El bloque peronista quiere que el ministro de Seguridad Marcelo Sain concurra al recinto de la Cámara de Diputados para que informe sobre la denuncia que hizo, referida al uso de fondos públicos para defensas privadas de policías e intervención de funcionarios en la investigación de la muerte de Franco Casco. El proyecto es impulsado por la legisladora Matilde Bruera, quien fuera, como defensora general, la primera querellante de la causa. “Esto es de una gravedad importante, viene a confirmar las sospechas que la querella y la fiscalía tuvimos desde un primer momento”, destacó la diputada del PJ, quien espera que la resolución sea aprobada, pese a la mayoría del Frente Progresista.

Como publicó Rosario/12 el pasado 7 de agosto, Sain hizo una denuncia penal ante en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la cual aseguró que un millón de pesos de fondos públicos fueron usados entre 2017 y 2018 para pagar la defensa privada de cinco policías de Asuntos Internos acusados de haber encubierto las torturas, muerte y desaparición de Casco ocurrida en 2014 en la comisaría séptima. El ministro hizo la presentación a través de la abogada Nadia Schujman desde la Agencia de Control Policial. “Los pagos se realizaron con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero, las partidas presupuestarias corresponden al período 2015-2019 cuando el ministro de Seguridad era Maximiliano Pullaro. Se verificó que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados. Estaba destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal investigado en el crimen de Franco Casco, ocurrido en 2014", explicó Schujman.

Los policías de Asuntos Internos involucrados en el encubrimiento de la desaparición y muerte de Casco son el ex jefe de del área, Aníbal Candia, y el ex jefe de Investigaciones de esa unidad, Sergio Pieroni (ambos sobreseídos); Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, imputados ambos como partícipes secundarios; y Carlos Alberto Ríos (también sobreseído).

La Legislatura tomó el tema y Bruera, con el aval de sus compañeros de bancada, mocionó la visita de Sain para que responda preguntas y abunde en detalles sobre la denuncia. “Una de las hipótesis, y que sigue abierta ahora, es la complicidad de Asuntos Internos en el encubrimiento de la desaparición de Franco, hay pruebas sobre el grado de complicidad. Que los abogados que habían defendido a los imputados fueran funcionarios y asuman la defensa implica, además de la disposición de fondos públicos de manera incorrecta, que la sospecha de complicidad que hubo desde el principio se corrobora”, lanzó Bruera.

 

Ante la consulta de si teme que por el hecho de que el ex ministro Maximiliano Pullaro sea el jefe de la bancada radical, el pedido de citación fracase, Bruera respondió: “Espero que no, el jueves se propuso y aprobó una comisión que investigue que ha pasado con los fiscales (Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad) y supongo que hay voluntad política de aclarar estos temas. En esta provincia es muy preocupante, no es la primera vez que aparece un chico flotando en el río con serias sospechas de haber sido desaparecido y asesinado por fuerzas de seguridad”, consideró la diputada, para luego cerrar: “Es obvia la gravedad político institucional de lo denunciado por el ministro, tratándose de una cuestión en la que deben intervenir para su esclarecimiento todos los poderes del Estado, los cuales deben involucrarse en que los hechos no se repitan”.