Esta vez el conversatorio virtual organizado por el INADI sobre chineo, violencia sexual, violaciones, sobre mujeres y niñas indígenas, racismo y violencia de género estuvo centrado en el Caso Juana, como se conoció al proceso judicial iniciado en 2015, por la violación en banda de criollos a una nena de 12 años de edad, del Pueblo Wichí, de la localidad de Alto La Sierra, en jurisdicción de Santa Victoria Este, en el extremo noreste de la provincia. 

Del conversatorio participaron dos funcionarias del Ministerio Público de la Defensa de Salta que fueron parte de ese proceso judicial acompañando a la víctima y a su familia, la defensora oficial de Violencia Familiar y de Género Andrea Valeria Magadán y la psicóloga Ana Sandoval. Dieron cuenta de la discriminación y el racismo que quedó expuesto en el juicio, realizado en 2019, en el que hubo condenas para los agresores. La histórica referente wichí Octorina Zamora denunció la pobreza extrema y vulnerabilidad en que siguen viviendo la chica y su familia. 

Juana tiene discapacidad mental y motriz. Es analfabeta y cuando fue atacada, el 29 de noviembre de 2015, no hablaba castellano. La madre denunció el hecho y recibió amenazas y presiones para desistir de su reclamo de justicia. La primera parte de la investigación estuvo llena de irregularidades, que motivaron el apartamiento del fiscal Armando Cazón y del juez Héctor Mariscal Astigueta. 

Llamativamente, ninguno de los médicos que la asistió entonces advirtió que la niña estaba embarazada de un abuso sexual anterior. Esta demora impidió que accediera a un aborto, al final cuando la bebe nació por cesárea, era anencefálica y no sobrevivió. El movimiento feminista tuvo una participación pública destacada empujando al Poder Judicial y al Ministerio Público y en gran parte fue gracias a esa actuación que se avanzó en el proceso, que empezó a moverse recién una vez que se cambió de juez y fiscal.  

Zamora participó del conversatorio desde Santa Victoria Este. “Me dio mucho dolor, mucha tristeza, ver a esa familia”, contó de su visita a Alto La Sierra. “Nos olvidamos de su realidad de vivir en una pobreza, en la miseria, en el olvido, podemos dar cátedra sobre ella incluso, pero ella sigue sometida en el olvido, en la miseria, sin una asistencia, que le corresponde, por ser víctima, por ser mujer, por ser indígena, por ser una niña” y también por ser discapacitada, afirmó, antes de advertir que “no basta una pensión, no basta un subsidio" para mejorar la vida de esta familia. 

La referente insistió en que estas charlas se tienen que hacer en las comunidades que habitan los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, donde hay “muchas familias con adolescentes" que "viven en extrema pobreza, en el extremo olvido y, lo que es peor, carentes de información sobre sus propios derechos. Acá no se está compartiendo el conocimiento, acá se les está negando el derecho a saber sobre nuestros derechos como mujeres, como niños”, denunció. Y advirtió que si se sigue hablando de esto sin ir a las comunidades, "la gente va a seguir sometida en la ignorancia de no saber sobre sus derechos". 

Dijo que hay que capacitar "no solamente a las mujeres, sino a los hombres, porque así como hay abusos de la gente de fuera, también hay abusos de los hombres de adentro de las comunidades”. Entre otras cuestiones urgentes, consideró que se debe informar sobre, por ejemplo, cómo hacer una denuncia en la pandemia, con las restricciones de circulación y con el histórico ninguneo de los operadores policiales frente a pobladores indígenas.

Igual que en el primer conversatorio, Zamora rechazó el término "chineo", que sostienen otras referentes indígenas. Insistió en que "es una palabra ofensiva", un rótulo que busca "naturalizar" los abusos sexuales y violaciones, que deben llamarse de esa manera, dijo. 

Perros que solo atacan a mujeres 

En el fallo dictado en febrero de 2019 por el Tribunal de Juicio de Tartagal, se tuvo en cuenta la violencia de género y “el problema racial entre chaqueños y originarios”. 

Los “chaqueños” son los habitantes criollos (que pueden ser incluso indígenas, pero que no se reconocen como tales) del Chaco salteño, una superficie de 64 mil metros cuadrados que comprende los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas y con un alto porcentaje de población indígena.

En el conversatorio Magadán, que asumió en febrero de 2016, contó que primero hubo un proceso para generar confianza en la familia, “darles el mensaje claro de que a ellos se les cree, que la voz del wichí no es una voz que pese menos o que valga menos que la del criollo, y este era uno de los mitos que teníamos que derrumbar”.

Ya sobre el juicio oral, detalló algunos aspectos: los acusados se veían como "una unidad de trabajo, con un jefe, alguien que ejercía cierta autoridad y con reglas no escritas", amigos que se conocían de toda la vida; se evidenció "una discriminación muy marcada, muy severa. Con un desprecio absoluto por el otro", sobre todo en la descripción de la víctima que hacían los imputados y sus familiares. 

