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Cinco meses de la pandemia del coronavirus en el país permiten verificar tres sentencias:
1. Sin los trabajadores en sus puestos el sistema económico no funciona, y por ese motivo el mundo empresario es el más activo militante en combatir la estrategia sanitaria de confinamiento, que es la más efectiva para evitar contagios y, fundamentalmente, miles de muertes.
2. El periodismo de guerra está desencajado en su patológica obsesión con Cristina Fernández de Kirchner y con cualquier cosa que comience con la letra K, sin dar tregua pese a los fulminantes costos humanos en el frente sanitario y sociolaborales en el económico provocados por la covid-19.
3. La cuarentena se ha transformado en un espacio de disputa política donde las fuerzas de derecha (política y mediática) ganaron terreno interpelando a la sociedad desde las emociones (angustia, libertad), minimizando hasta ocultar la racionalidad de los datos de la pandemia y el esfuerzo del gobierno para atender los frentes laboral, social y productivo.
Capital y trabajo
La primera reacción global ante la irrupción del coronavirus fue el confinamiento. Sin tratamiento médico adecuado y sin vacuna, el miedo a lo desconocido y la letalidad del virus derivaron en una cuarentena estricta en la mayoría de los países. Esto implicaba que, en la relación básica de producción, los trabajadores quedaban encerrados en sus casas y el capital (maquinarias, plantas e insumos) paralizado.
El derrumbe de la economía fue inmediato. Caída vertical de la oferta (producción) y de la demanda (consumo). La economía mundial se frenó de golpe como nunca antes había sucedido.
Esa rápida y dramática consecuencia dejó al descubierto que el capital productivo no se reproduce solo y que resulta esencial el trabajador para que el sistema funcione.
La categoría de esencial para trabajadores no corresponde solamente para las tareas indispensables en la instancia de la cuarentena estricta. Esta definición es básica para que pueda girar la rueda del sistema económico. No es una descripción corriente puesto que cuestiona el discurso conservador y va a contramano del pensamiento económico convencional, que privilegia el capital sobre el trabajo.
Es obvio que existen matices en esa relación capital-trabajo y transformaciones en algunas cadenas de generación de valor con la automatización, robotización y aplicación de inteligencia artificial en procesos productivos. Pero la pandemia dejó al descubierto que el trabajador sigue siendo una pieza central para que gire el capital y genere ganancias a sus dueños.
Superado el shock inicial, la maquinaria del capital se lanzó entonces a impugnar la cuarentena como medida de cuidado de la salud. Y pese a que el Estado diseñó en tiempo record una red de auxilio para transitar la emergencia, que implicaba garantizar un ingreso mínimo a la mayoría de los trabajadores, las corporaciones los necesitaban en sus puestos; que se enfermaran sería un daño colateral de la crisis, que podría ser reparado reemplazándolos a medida que cayeran en el campo de batalla del coronavirus.
Espejo
El conflicto por los despidos dispuestos por el grupo Techint cuando el gobierno de Alberto Fernández los prohibió por decreto fue el final del brevísimo apoyo corporativo a la cuarentena, que duró apenas dos semanas.
El comportamiento del holding de la familia Rocca en Italia, donde tiene una de sus plantas en la región de Lombardía, era una referencia para adelantar esa reacción. Desde la cámara empresaria de la provincia de Bérgamo lideró la campaña de apertura y en contra de medidas restrictivas, con un saldo sanitario dramático en contagios y muertes en esa zona.
Del mismo modo que la evolución del virus en Europa ha ofrecido información sustancial para tomar decisiones oportunas, como definir una cuarentena estricta temprana, lo mismo se puede decir respecto a prever la conducta corporativa.
Fue un espejo apropiado cuyas imágenes permitieron encarar una estrategia efectiva para minimizar costos ineludibles de la pandemia.
La administración Fernández enfrentó entonces con firmeza las presiones para una rápida flexibilización y cuando la hubo exigió estrictos protocolos de seguridad sanitaria. Esto pudo cumplirse en el principal nodo industrial del país, en la Provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof.
En los últimos dos meses igual aparecieron fisuras en esa política por la persistente campaña anticuarentena y la debilidad relativa para contrarrestarla.
Ledesma
El caso testigo de la desaprensión hacia los trabajadores es el del Ingenio Ledesma de la familia Blaquier, en Jujuy, gobernada por Gerardo Morales.
La azucarera aplicó la lógica implacable del capital que requiere del trabajador para que el sistema continúe funcionando.
Pese al reclamo del sindicato de azucareros, la empresa argumentó que "todos los puestos de trabajo son esenciales para el adecuado funcionamiento" de la compañía.
El 27 de julio pasado, el sindicato denunció penalmente a directivos de Ledesma y al médico laboral de la empresa por violación del Código Penal (artículo 202 y 203) por responsabilidad en la propagación de una enfermedad.
El "adecuado funcionamiento" que proclama Ledesma ya tiene anotados 11 trabajadores fallecidos y más de 300 infectados por coronavirus. La representación sindical hizo un paro de 24 horas reclamando por las condiciones sanitarias que entrega la empresa, y difundió un comunicado denunciando que "ha quedado evidenciado que se priorizan la producción y sus ganancias a la salud y la vida de nuestra gente".
