Por Juan Manuel Boccacci
“Hubo un sinnúmero de irregularidades que demuestran las motivaciones políticas detrás del caso”, dijo Diego Correa, abogado de María de los Angeles Duarte, exministra de Transporte de Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa en diálogo con Página/12.
Duarte se refugió el jueves en la embajada Argentina de Quito. La Cancillería a cargo de Felipe Solá informó que fue alojada en carácter de “huésped por razones humanitarias”. Duarte había sido sentenciada a ocho años de prisión en la causa denominada "Sobornos 2012-2016" en la que también fue condenado Correa y otros seis miembros de su partido político, Revolución Ciudadana (RC). Actualmente cuatro exasambleístas de RC se encuentran asilados en México tras denunciar persecución política en su país.
Proscribir al correísmo
En abril de este año se conocieron las sentencias por el caso "Sobornos 2012-2016". Allí se investigaron actos de corrupción y financiamiento ilegal en la campaña del entonces partido del correísmo, Alianza PAíS. Según la justicia ecuatoriana varias multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, aportaron dinero al correísmo a cambio de obras públicas. Junto con Duarte y el exmandatario también fue condenado el exvicepresidente Jorge Glass, que se encuentra en prisión. Para Fausto Jarrín, abogado que representa a más de 20 miembros de RC, se trata de un claro proceso de lawfare con un objetivo final: la proscripción del correísmo.
Respecto al proceso judicial de la causa Sobornos el abogado de la exministra dijo que el caso está plagado de arbitrariedades. “Lo más impresionante de todo es que acá se habla de irregularidades a la hora de asignar obra pública. Sin embargo no hubo una sola pericia de los contratos públicos. En Ecuador hay un reglamento que establece cómo se hace una contratación. Se deben cumplir una serie de actos administrativos donde intervienen cantidad de funcionarios. Por eso es necesario conocer cuál es el supuesto acto que fue obtenido a través de un soborno e investigar a todos los funcionarios intermedios antes de llegar a la exministra”, sostuvo el abogado Correa, que no es pariente del ex presidente. Además el letrado señaló que la fiscalía excedió los tiempos previstos por la ley para llevar a cabo su investigación. "Presentamos estas y otras tantas denuncias a la Justicia, pero ninguna fue trascendente para los jueces. Vamos a seguir trabajando pero tengo poca fe en las instancia que quedan", indicó el letrado.
Uno de los pilares que sostiene la causa Sobornos es el testimonio de Pamela Martínez, asesora de Rafael Correa cuando era presidente. Martínez se adhirió a la figura de arrepentida y presentó un cuaderno donde había anotado sobornos recibidos por funcionarios de empresas. El abogado de Duarte señaló que la Justicia nunca les dio la posibilidad de interrogarla. Por su parte Jarrín detalló las faltas al debido proceso que hubo al momento de detener a la exasesora. “La retuvieron en Guayaquil durante más de ocho horas sin orden judicial ni poder comunicarse con sus abogados. Luego la trasladaron a Quito en un vehículo policial, escoltada, y recién ahí le dictaron prisión para fines investigativos. Puede durar cómo máximo 24 horas, pero ella permaneció 36. Después le formularon cargos y determinaron la prisión preventiva. En su primera versión de los hechos negó todo. Tres semanas después pidió cambiarla y apareció con el cuaderno”, sostuvo el letrado.
Justicia express
Para ambos abogados no es casualidad que se haya utilizado la figura de cohecho para condenar a los miembros de RC, ya que los inhabilita para participar en política. Además señalaron que todo el proceso si dio en un tiempo record. “Cuando marcamos esto las autoridades se defienden argumentando que están dentro de los términos legales. Y tienen razón. Pero cómo me explicas entonces que algunos recursos de casación demoran diez años. Este es el único caso en que se avanza con tanta celeridad”, sostuvo Correa. Ahora resta que un Tribunal de Casación responda la apelación presentada por los exmiembros del gobierno. De confirmar la sentencia deberán cumplir su condena. Sin embargo Jarrín alertó sobre la parcialidad de la Cámara elegida. “Está conformada por jueces puestos directamente por la autoridad administrativa, sin concurso. Hasta ahora hemos enfrentado tribunales parciales que dictan las resoluciones a la velocidad que requieren los tiempos políticos”, expresó el letrado.
Las elecciones presidenciales están pautadas para el 7 de febrero en Ecuador. Las fuerzas políticas podrán inscribir a sus candidatos a partir del 19 de septiembre. Según Jarrín la Justicia avanza velozmente para llegar a sentencia firme antes de esa fecha. “La intención es que no se admita la candidatura de Rafael Correa. El 19 de septiembre él podría inscribirse y lograr la protección electoral que otorga nuestra legislación. Eso le permitiría venir al país, hacer campaña y ser candidato. Por eso el gobierno quiere que se llegue a una sentencia antes de mediados de septiembre”, sostuvo el letrado.