“Nunca la describen como una niña, nunca como a una persona digna de cuidado, nunca como una persona enferma, nunca como una persona a la que debían justamente por su condición de niña, enferma, perteneciente a una etnia, recibir un mayor cuidado”, sostuvo.

Contó que un profesional llegó a hablar de raza: “esa raza son sucios, esa raza y seguía una serie de epítetos discriminatorios”. Incluso un testigo criollo que estaba en pareja con una mujer wichí tenía vergüenza de decirlo. 

Y relató un diálogo con una testigo: “llegó a decir, no, las nenas no tienen que andar en la calle, su madre no la cuidó”. Como Alto La Sierra es muy pequeña, donde se conocen todos y hay muy poco tránsito, Magadán preguntó cuál es el riesgo de que una niña ande en la calle en ese lugar: "La puede morder un perro", respondió la mujer, quien añadió que, en cambio "los changos se van y uno sabe donde andan". 

La defensora puso de resalto “estos machismos donde la mujer no puede ocupar un espacio público" porque "la calle no es de la mujer, la calle es del varón". Y destacó el contrasentido de que los perros representan una amenaza para las mujeres pero no para los varones "entonces, ¿los perros están entrenados para morder a mujeres, a niñas? Y los varones ¿no corren el mismo riesgo? No, está ese machismo exacerbado, naturalizado, como que las mujeres corren riesgo en la calle, y lo corren las niñas wichí, las niñas de otras comunidades, las mujeres en general corren riesgo en la calle”. 

Todo lo que está en el monte se caza 

La psicóloga Ana Sandoval usó la palabra "chineo" para referirse a las violaciones cometidas por criollos en perjuicio de mujeres y niñas indígenas. Sostuvo que estas prácticas “han sido muy naturalizadas" y por eso mismo están "invisibilizadas".

"Esta práctica se da en un contexto determinado que es el monte, o el Chaco, como le dicen acá". Los hombres dicen que van al Chaco o al monte cuando van a cazar o a pescar, cuando "hay un grupo de varones generalmente que decide realizar esta práctica en un lugar alejado de los centros urbanos, de los pueblos", un contexto que "de alguna forma favorece este tipo de delitos y favorece también que el hombre se sienta impune al realizarlo".

Señaló que en el Chaco salteño es común que cuando alguien dice que va a ir a pescar o a cazar, se pregunte como un chiste "¿vas a chinear?". Entendió que por medio del chiste una "se transforma en un contenido tolerable y así empieza y así circula en el lazo social, se empieza a naturalizar de esa forma”.

“En el monte, en el Chaco, cuando el hombre llega a pasar el fin de semana, es evidente que siente que todo eso le pertenece, porque llega a un lugar, se instala, generalmente cerca del río Pilcomayo o Bermejo, y empieza la cacería, o la pesca". Y ese hombre o grupo que ha ido al monte tiene la idea de que puede acceder a "todo lo que habita en él". "Se siente con el derecho a acceder a eso y si justo hay mujeres caminando por la zona, probablemente también sean parte de esto, entonces él accede a los peces del río, a los chanchos del monte y a las mujeres, si es que cruzan por la zona”. Si se piensa que los hombres que van al monte hacen uso y abuso del monte, de los animales y los peces, “también pueden hacer uso y abuso de las mujeres”. Y “la mujer indígena entra como un objeto más al que ellos acceden, son estos humanos despojados de su humanidad”, sostuvo. 

Sandoval señaló que cuando se dice que Juana andaba siempre sola a cualquier hora, “es una idea errada", porque para la mujer o la niña que vive en el monte, ese monte "no es un espacio lejano, el monte no es cualquier lugar, el monte es su casa". Invitó a comprender que la persona wichí "no tiene un lugar delimitado, la casa, la propiedad privada, no es un concepto que ellos manejan, normalmente la casa de ellos no es cuatro paredes, la casa de ellos es todo, el monte, todo el Chaco”.

Sandoval destacó que esta violencia "es el resultado de una construcción social que se viene haciendo desde hace años ”. Sostuvo que la Defensoría General de Salta está comprometida a revertir esta situación, y destacó que el Estado debe estar presente en esas comunidades, con espacios de contención, porque la violencia de género y abusos sexuales "no han cesado y creo que han aumentado". 

Del conversatorio también participaron el juez de Paz de Santa Victoria Este, Daniel Nielli, la periodista Elena Corvalán y la diputada nacional Verónica Caliva (FdT). 

El delegado del INADI en Salta del INADI, Gustavo Farquharson, sostuvo que el estado argentino tiene una deuda con las mujeres indígenas y consideró que los abusos sexuales en su perjuicio deben ser doblemente agravados, porque son una práctica de "la dominación de un pueblo sobre otro que se expresa en el cuerpo de las mujeres". Elena Hanono, asesora de la titular del iNADI, destacó que para los integrantes de este organismo es "una necesidad abordar esta temática” para “avanzar en desterrar estas prácticas aberrantes”.

El próximo miércoles habrá otro conversatorio sobre el mismo tema, a partir de las 16.