Escocia dio luz verde a una consulta popular sobre su soberanía del Reino Unido con la materialización del Brexit como telón de fondo. La votación se produjo el mismo día que la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, firmó la carta en la que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, norma que permite a un Estado miembro de la Unión Europea (UE) comunicar su salida del bloque y obliga a ambas partes a negociar en no más de dos años un acuerdo.

Con 63 diputados, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) sumó seis votos del Partido Verde en Escocia y obtuvo la mayoría necesaria en la Cámara de Holyrood (Edimburgo) para sacar adelante una moción que emplaza a la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, a negociar la convocatoria de un plebiscito, entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019. De este modo, Sturgeon obtuvo un guiño del Parlamento autónomo para impulsar un nuevo referéndum de independencia ante los cambios que se aproximan con la salida del Reino Unido de la UE.  

Sin embargo, la jefa del gobierno británico insistió en los últimos días en que no es momento de promover un nuevo referéndum escocés. Por el contrario, señaló que es necesario “remar unidos” y obtener el mejor resultado posible para el Reino Unido en las negociaciones que se abren con la UE. Su ministro para Escocia, David Mundell, fue más explícito: dijo que Londres no entrará en ninguna negociación hasta que el proceso del Brexit se haya completado. Sturgeon esperará hasta fines de esta semana para dar detalles sobre cuáles serán sus siguientes pasos una vez que haya obtenido el respaldo parlamentario.

Advirtió, además, que si Londres rechaza iniciar un diálogo sobre la convocatoria de un plebiscito regresará a Holyrood luego del receso parlamentario de semana santa y anunciará un nuevo plan para cumplir con la voluntad expresada por la Cámara autónoma. “Los escoceses deben tener derecho a elegir entre el ‘Brexit’ –posiblemente un ‘Brexit’ muy duro– o convertirse en un país independiente, capaz de trazar su propio camino y crear una verdadera asociación entre iguales en estas islas”, sostuvo Sturgeon.

Asimismo, la líder del SNP manifestó su disposición a negociar la fecha en la que se celebraría una nueva consulta, que en su opinión debe producirse una vez que estén claras las condiciones de la separación y los escoceses puedan tomar una decisión informada. Londres y Bruselas deben establecer aspectos como la relación comercial entre el Reino Unido y los 27 socios comunitarios tras la salida británica, y los derechos que tendrán los ciudadanos europeos que viven en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia.

En el debate de ayer, Sturgeon afirmó que espera que Londres acepte que Escocia tiene derecho a decidir su propio futuro, como hizo en 2012, cuando el gobierno central aprobó la convocatoria del referéndum que se celebró en septiembre de 2014, cuando el 55,3 por ciento votó por permanecer en el Reino Unido.

Con todo, la primera ministra británica invocó ayer el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Y dio la señal de inicio a dos años de complejas y tensas negociaciones con sus socios de la UE, proceso que podría concluir con un acuerdo donde se redefinan las relaciones entre el Reino Unido y el bloque, o sin consenso alguno, algo que podría generar múltiples traumas financieros, legales y migratorios, especialmente para Londres.

Entretanto, los presidentes de los grupos políticos de la Eurocámara debatirán hoy la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre la salida, anunció ayer su titular, Antonio Tajani. El legislador conservador David Davis; el ex secretario de Defensa, Liam Fox; y el actual canciller, Boris Johnson, serán los tres elegidos por May para encabezar el equipo negociador británico –los tres “brexiteers”, como los bautizó la prensa local– y en una primera etapa tendrán enfrente al designado de la UE, Michel Barnier. Las negociaciones podrían comenzar en mayo próximo. 

El artículo 50 estipula que todo el proceso de salida de un miembro de la UE debe extenderse por el plazo de dos años; es decir, el Brexit debe ser un hecho para fines de marzo de 2019.