“Hay una lógica mercantil que arrasa sobre cualquier espacio desprotegido”, señaló Eugenia Báez, referente de la Asamblea Hoco de vecinos autoconvocados en defensa del humedal de Hudson. Los incendios en la islas del Delta del Paraná motorizaron el debate en el Congreso Nacional en torno a la creación de una ley para la protección de los humedales, que ocupan 60 millones de hectáreas en todo el país y tienen la función primordial de ser reservorios de agua, esponjas que, por su capacidad absorbente, mitigan las inundaciones durante las crecientes. La instalación de desarrollos inmobiliarios, industriales y agropecuarios sobre los humedales desde Hudson, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, hasta la localidad de Campana, al norte, modificó la composición del suelo y la función de este tipo de ecosistema particular.

Desde hace unos treinta años gran parte de los humedales de la costa bonaerense se transformaron en barrios privados, náuticos, countries y clubes de campo. En la cuenca baja del Río Luján, que abarca las localidades de Tigre, Campana, Escobar y Pilar, la ocupación de las tierras inundables comenzó alrededor de 1965, con la construcción de la autopista Panamericana, pero se intensificó durante los 90’, a través de inversiones de empresas desarrolladoras como Eidico, JPU o Consultatio, actual propietaria de Nordelta. En la investigación “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján” Patricia Pintos, geógrafa e investigadora de la Universidad de La Plata, registró 66 barrios privados, que ocupan más de 9 mil hectáreas.

“El río no es solo el cauce por donde pasa el agua, sino que está conformado por la planicie de inundación que recibe las crecientes. A ese espacio se le llama humedal. Los barrios privados, para vender la idea de costa, se instalan sobre estas tierras”, explicó Pintos. Como son tierras inundables, las urbanizaciones protegen los terrenos “con terraplenes de hasta 8 metros”, que actúan como murallas para evitar que ingrese el agua. “Las lagunas artificiales son los pozos de los que sacan el material para rellenar las tierras”, afirmó Pintos y aclaró que “en épocas de crecida, estas urbanizaciones funcionan como un tapón. El agua, al no ser absorbida por el humedal, termina en los barrios populares”.

En la costa ribereña de Hudson, donde una gran parte del ecosistema se encuentra protegida por la Ley 26.331, de protección del bosque nativo, hay más de 30 barrios privados, que utilizan el mismo método de ocupación: rellenar y construir. “Tenemos 3 mil hectáreas de humedal en la ribera, de las cuales cerca de 1.200 están ocupadas por emprendimientos privados”, advirtió Báez.

En diciembre del 2019 un decreto del Municipio de Berazategui ordenó “la paralización preventiva de las obras de infraestructura, movimiento de suelo y bombeo” del barrio Elcano, a cargo del fideicomiso Pueblos del Plata, por considerar que la misma genera “una evidente degradación del ecosistema típico de la zona”. Tres meses atrás, la Corte Suprema de Justicia había dictado un fallo a favor de la protección del humedal ocupado por el Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, en Entre Ríos. En Escobar, en 2016 el Municipio ordenó la suspensión de la construcción de cinco urbanizaciones: San Matías, El Cantón, Puertos, El Naudir y El Cazal. Sin embargo actualmente ofrecen lotes y propiedades, actividades de recreación y atractivos para vacacionar. “Es necesaria una Ley para no tener que ir caso por caso. Con un inventario, el Estado puede saber qué características tiene un humedal, el grado de sensibilidad y su posible afectación, y a partir de ahí definir qué actividades residenciales o económicas pueden llevarse a cabo”, explicó Pintos, y advirtió que “se puede convivir con el humedal sin destruirlo”.

En la Cámara de Diputados, la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente lleva adelante el debate en torno a los cinco proyectos de Ley que prevén presupuestos mínimos para la protección de los humedales. En Senadores, donde hay otro proyecto de Ley con estado parlamentario, también se reunieron esta semana para dar inicio al debate. “Identificar y ordenarlos es el primer paso. En cuanto a las urbanizaciones, quienes quieran poblar estas zonas tienen que poder vivir en un área inundable sin transformarla, hay que adaptarse a la llegada del agua”, señaló la especialista.

