Los datos son sencillos. En 2016 se remodeló el quinto piso de la sede central de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con un gasto de 706.616 dólares. Es el piso donde estaba la oficina de Gustavo Arribas, el titular de la central de espías, y que sólo consta de tres oficinas, un comedor, una cocina y una sala de reuniones. El costo, más de 1.500 dólares por metro cuadrado, fue considerado sideral por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y obligó a la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, a presentar la denuncia judicial por administración fraudulenta contra la anterior cúpula del organismo. 

En la misma presentación se denunció la construcción de un mástil para una antena que se contrató y se pagó en dólares: 106.855 de la moneda estadounidense. La normativa prohibía contrataciones de trabajos y materiales no importados en moneda extranjera, además de que el valor también está cuestionado y se terminó pagando un adicional de otros 9.000 dólares. Por último, Caamaño denunció una tercera obra de reparaciones y pintura, cuyo expediente se armó cuando los trabajos ya se habían hecho, es decir que se armaron los papeles para adecuarlos a algo que se había pactado sin ninguna transparencia.

La denuncia de Caamaño se presentó en la mañana del miércoles en Comodoro Py y, por sorteo, quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini, uno de los magistrados preferidos del macrismo. El fiscal será Eduardo Taiano, quien desde hace cinco años y medio instruye el expediente por la muerte de Alberto Nisman tratando de instalar como sea la hipótesis -fogoneada por Cambiemos- de que el fallecido fiscal fue asesinado.

La obra más voluminosa es la que se hizo en el piso donde está la dirección de la AFI. Según los que conocen el lugar, la modificación incluyó detalles de muchísimo lujo y un gasto innecesario, pero ese fue el criterio de Arribas y la cúpula de la AFI. Por supuesto que se cubrieron las espaldas a partir de la norma dictada por Mauricio Macri que convirtió la casi totalidad de los gastos en reservados. Una de las primeras medidas de Alberto Fernández fue levantar el secretismo sobre casi todos los gastos reservados y ahora todo lo hecho está siendo revisado por la Sigen. El organismo volcó sus análisis en un informe y de ese informe surgió la denuncia.

La imputación no fue sólo contra la cúpula de la AFI, sino también contra las empresas constructoras. En la reforma del quinto piso, por ejemplo, el pliego fue redactado por la firma adjudicataria y, más aún, sugirió la contratación de la empresa finalmente seleccionada para realizar parte de los trabajos, a pesar de haber cotizado un precio superior. En el texto de la denuncia, Caamaño escribió: "Con la excusa del secretismo impuesto, se consumaron contrataciones en abierta infracción a las reglas y normas de administración de fondos públicos de la agencia, apartándose de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes”.

Uno de los detalles mencionados es que la AFI no sólo pagó los 706.000 dólares, sino que compró buena parte de los materiales que se utilizaron y una parte de lo comprado no aparece en la actualidad.

“De este modo, resulta evidente que no existió un criterio legítimo, de procedencia por urgencia o emergencia, razones de seguridad o defensa nacional, ni de necesidad lógica razonable de contratación, toda vez que la propuesta fue dispuesta por una empresa privada y no por la propia Administración Federal”, resume la titular de la AFI.

La segunda irregularidad denunciada fue la construcción de un mástil que, en el presupuesto, no figuraba para qué era. Recién después, cuando encontró requerimientos de cables en otra compra, la Sigen descubrió que era un mástil para una antena. Lo ilegal es que la contratación fue en dólares -algo prohibido por la normativa-, pese a que los materiales y obviamente la mano de obra fueron nacionales. Caamaño pidió a la Justicia que investigue el hecho de que, además de los 106.000 dólares, la empresa proveedora reclamó otros 9.000 dólares por trabajos que ya figuraban en la contratación original, es decir que la titular de la AFI y la Sigen suponen que se pagó dos veces por lo mismo.

Por último, Caamaño le pidió al juez y al fiscal que investiguen otra contratación directa de 2016: se realizaron obras de pintura y reparaciones en una de las sedes. El monto no fue significativo, 277.586 pesos, pero lo llamativo es que los trabajos se hicieron de que se empezara el expediente correspondiente. Todo indica que la obra se hizo, se pagó, y después armaron papeles para justificar el gasto.

En la denuncia figura como imputado Mauricio Macri, ya que la AFI depende directamente del presidente. Pero el centro de la acusación es la cúpula de la central de espías, junto al exdirector de Administración y Finanzas, Juan José Gallea, el exdirector de Infraestructura y Patrimonio, Javier Peiré, y las empresas que resultaron favorecidas por acuerdos poco transparentes: NH Construcciones S.R.L, Emprendimientos Anchorena S.R.L., Tecnel Electrónica S.R.L. y Mega Soluciones S.R.L.