El fiscal penal Armando Cazón imputó el lunes último al intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón, por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación se basa en la falta de respuestas a pedidos de informes del Concejo Deliberante sobre patrimonio, convenios, ingresos y egresos de fondos al municipio y otras cuestiones vinculadas con el erario público; además de un supuesto abandono a las comunidades, denunciado por algunos caciques de la zona. Nerón se presentó con defensa particular y declaró.
Cazón, que es fiscal en Salvador Mazza, en el departamento San Martín, imputó a Nerón por no haber contestado pedidos de informes recibidos desde diciembre del año pasado (asumió el 10 de ese mes), referidos a recursos disponibles, ingresos por recaudación, coparticipación provincial y otros.
Las denuncias fueron radicadas por el vicepresidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, Samuel Gilobero, y Abel Mendoza, quien lo hizo en representación del Movimiento Indígena integrado por los caciques Mateo Torres (de Santa María), Leopoldo Gaby (Alto la Sierra), Gabriel Lozano (Pozo el Tigre), Marcos Lucas (Misión la Puntana), Laurencia Peres (viuda de Pedro Lozano, que integraba el gabinete municipal), Ignacio Pérez y Juan Frías.
“Nos sorprende la rapidez con que el fiscal Cazón imputó al intendente. Muchas denuncias por instalación de alambrados en nuestro territorio y tala ilegal de madera no fueron tenidas en cuenta por este fiscal mostrando una actitud racista hacia nuestro pueblo”, dice la nota que firmaron 132 caciques que conforman la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, de SVE, en el departamento Rivadavia.
La nota fue elaborada el sábado pasado, cuando en la sesión del Concejo Deliberante se decidió iniciar el juicio político a Nerón. Antes de la sesión extraordinaria, los caciques elevaron la nota al Concejo, solicitando la suspensión del proceso que finalmente se aprobó. También remitieron la nota a Cazón, y al gobernador Gustavo Sáenz.
Al explicar su apoyo a Nerón, estas comunidades recordaron que “sólo han pasado 7 meses de su gestión de los cuales 4 han sido con las limitaciones que nos impuso la pandemia”. Como lo adelantó Salta/12 este fin de semana tras hablar con el coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez, en la nota se aclaró además que “la Municipalidad está instalada en el corazón de nuestro territorio y que (los habitantes indígenas) somos 60 por ciento de la población del municipio, y en el sistema democrático gobiernan las mayorías”.
AIPAS no es lo mismo que HAY PAZ
Para el abogado de Nerón, Antonio Palomino, el decreto de imputación de Cazón “no está bien hecho”. Ello en tanto entendió que el fiscal tomó una denuncia “muy genérica” para pasar directamente a la imputación. De hecho, en el decreto de imputación de Cazón surge un pequeño error de transcripción.
Una de las denuncias es la reducción de beneficiarios a los aportes que se enmarcan en el Abordaje Integral de las Políticas Alimentarias Salta (AIPAS), a los que las comunidades se refieren como tickets. Este beneficio es, de hecho, dispuesto y repartido por la Provincia, que fue la que decidió reducir la cantidad de beneficiarios. Al hacer la denuncia, en lugar de la sigla AIPAS, se transcribió como tickets “HAY PAZ”, y continuó así en el decreto de imputación.
Palomino agregó que muchas de las acusaciones de los concejales corresponden además a situaciones que en realidad son responsabilidad de la provincia o de Nación, como los fondos para los pozos de agua (que son donados), o la falta de entrega de módulos alimentarios (que es de provincia).
Palomino afirmó que si no se pudieron acercar las pruebas documentales que solicitan los concejales es porque al llegar al municipio el 10 de diciembre pasado, desde la gestión anterior a cargo de Moisés Balderrama “no dejaron nada”. Sin embargo, reconoció que tampoco hicieron las denuncias correspondientes. Se excusó diciendo que precisan contar con un mejor inventario de las cosas para poder radicar denuncias.
