La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este jueves la Ley de Elecciones que determina la fecha definitiva -luego de dos postergaciones- de los comicios presidenciales para el 18 de octubre, casi un año después de que quedaran sin efecto los resultados de la votación de 2019 que llevaron al país a una crisis institucional aún no resuelta.
“Promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre como fecha de la elección”, expresó Áñez durante el anuncio de promulgación de la norma, con la que intenta poner fin a una semana de protestas. “Con la norma se garantizan los comicios, por lo que los movilizados ya no tienen pretextos para bloquear las rutas en señal de protesta”, completó Yerko Núñez, ministro de la Presidencia.
La nueva ley cuenta con el apoyo del expresidente Evo Morales pero no con el de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que salió a las calles para manifestar su rechazo a la última postergación de los comicios, que estaban previstos para el 6 de septiembre.
"La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre", publicó Morales en su cuenta de Twitter.
Mientras que, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció esta tarde que tanto el ente matriz como el Pacto de Unidad, rechazan la nueva ley electoral. "Hoy hemos sufrido una traición, esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta", manifestó en conferencia de prensa.
Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un eventual diálogo con la Central Obrera Boliviana para la resolución de los conflictos.
De concretarse en la fecha prevista por la ley, las elecciones se celebrarán un año después de las que se hicieron en 2019 que, según el gobierno de entonces arrojaron un resultado que aseguraba la reelección de Morales, pero que fue puesto en duda por la oposición que denunció fraude.
A pesar de que tales acusaciones nunca se confirmaron, las elecciones quedaron invalidadas y ante la crisis y clima de protestas que se originó, en noviembre Morales fue obligado a renunciar, tras denunciar un golpe de Estado.
Ese mismo mes y en un Senado sin quorum, Áñez se autoproclamó presidenta y ahora, luego de represiones a grupos sociales y repetidas excusas de postergación electoral, intentará llegar al Gobierno por el voto popular.
