Juristas, representantes de organismos de la justicia, magistrados y representantes de los sindicatos de los trabajadores judiciales participaron este miércoles del debate en el Senado por el proyecto de Reforma Judicial, en el marco de la cuarta reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Como sucedió en las reuniones anteriores, la mayoría de los expositores coincidió en la necesidad de avanzar con la reforma aunque pusieron reparos sobre la oportunidad de impulsar el debate mientras se atraviesa una crisis sanitaria.
María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, fue la encargada de abrir la jornada de exposiciones. En ese marco, y frente a las críticas de Juntos por el Cambio por el "gasto" que implicaría la puesta en marcha de la reforma señaló: "la incorporación de los jueces que propone el proyecto sería el 0,1% del Presupuesto destinado al Poder Judicial”.
“Cuando hablamos de recursos hay que pensar que se va a contar con los recursos humanos que ya tiene la Justicia, porque esta reforma prevé el desdoblamiento de juzgados que tienen dos secretarías”, remarcó Garrigós de Rébori.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, fue otro de los 16 expositores que estuvieron presentes por teleconferencia. En su presentación detalló que los 132 nuevos juzgados que se crearían con la reforma judicial demandarían en principio “850 millones de pesos y no 3 mil millones, como circuló". Como propuestas para mejorar el proyecto del gobierno dijo que “está faltando mayor extensión en cuanto a fiscalías y defensorías” y que le gustaría que "la implementación del Código Procesal Penal Federal fuera lo más rápidamente posible". "Dos años me parece mucho".
El cruce más tenso de la jornada tuvo como protagonistas al senador por Neuquén Oscar Parrilli y al abogado constitucionalista Daniel Sabsay. En línea con los argumentos de la bancada macrista, el letrado dijo: "Es lamentable la improvisación con la que se ha hecho el proyecto. Lo que se ha querido es asegurar la impunidad de los que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado".
"Es una reforma que se plantea con una desprolijidad notable. De ninguna manera se ha tenido en cuenta un mayor acceso a la justicia ni la protección de los sectores vulnerables. Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad", dijo Sabsay.
A esto, el neuquino le contestó que escuchó "un alegato político, partidario, expresión de los medios de comunicación". "Nunca lo escuché hablar -- le dijo Parrilli a Sabsay-- de la independencia del Poder Judicial cuando el gobierno anterior pidió más de 30 pedidos de juicios, a muchos por el contenido de las sentencias". En el mismo sentido se expresó el abogado se sumó el senador del monobloque Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck: "No vino a este Senado a analizar la comisión asesora del Presidente, ni la reforma del Consejo de la Magistratura, ni la ampliación de la Corte Suprema. Hablar de impunidad, cuando los jueces y fiscales que llevan las causas de ahora van a seguir siendo los mismos, es peligroso para la democracia".
Por otro lado, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, criticó al gobierno por no haber convocado a los sindicatos para la elaboración de este proyecto. "Esperábamos que el Presidente cumpliera con su palabra. Prometió en la CGT que los trabajadores iban a ser consultados". Además cuestionó el momento en el que se está haciendo: "En ningún parlamento del mundo están discutiendo alguna reforma así. La prioridad es la pandemia". Igualmente, reconoció que una reforma judicial integral "sí es necesaria".
A su turno, el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, José Luis Lassalle, pidió que a la reforma judicial no se le de un "un trámite exprés". Asimismo, remarcó la importancia de "un amplio debate con amplia participación de todos los que participamos del sistema de justicia". "Entendemos que una reforma sustancial de la Justicia federal no puede sino ir de forma simultánea con una reformulación de la integración del Consejo de la Magistratura. Creo que deben ir de la mano", planteó como una de sus principales preocupaciones.
En tanto, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzeta, enfatizó en la necesidad de implementar modificaciones en el Poder Judicial. También propuso una "discusión profunda". "Un cambio, de un paradigma centrado en los privilegios de los jueces a uno centrado en los derechos y en la resolución de la conflictividad social", explicó.
Del debate también participaron los jueces Carlos Balbín, Omar Minatta y Magdalena Laiño Dondiz; del Sindicato de Trabajadores Judiciales, María Ureña Ruso y Juan Manuel Rotta Escalante; Ariel Ariza de la Federación Argentina de la Magistratura; Carlos Rolero del Colegio de Magistrados; los académicos Alejandro Segura y María Gattinoni de Mujía. Los senadores continuarán con el tratamiento de la reforma judicial el próximo martes a las 13.
Informe: Antonio Riccobene
