La causa del espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia macrista no detiene su curso. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé determinó que sean peritados cuatro celulares de Darío Nieto y un teléfono de Susana Martinengo, ambos exsecretarios de Mauricio Macri, que permanecen imputados en la causa judicial.

No serán los únicos. El juez también indicó que se revisen otros 45 dispositivos electrónicos secuestrados a distintos ex agentes de la AFI. La medida fue ordenada a instancias de los fiscales que llevan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes habían pedido que los teléfonos y computadoras sean sometidos a una  extracción forense de datos con el sistema UFED Premium, que permite recopilar datos en aquellos celulares que poseen claves de acceso.

Además, Augé dispuso nuevos allanamientos en el penal de Ezeiza, y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La medida comenzó a desplegarse este jueves, en busca de documentación relacionada con la vigilancia sobre los llamados de presos con vínculos políticos. 

El ex juez de la causa Federico Villena  ya había dispuesto allanamientos tanto en la cárcel como en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. La orden está vinculada con la sospecha de que durante el gobierno de Cambiemos se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y ex funcionarios detenidos y luego poner esa información a disposición de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. 

El juez indicó que se secuestre “toda documentación” y “cualquier tipo de anotación”, en el formato que fuere, relacionada con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios Roberto Baratta y Carlos Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez (que aún sigue detenido) y Cristobal López, entre otros.

Las medidas, que alcanzaron también al departamento de Asuntos Internos y la Dirección de Análisis del SPF, entre otros lugares, quedaron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Cabe recordar que la causa había pasado a manos del juez Augé, quien ya tenía bajo su mando la investigación del espionaje ilegal a CFK en el Instituto Patria, denuncia radicada por la interventora de la AFI Cristina Caamaño en febrero pasado. Los dos expedientes se fusionaron y quedaron delegados en los fiscales Incardona y Eyherabide. 

Según figura en el expediente, en la causa judicial se investiga "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia" que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales".