas dos facturas de compra están disponibles, fueron recuperados 104. De estos últimos se pudo identificar a 74 usuarios. Faltan los datos de identificación de algunos equipos. Pero la AFI tiene toda la lista de beneficiarios y el organismo puede deducir quiénes podrían no haberlo devuelto.

Como constancia adicional de que había teléfonos no devueltos, después de que este diario puso el tema sobre el tapete, en la sede de la central de espías de la calle 25 de Mayo apareció un exfuncionario bonaerense que lo llevó antes de que se lo reclamaran. Hizo bien, porque el equipo jurídico de la AFI ahora analiza los caminos a seguir. Lo más probable es que a quienes pertenecieron al organismo los intimen a través de carta documento para que devuelvan los celulares. Esto ocurriría, por ejemplo, con el propio Arribas, con su número dos, Silvia Majdalani, con el ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano y un grupo de ex agentes. Podría haber una denuncia judicial por todos los equipos que no fueron devueltos y otra, o parte de la misma, que cuestione su asignación a personas ajenas al gobierno nacional.

Podría ocurrir que falten las constancias de devolución de determindas personas, pero deberan demostrarlo. En la lista de quienes se sospecha que se quedaron con los celulares Huawei modelo Nexus 6P H1512 adquiridos por la AFI figuran:

* Ex funcionarios del gobierno nacional: el exministro de Hacienda Dujovne, la exministra de Desarrollo Carolina Stanley, el exministro de Trabajo Jorge Triaca, el extitular de Finanzas, Luis Caputo. También está el extitular de la Aduana Diego Dávila (recordado porque antes de renunciar nombró la Dirección de Hidrovía a un jefe de narcotráfico al que se le habían “escapado” 1100 kilos de cocaína que llegaron a Canadá y 21.000 pastillas de éxtasis que llegaron con Macri en un vuelo desde Madrid). Una ex subsecretaria, Nataliza Zang, que fue subsecretaria en la secretaría de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, y que venía de ser directora en Farmacity.

* Funcionarios de otras jurisdicciones y poderes: la ex gobernadora Vidal, su entonces ministro de seguridad, Cristian Ritondo, el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, el exsenador Sanz, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

* Amigos, operadores, aliados de Juntos por el Cambio: Durán Barba y su socio, Santiago Nieto; el empresario amigo de Macri Nicolás Caputo; el abogado Pérez Chada.

Como informó este diario, la pista sobre la existencia de estos teléfonos cuya información es inaccesible (comunicaciones de voz y datos al menos) surgió durante la causa del espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora, cuando declaró un ex jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, y contó que Macri y Arribas se comunicaban por un aparato encriptado. 

También dijo que los tenían otros funcionarios, como Marcos Peña, el exjefe de gabinete. Coste dijo que él tuvo uno pero no lo usaba y que cree que había al menos una decena. Cuando la intervención se puso a relevar, resultó que había 120, que habían sido comprados en California, a la empresa Edmar Technologies Inc. a un promedio de 470 dólares cada uno, un valor que es habitual en el mercado de los celulares. Fueron dos compras, una en junio de 2016 de 100 teléfonos, y la otra en junio de 2018.

Aunque en el Gobierno actual dicen no usar celulares encriptados, puede tener lógica que los funcionarios que mantienen comunicaciones “críticas” lo hagan. No es ilógico que lo use un presidente o incluso el jefe de la AFI. De todos modos las comunicaciones de Macri y Arribas serán analizadas por la existencia de operaciones de inteligencia ilegal. Pero más allá de esto, a la vieja cúpula de la central de espionaje le será difícil explicar la gran cantidad de funcionarios que tenían estos equipos blindados y, más todavía, por qué los tenían personas ajenas, al menos formalmente, al Gobierno. El caso de Daniel Angelici, expresidente de Boca, es uno de los más elocuentes por tratarse de un conocido operador judicial.