El Ejecutivo español y las autoridades regionales acordaron este viernes la aplicación uniforme de varias medidas comunes en todo el país para frenar la expansión del coronavirus, como el cierre de todos los establecimientos de ocio nocturno y prohibir fumar al aire libre, si no hay una distancia interpersonal de dos metros. Los gobernantes regionales ya habían aprobado algunas de estas restricciones en los territorios respectivos, aunque con criterios dispares, para contener los nuevos contagios desde el 21 de junio, cuando terminó el estado de alarma y el Ejecutivo central dejó de ejercer el "mando único" de la epidemia.

Sin embargo, la realidad de cientos de brotes activos, una transmisión del virus que crece día tras día y la insuficiencia de medidas parciales obligó al Ministerio de Sanidad a dar un paso al frente para decretar una estrategia conjunta con el respaldo de todas las administraciones públicas territoriales, aunque con la oposición de los sectores empresariales afectados.

3.000 CASOS NUEVOS DIARIOS

El Ministerio de Sanidad notificó hoy 2.987 contagios registrados en las últimas 24 horas, hasta llegar a 342.813 personas diagnosticadas desde que comenzó la epidemia, lo que coloca a España a la cabeza de los países europeos. El número total de defunciones es de 28.617. Madrid es la región más afectada, con 731 casos el último día, seguida de Aragón (noreste) y el País Vasco (norte), con 481 y 480, respectivamente. España también encabeza la incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (109,3) en países europeos, por delante de Rumania (73) y Bélgica (66,7).

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, remarcó hoy en conferencia de prensa que la presión hospitalaria es "baja", salvo algunos casos concretos, y que la situación epidémica actual "no es comparable" a la de marzo pasado, cuando estalló la epidemia y el Gobierno tuvo que decretar el estado de alarma y el confinamiento de la población. Illa presidió hoy una sesión telemática extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la participación de todos los responsables regionales de Sanidad.

"Hemos decidido adoptar por primera vez en democracia actuaciones coordinadas en materia de salud pública en beneficio de todas las comunidades autónomas (regiones) de España", una figura "ex novo" y cuyo cumplimiento "no es optativo" ni requiere de ratificación judicial, explicó el ministro posteriormente en conferencia de prensa. "Son medidas de automático cumplimiento", subrayó, que no impiden a las regiones tomar otras medidas más severas adicionalmente, si lo consideran oportuno, precisó.

OCIO NOCTURNO, FOCO DE CONTAGIO 

Los focos de contagio se han localizado, sobre todo, en las aglomeraciones de las actividades de ocio nocturno, origen de los brotes epidémicos con mayor número de infecciones asociadas, una media de 31, y también de gran parte de la transmisión comunitaria actual detectada en varias regiones. Así, Sanidad y los responsables regionales consensuaron el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo, una medida que ya se aplicaba total o parcialmente en muchas localidades de España.

Como complemento, en los locales de hostelería, restauración, terrazas y bares/restaurantes de playa se debe garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en tanto en barra como entre mesas, con un máximo de 10 personas por cada una. Todos estos locales deberán cerrar a la 1 de la noche (23.00 GMT) como máximo. Otra de las medidas acordadas es la prohibición de fumar en la calle y en las terrazas de hostelería en toda España, siempre que no se pueda garantizar la distancia de seguridad, una medida que estaba en vigor en Galicia (noroeste) desde ayer y también había anunciado la región de las islas Canarias (Atlántico).

Las patronales de la hostelería y del ocio nocturno anunciaron este viernes que recurrirán ante los tribunales las nuevas restricciones acordadas para bares, restaurantes y discotecas y reclaman ayudas para evitar la quiebra de un sector que se siente maltratado por las autoridades desde el inicio de la epidemia.

OTRAS MEDIDAS

En el caso de las residencia de ancianos, a partir de ahora deberán hacerse pruebas PCR a todos los nuevos ingresos y a los empleados que regresen de un permiso o periodo vacacional y trabajadores que se incorporen de nuevo. En los eventos de grandes concentraciones de personas, se deberá realizar una evaluación del riesgo en todos los casos por parte de la autoridad sanitaria antes de ser autorizados.

En caso de un brote epidémico, serán obligatorios los cribados con pruebas PCR en poblaciones de riesgo, como centros sociosanitarios, así como barrios o bloques de viviendas. Y entre las recomendaciones citadas por Illa figura no reunirse en grupos de más de diez personas y evitarlo, siempre que sea posible, si no conviven juntas, además del uso obligatorio de mascarilla en todos los espacios públicos y el lavado frecuente de manos.