En artículo anterior , a propósito de la estafa global del holding Vicentin, la importancia de reconocer el respeto a la legalidad e inviolabilidad de la propiedad privada, expresada en la Constitución Nacional, tiene que alcanzar a la fuerza de trabajo, que es la propiedad privada del trabajador en su figura monetaria. Esto es, en su salario. Significa que éste debe adquirir también rango legal constitucional en igualdad de condiciones que la del capital.
Es perentorio volver sobre esa desigualdad jurídica, política y económica. Empresarios y estudios jurídicos argumentan que la práctica de los juicios laborales por despidos se ha transformado en un procedimiento desvirtuado. Y dice que por la acción de los abogados de parte y de la propia la justicia laboral, en lo que llaman la “industria del juicio” por fallos en favor del trabajador. Esto, finalmente, sostienen redunda en un gasto “oneroso” en la estructura de costos contables de las empresas. Un caballito de batalla de la pasada administración de Macri pero que es esgrimida siempre por las corporaciones empresarias.
Se trata de un argumento interesado y falaz. Interesado porque quienes así hablan lo hacen desde la defensa del capital y de sus propietarios. Falaz porque se refieren despectivamente a la actividad de defensa jurídica del trabajador agredido por las decisiones arbitrarias de quienes administran las empresas. La “supuesta” desvirtuación de aquella práctica judicial está motivada en lo que ellos generan, practican e incentivan: la industria del despido.
La mayoría de las empresas no se ajusta a derecho en materia de despido: no pagan en tiempo y forma. Primero despiden y después ponen en funcionamiento la maquinaria judicial que tienen o contratan para dar un barniz de apego a la legalidad. De esa forma quieren señalar que ésta asiste al capital para no pagar, o cuando esto no es posible en los dictámenes del Juez, recortar todo lo que se pueda el monto que adeudan y estirar los plazos de pago recurriendo a todo tipo de ardides y artimañas (descuentos por pago total inmediato, pago en cuotas).
Esta industria ha tomado otra característica más en muchos grupos económicos: la tercerización del despido. Si es desesperante para el trabajador que lo despidan, le agregan en estos casos una nota denigrante más: la gerencia de personal, los directivos responsables, pagan a terceras personas y/o estudios para que se encarguen de la desagradable tarea de despedir trabajadores sin que den la cara quienes son los verdaderos responsables de esa decisión.
Estos procedimientos de regateos y argucias llevan su tiempo, implican gastos del Estado, también gastos a las empresas, prácticas de extorsión y presiones. Todo eso desparecería o disminuiría enormemente si quienes debieran desempeñarse con decisiones inteligentes y verdadero apego a las prácticas leales y legales dejarán a un lado la obscena industria del despido, reconociendo, sin trámites vergonzosos cuánto, cuándo y cómo pagar lo adeudado y respetando la propiedad privada del trabajador.
Además hay algo que permanece oculto cuando se refieren a esa relación laboral y es que todas las empresas tienen en su contabilidad el cálculo de estos posibles gastos bajo la cuenta de “Previsión para despidos”. De manera que bien podrían evitarlos o rebajarlos considerablemente cumpliendo rápido y en legalidad. En consecuencia, los mencionados altos costos que, dicen, les significa estos juicios tienen su origen en las decisiones de los propios dirigentes empresariales
¿Dónde está la racionalidad de esta práctica perniciosa? ¿Dónde encontrar tal racionalidad? Desde lo económico es completamente no-racional. La explicación reside en que no se trata sólo de costos salariales y judiciales, cuyo objetivo es no pagar o pagar lo menos posible, apelando a cualquier justificativo.
Se trata de algo más importante: disciplinar al trabajador. Éste tiene que sentir quién tiene el poder sobre su empleo y, por tanto, sobre su vida y la de su familia. Tiene que mentalizarse en que no debe arriesgar su puesto de trabajo con pretensiones laborales y legales. Tiene que obedecer mansamente las directivas desde arriba y cumplirlas.
Existe entonces un meta-mensaje de clase pudiente sobre una clase sometida. Y esta pretensión de impunidad, en el marco jurídico argentino actual con todas sus deficiencias, tiene un costo para las empresas que maliciosamente lo echan sobre las espaldas de los trabajadores, los abogados y los jueces.
Cuán bueno sería para la UIA, AEA y SRA retornar a aquellas épocas en que no había derechos sociales, laborales y sindicales. Pero ese pasado no habrá de volver.
De este modo hemos dado, al fin de cuentas, con algo no buscado: el odio de clase. El odio de la clase holgazana para con los trabajadores. Irónico pero real: quienes no trabajan y se apropian de lo ajeno, odian a quienes con su trabajo crean la riqueza pero son expropiados.
Es el mundo al revés de este sistema que no soporta la igualdad, los derechos sociales ni el ejercicio democrático popular de las instituciones. Pero el mundo cambia pese a la oposición de los defensores del statu-quo.
* Fernando Hugo Azcurra es economista.
