El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso el cierre de la delegación de la Fiscalía penal de Apolinario Saravia. La medida fue tomada luego de que suspendieran al auxiliar fiscal Sergio Dantur, quien está siendo investigado en una causa penal y a quien le iniciaron un sumario administrativo al descubrir irregularidades en una auditoría realizada en estos días por el fiscal Pablo Rivero. 

El intendente Marcelo Moisés junto al mandatario de General Pizarro, Fedérico Pérez, destacaron que no se oponen a la investigación ni a las medidas que se tomen con el funcionario judicial, pero están en desacuerdo con el cierre de la institución y piden que se reabra para garantizar el acceso a la justicia a los habitantes de la zona.

Este jueves los jefes comunales se reunieron con el senador Marcelo García y con el diputado Marcelo Paz, representantes del departamento Anta, y por vía telefónica acordaron una audiencia con el procurador para tratar este tema el próximo martes.

Cornejo dispuso que todo el material y los dos empleados que tenía la delegación de Apolinario Saravia sean trasladados a la delegación de Las Lajitas. Éstas tienen dependencia funcional de la Fiscalía Penal de Joaquín Víctor González. El municipio Las Lajitas se encuentra a 37 kilómetros de Apolinario Saravia, mientras que el municipio General Pizarro está a 70 kilómetros. 

"A nosotros nos tomó por sorpresa esto. Me mandaron un e-mail donde me comunicaban la decisión porque el inmueble donde funcionaba la delegación de la Fiscalía es de la Municipalidad. Me comuniqué después con el procurador. Le propuse que haga el reordenamiento sin cerrar la Fiscalía. Este jueves me reuní con el intendente de Pizarro, con el senador García y el diputado Paz, desde este grupo político planteamos que no queremos entorpecer la cuestión administrativa y sumarial que pueda hacerse por las irregularidades pero no estamos de acuerdo con el cierre", sostuvo Moisés a Salta/12. 

El intendente anunció que tendrán una audiencia con Cornejo el martes siguiente y van a pedir la reapertura de la delegación porque de lo contrario se le "quita un medio de acceso a la justicia a la gente". Sugirió que se llame a concurso para designar otro u otra auxiliar fiscal. Respecto al sumario e imputación a Dantur, el mandatario dijo que sabe que se han encontrado irregularidades, afirmó que respeta la independencia de poderes y que no quiere entorpecer la investigación con su planteo que se limita solo a un desacuerdo con el cierre de la fiscalía. "La política no tiene que estar metida en la justicia", expresó. 

En el contexto de pandemia, no hay colectivos, solo remises locales que han subido el precio de los viajes y esto complica la situación para la gente de los municipios de Saravia y Pizarro que deberá trasladarse a la delegación fiscal de Las Lajitas para realizar denuncias o si deben seguir trámites.

Dantur se encuentra suspendido en sus funciones a partir del inicio del sumario administrativo en su contra y cuya instrucción está a cargo de la fiscala de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic. El funcionario ya tenía otros sumarios administrativos abiertos. 

Además ha sido imputado por la Fiscalía de Derechos Humanos y acusado de incumplimiento a los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado (a policías) en concurso real. Esta imputación surgió luego de que se hicieran pericias al celular del comisario Walter Mamaní, acusado junto a otros efectivos por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza

Por otra parte, en una auditoría que se hizo sobre los legajos de investigación que el funcionario tenía a su cargo, se detectó que "numerosas actuaciones referidas a violencia de género y familiar, delitos contra la propiedad y abigeato, entre otros delitos, siguen sin resolución o directamente, no se les dio trámite", informó el Ministerio Público Fiscal. Algunas causas son de 2016. Para el Ministerio Público, las investigaciones eran abiertas de acuerdo a la discrecionalidad de Dantur. 

Cornejo justificó la medida adoptada y argumentó que la tomó con el fin de "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad".

Fue la denuncia que realizó el joven Luciano Diez contra policías de Saravia, la que desencadenó una investigación sobre los efectivos y luego al auxiliar fiscal. La madre del joven, Iris Waidelich, propietaria de la Televisora Anta Visión, dijo que la querella prepara una recusación para el juez de garantías Héctor Sebastián Guzmán por una supuesta amistad con el auxiliar Dantur. 

