La pandemia puso de relieve una modalidad de trabajo que desde hace años se venía implementado, sin reglamentación alguna, como lo es el teletrabajo. 

Fue ello lo que impulsó la flamante Ley del teletrabajo para regular una modalidad que integra tanto mayores beneficios como perjuicios para trabajadores y empresas. 

Sucede que, en la práctica, el trabajo remoto o home office permitió a miles de trabajadores evitar horas de traslado, estar más tiempo junto a su familia, y obtener cierta flexibilidad para otros compromisos no laborales, mientras que las empresas lograron evitar los costos que representan la infraestructura y los servicios dispuestos para sus trabajadores. 

Paralelamente, a diversas empresas se les dificulta el control en la productividad de sus asalariados, mientras que muchos trabajadores se ven forzados a horarios y demandas que exceden su jornada laboral, la dificultad para agremiarse, y una mayor exposición a la precarización y quita de sus derechos laborales. 

De hecho, recientes encuestas de las consultoras Adecco y Quiddity, evidenciaron que entre el 40 y el 42 por ciento de los teletrabajadores manifestaron estar trabajando más horas que cuando lo hacían presencialmente.

En ese contexto, el oficialismo llevó adelante la Ley de teletrabajo, cuyo solo impulso se explica por la relevancia del tema. De acuerdo a un estudio realizado por la Consultora Isonomía sobre 6043 casos en Argentina, el 83 por ciento de los empleados de pymes y el 87 por ciento de las empresas buscarán mantener o incrementar el teletrabajo en el futuro, mientras que un 69 por ciento de los trabajadores señalaron que el teletrabajo es la herramienta más adecuada para conciliar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. 

En tanto, la Fundación Observatorio PyME, que paradójicamente es subvencionada por grandes corporaciones, sostuvo en base a una encuesta a 1700 empresas de hasta 800 empleados en seis regiones que cubren el país, que el 57 por ciento de las 600.000 Mipymes podría avanzar con el trabajo remoto, aunque solo el 6 por ciento de las mismas podrán hacerlo para la totalidad de sus empleados.

Rubén Seijo, director de la licenciatura en gestión de recursos humanos y relaciones del trabajo de la Universidad de Quimes, planteó a Cash que “le parece favorable el tratamiento de una norma que está del lado del trabajador, aunque también debe contemplar, en algunos puntos, la situación de las pymes”. 

Esto último, señala, se vincula con “el artículo dos, que plantea la reversibilidad de la situación de teletrabajo, lo que podría dificultar a pequeñas empresas de disponer de un lugar adecuado, y del artículo cinco, que da cuenta de una jornada laboral pero no contempla tipos de trabajo que se definen por objetivos, fundamentalmente en el área de gestión, más allá de que es correcto que exista un derecho a la desconexión, tal como lo plantea la ley”.

En la vereda opuesta, las mayores cámaras patronales exhiben sin reparos su inclinación a la flexibilidad laboral. Por caso, el Grupo de los Seis (G6) que integra a los mayores grupos económicos locales manifestó una “profunda preocupación” por el proyecto, señalado que la Ley de Contrato de Trabajo era suficiente para regular esta nueva modalidad de trabajo. 

Una de las cámaras que la compone, la de Comercio y Servicios (CAC), señaló incluso que “se pone el palo en la rueda, se legislaba sobre algo que entre privados venía siendo regulado correctamente”, dando cuenta de su intención de evitar cualquier nueva regulación sobre el derecho laboral. 

Algo más medido fue el comunicado de la Cámara de Empresas de Software y Soluciones Informáticas (Cessi), que planteó que una reglamentación excesiva podría generar que las empresas opten por no utilizar las metodologías del teletrabajo.

La voz de las pymes se encuentra dificultada por el hecho de no tener aún una conducción unificada. En este sentido, la CAME, vinculada al macrismo, apoyó “la intención de crear un marco que regule la práctica del trabajo remoto”, pero sostuvo que el actual proyecto “configura un escenario incierto para esta modalidad laboral” cuestionando ocho puntos de la ley, entre los que se resaltan no solo la modalidad de reversión y de jornada laboral, sino también las que favorecen a empleados que tengan a su cuidado a familiares, el suministro de herramientas de trabajo por parte del empleador, el seguro contra accidentes de trabajo ocasionados en el hogar, y la limitación de los software de vigilancia. 

Sin embargo, dos de las principales asociaciones integrantes de la Mesa de Unidad de Pyme, que apoyan la gestión oficial, dieron el visto bueno a la norma. En el caso de Apyme, solo se objetó, también, el hecho de que se plantearán modalidades horarias sin incluir el sistema de trabajo por objetivos, mientras que desde el ENAC manifestaron su apoyo a una ley que proteja a sus empleados, especialmente en lo referente a la desconexión digital, resaltando la regulación del trabajo remoto con extranjeros, que quita empleo local, y la apertura hacia el consenso entre empresarios y trabajadores según los diferentes convenios colectivos, aun cuando reclamaron una mayor flexibilidad a la implementación de la norma, pensada para ser puesta en practica dentro de tres meses, en empresas de menos de 200 empleados.

La Ley y su debate público tuvo la virtud de volver a exhibir las realidades y posiciones sectoriales en lo que respecta al trabajo y la producción. Los avances de muchos empresarios ante la falta de regulación del teletrabajo, las posiciones irreductibles del capital concentrado en defensa de sus intereses, y la distancia que media entre la política y la realidad concreta de muchas pymes. 

@JBlejmar