La familia Blaquier integra la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entidad que reúne a los presidentes de los principales grupos económicos del país y que se ha convertido en líder de la resistencia corporativa a la cuarentena.
Ante el reclamo sindical, Ledesma comunicó que "dispensó" a más de 1000 operarios de 7000 en total de concurrir a las fábricas y labores de campo. Propuso licenciar a aquellos mayores de 62 años "que así lo solicitaran, con un pago no remunerativo del 40 por ciento del salario".
Esos abusos los presentó como beneficios, cuando ese personal está exceptuado de concurrir al lugar de trabajo por ser grupo de riesgo, y si hacen uso de ese derecho la empresa les pagaría menos de la mitad de su salario.
"Siga siga"
El árbitro Francisco Lamolina se destacó en las décadas del '80 y '90 con el gesto clásico de empujar un carro para sugerir que continúe en movimiento. Era el famoso "siga, siga" la jugada aunque hubiese un encontronazo fuerte entre jugadores y mereciera parar la pelota y cobrar un foul.
La estrategia sanitaria y económica para encarar la pandemia se ha convertido en un espacio de disputa política, en el cual la derecha ha impuesto la filosofía Lamolina.
El mundo sindical tiene la oportunidad de actuar como contrapeso a las presiones por la flexibilización de las corporaciones, para cuidar la salud de los trabajadores.
Un reciente informe del colectivo Iniciativa por el Resguardo de los Derechos Humanos covid-19 en CABA advierte que a medida que se fue prolongando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el mismo se fue flexibilizando con un aumento considerable de la movilidad de la población que trajo como consecuencia directa el incremento en la velocidad de propagación del virus.
Destaca que por ahora la única medida que resultó efectiva fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio de parte de la población y sostenido con fuerte presencia del Estado. Indica que las aperturas en forma indiscriminada sólo conducen al colapso del sistema sanitario y a las tristes imágenes que recorrieron el mundo de personas muertas en la calle por no acceder a la atención médica.
Señala que, en ese contexto, la posibilidad de realizar un aislamiento preventivo, es decir la posibilidad de no tener que salir a trabajar, se convertirá en una necesidad para proteger la salud y la vida.
Pero reconoce que para que eso pueda concretarse se requiere, además de la aceptación de la población, un compromiso por parte del Estado para garantizar que dicho aislamiento sea posible para todos y todas desplegando un amplio dispositivo de protección y asistencia a empresas, trabajadores y sectores en situación de mayor vulnerabilidad.
La oposición política y mediática rápidamente entendió que la cuarentena es un terreno apto para desplegar una disputa política con el objetivo de erosionar la base electoral del oficialismo.
El dispositivo discursivo del periodismo de guerra es conocido. Promueve la militancia anticuarentena, aumentan entonces los contagios y muertes, para después concluir que la cuarentena impulsada por el Gobierno no sirvió para frenar el avance de la pandemia.
Protección del empleo
Por razones no explicitadas, el presidente Alberto Fernández no comunica la acción oficial en el frente económico de la pandemia en las conferencias quincenales, compartidas con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Para la población agobiada por la pandemia la cuestión económica no está separada de la sanitaria. Las dos van de la mano en la preocupación cotidiana y, por ese motivo, merecen atención y exposición detallada.
El último informe del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo ofrece interesantes datos sobre el impacto de la red de emergencia diseñada por el Gobierno. Uno de ellos es sobre la evolución del mercado laboral.
Entre febrero y mayo se perdieron 154.000 empleos asalariados formales en el sector privado, una caída del 2,5 por ciento, la mayor desde 2002. Casi toda esa contracción se produjo en marzo (-0,7 por ciento) y abril (-1,7 por ciento), mientras que mayo mostró una virtual estabilización (-0,1 por ciento).
La primera impresión es que son cifras muy negativas. Sin embargo, del mismo modo que se muestran curvas comparativas de contagios y muertes de covid-19, cuando se observa la magnitud de esa caída en relación a la de otros países del continente americano resulta ser moderada.
El Ministerio de Trabajo informó que esa baja del 2,5 por ciento del empleo asalariado formal del sector privado es menor a la registrada por Brasil (-7,5 por ciento), Chile (-12,2), Estados Unidos (-13,8) y Canadá (-19,2 por ciento).
El CEP de Desarrollo Productivo explica que son varias las razones de esas diferencias, entre las que sobresale la institucionalidad del mercado laboral (más regulado que el de esos otros países) y la combinatoria de políticas públicas: prohibición de despidos, acuerdos por suspensiones y la ayuda salarial por vía del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
La reducción de las nóminas fue mayormente porque las empresas no repusieron las bajas por otras razones, como renuncias, jubilaciones o finalización de períodos de prueba.
La posibilidad de tener una vacuna fabricada en el país en un horizonte inmediato despeja el frente sanitario para los próximos meses y facilita transmitir un mensaje épico por contar con una base científica-industrial nacional. Esa misma épica merece un acuerdo de deuda con los acreedores privados en un contexto desfavorable y cuando se observa la efectividad de las medidas de protección de empresas y empleos en la peor crisis económica mundial desde el colapso de la década del '30 del siglo pasado.