Además la mujer dijo que el magistrado liberó a uno de los policías imputados sin tener en cuenta el relato del hijo sobre "vejaciones y el maltrato que sufrió en la celda. Franco Vizgarra estaba esa noche como guardiacárcel y yo lo vi subiéndolo a mi hijo al móvil", manifestó Waidelich.  

El juez Guzmán dijo a Salta/12 que no encontró pruebas que acrediten la participación de Vizgarra en los hechos y que solo la madre del denunciante aseguró haberlo visto. Sin embargo sostuvo que pueden surgir evidencias en la medida que se desarrolle la investigación fiscal que lo impliquen y pueda ser imputado de nuevo.

El magistrado también dispuso la prisión preventiva de la policía Julia Díaz y su arresto domiciliario porque es madre de una niña de 5 años. Ordenó la prisión preventiva de Walter Mamaní quien se encuentra detenido en Capital y de Juan Giménez y Sergio Argañaraz, alojados en Joaquín V. González.

También corrió vista a la Fiscalía de Derechos Humanos por la posible comisión del delito respecto de las declaraciones testimoniales de los testigos amigos del denunciante Diez: Ramiro Serrano, Diego Figueroa Orquera y de su madre Waidelich.                                                                                                                                                            Guzmán ordenó que la apertura de los mensajes existentes en el teléfono celular secuestrado a Mamaní se haga en presencia de la fiscalía penal, la defensa técnica y la querella. "Rechacé que se hayan observado conversaciones internas entre el auxiliar fiscal Sergio Dantur y y la Fiscal Yonny Zigarán porque se hizo sin intervención del juez de garantías", dijo. Si bien reconoció que la imputación al auxiliar fiscal se produjo luego de los mensajes que se encontraron en los que intercambiaba información con Mamaní, aseguró que el peritaje debía haberse hecho con un procedimiento correcto.  "Yo no tengo ninguna relación de amistad con Dantur", afirmó.

Otro de los elementos de prueba cuestionados por el juez fueron los cartuchos encontrados en la escena de los hechos ya que dijo que no fueron peritados. "No habría nulidades si se hubiese tenido la conducta correcta en la toma de prueba pero tanto la fiscalía como la defensa pueden apelar", sostuvo. "Trato de garantizar los derechos constitucionales", dijo el juez.

Respecto a los policías imputados y detenidos, el juez manifestó que "la ley de obediencia debida y punto final ya se terminó. Está mal. El código procesal penal se reformuló después de la dictadura para que no tengamos que someternos a inconductas de la policía, no importa la jerarquía", aseveró en base a argumentos que plantean que el grupo de los cinco policías seguía órdenes del comisario Mamaní. 

En Saravia, los familiares de los policías detenidos hacen marchas y cortan la ruta. Guzmán sostuvo que hay un proceso penal con imputación fiscal y no puede someterse "al clamor popular" dejando en libertad a los policías porque le hacen "una marcha" y  "cortan la ruta". 

El intendente Moisés consideró por su parte que la investigación debe avanzar "lo más rápido posible" para recuperar la paz social en el pueblo. "Vinieron los familiares a vernos este jueves cuando estuvimos reunidos con los legisladores pero les dijimos que es una cuestión legal que tiene que resolver el juez", afirmó.

Se le consultó al intendente qué posición tiene respecto a los comisarios que vienen siendo denunciados y cuestionados en la localidad, antes Javier Maita que fue trasladado luego de que una vecina lo denunció por amenazas y abuso de autoridad; Mamaní quien está detenido; y Arnaldo Vera Luna que llegó con denuncias desde Orán en las que compañeras de trabajo lo acusan de acoso laboral y sexual y de malversación de fondos. 

"Es preocupante que no podamos tener un sistema de seguridad que funcione bien y mantenga la paz social que es lo importante", declaró Moisés. Dijo que se reunió con el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y que ya le ha planteado que requieren personal policial idóneo y sin antecedentes.  Acerca de Vera Luna, consideró que la Oficina de Asuntos Internos debe resolver de forma rápida el proceso de investigación.