En enero de este año, a un mes de asumir Gustavo Sáenz como nuevo gobernador, el Programa de Relaciones Interculturales pasó de la órbita de Atención Primaria de la Salud (APS) a la de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.

La novedad sonó cuanto menos contradictoria y fue un indicio de cuál sería el rumbo del Estado en su relación con las comunidades originarias. En ese momento, tanto gremios como referentes de pueblos indígenas manifestaron su preocupación tanto por la posibilidad de la pérdida de puestos de trabajo como del mismo programa, que corría riesgo de desaparecer.

Pero fue la misma titular de Salud Mental, Irma Silva, la que aseguró que no se tocaría a los empleados sino que quedarían bajo su órbita. Y agregó que se seguiría articulando lo necesario para continuar con lo planteado.

Desde el ex Programa, que dependía de la estructura de Salud desde 2012, como una figura en dependencia de la Atención Primaria (APS), dentro de la Subsecretaría de Medicina Social enmarcada en la Secretaría de Servicios de Salud, se capacitaba a los agentes de la salud en conceptos de interculturalidad con el fin de acercar a pacientes de las comunidades originarias con los efectores sanitarios.

A ocho meses de haberse decretado su paso a otra dependencia, las únicas dos personas que integraron históricamente ese espacio siguen sin una estructura que las contenga, una trabajando en centros de salud y otra en la Secretaría de Salud Mental, sin referentes a cargo ni líneas claras a seguir en cuanto a qué rol ocuparán. Y del trabajo que realizaban, sólo se mantiene la Red de Salud Intercultural a través de un grupo de WhatSapp para atender urgencias o consultas.

Para Juan Condorí, referente de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) y delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI) en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dentro de sus procesos de reorganización como pueblos, uno de los temas centrales es el de la salud “vinculada a nuestra preexistencia y saberes ancestrales, es decir, en términos más abarcativos y no desde una sola mirada”.

Recordó que sigue sin reglamentarse la Ley 7856, que crea la Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para pueblos originarios, sancionada en 2014. Pero destacó que es aún más importante que se lleve a la práctica y se concreten sus postulados, “falta que el Estado interprete el pedido de los pueblos originarios en materia salud, y que no son específicos de Salud Mental, sino en todos sus ámbitos como parte de un sujeto de derechos y con nuestras pautas”.

Por esto consideró que no fue acertado el cambio de dependencia, “significa un retroceso y no reconocer nuestros derechos fundamentales demostrando una vez más la negación que tienen hacia los sectores más vulnerables”.

Para Condorí, eso no puede suceder en una provincia como Salta que alberga la mayor diversidad de pueblos indígenas del país, “hoy existen más de 14 pueblos reconocidos y debería estar atendida nuestra salud y presente una política pública entendiendo esa diversidad cultural”.

Como integrante de la Red de Salud Intercultural creada por el Programa específico hace ya varios años, afirmó que aún no hay hoy un referente por parte del Estado pero sí siguen trabajando las dos personas que siempre lo integraron a través del grupo de Whatsapp que “con muchísimas dificultades siguen acompañando mínimamente nuestros procesos”.

Pero subrayó que es a puro pulmón y proviene “de voluntades individuales para resolver problemas puntuales” más que de una política Estatal concreta.

En tanto, el vicepresidente a cargo de la presidencia del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), Héctor Fabián (también del Pueblo Diaguita), afirmó que aún ese programa está sin estructura y sólo se dedican a acompañar en las urgencias “con lo poco que pueden hacer, pero la verdad que hay un vacío enorme y falta de coordinación con ese área de gobierno”. "Hasta aquí sólo presentaron algunos postulados, pero nada concreto", sentenció.

Al igual que Condorí, Fabián sostuvo que la Ley 7856 garantiza ese reconocimiento del respeto por la salud intercultural y que desde el ejecutivo se debería cumplir, a la vez que solicitó que se tomen medidas urgentes para terminar de reglamentarla.

Asimismo, manifestó su preocupación en cuanto a la poca participación que le están dando a una institución como el IPPIS en las decisiones gubernamentales, “y somos quienes representamos a los pueblos indígenas”.

Los dos consultados por este medio reconocieron que las dos trabajadoras del Programa siempre recorrían distintas dependencias sanitarias parar hablar con sus referentes y modificar algunas prácticas en cuanto a la atención, “algo que hoy no se está cumpliendo y es fundamental en el marco de esta pandemia", concluyó Condorí.