Las urbanizaciones de Consultatio, empresa financiera e inmobiliaria fundada por Eduardo Constantini en 1981, solo una de las que invierten en el área baja de la cuenca del Río Luján, ocupan casi 4 mil hectáreas, entre las que se encuentra el mega emprendimiento Nordelta. “Lejos de haberse detenido, el proceso de ocupación se ha ido incrementando a lo largo del tiempo”, señaló Pintos y agregó que “cuando venga una nueva época de crecida, la cuenca va a volver a desbordarse. El conflicto sigue latente”.

Jorge Svaton, vecino del partido de Escobar y referente de la agrupación Vecinos del Humedal, explicó que, en lugar de regular la construcción sobre humedales, “hay una obra en proceso de aprobación que apunta a mitigar las inundaciones a través de la rectificación del río Luján”. La obra implica una modificación del cauce del río, relleno de los márgenes y eliminación de canales clandestinos. “Un rio no es un caño que trasmite agua. Es un sistema natural que demoró años en conformarse. Si lo intervenimos rompemos el funcionamiento natural, son obras que a futuro van a implicar más obras”, explicó Svaton.

Según el activista “el manejo de una cuenca hídrica se debe pensar de forma integral, con sus humedales y su población”. En este sentido, desde la agrupación proponen “convivir con la inundabilidad del terreno”, tal como lo hacen otros pobladores de la zona y de las islas. “Existen mecanismos para mitigar el agua y también sistemas de alarma y alerta temprana, para preparar las viviendas y los comercios”, afirmó Svaton, y agregó que “en Escobar todavía hay predios sin construir, que son humedales y estamos a tiempo de protegerlos”.

Obras sin cuarentena

Hace dos meses, la Asamblea Hocó presentó una denuncia colectiva ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y la Municipalidad de Berazategui, para advertir que, durante el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus se llevaron a cabo obras y tareas de desmonte en Puerto Trinidad y Elcano, ambas urbanizaciones ubicadas sobre el humedal, y esta última paralizada por la normativa municipal. “Las inmobiliarias ofrecen a sus clientes un acercamiento a la naturaleza, pero a la vez la destruyen, la modifican drásticamente”, advirtió Báez.

Según la activista, contar con una ley de protección de humedales “es un punto de partida siempre y cuando se haga hincapié en la reglamentación para que no se dé lugar a rezonificaciones que permitan la construcción, porque en ese caso da pie a que continúe la especulación inmobiliaria”. En Hudson, el barrio La Porteña, lindero al country Abril, es uno de los que sufrió las consecuencias de la urbanización sobre el humedal, al quedar expuesto a inundaciones en épocas de lluvia. “También está el factor social, la discriminación hacia los lugareños por parte de la población de los barrios privados”, aclaró Báez.

“En la costa del río, donde antes había playa, ahora hay un murallón de cemento”, señaló Báez y detalló que “esto impide la dinámica hídrica del lugar y las consecuencias se ven en las hectáreas de vegetación muerta a lo largo de toda la costa ribereña”.

Consultado por este diario, fuentes del OPSD, organismo encargado de evaluar los estudios de impacto ambiental obligatorios para la habilitación de las urbanizaciones en la Provincia de Buenos Aires, aseguraron que, tras el reclamo, se realizó una fiscalización ambiental en la zona del barrio Elcano, donde se tomaron una serie de muestras para analizar la afectación del ambiente y corroborar si hubiera algún tipo de irregularidad.

Un peligroso cambio de categoría

En 2008 el área Ciervo de los Pantanos, a 7 kilómetros de la ciudad de Campana, fue declarada Parque Nacional. Lindera al Parque, la zona conocida como El Tajiber, por el nombre del arroyo que la atraviesa, es un gran humedal que funciona como amortiguador del área protegida. En esos terrenos actualmente hay una plantación de álamos de una compañía productora de fósforos, que convive con el humedal. En octubre del 2019, el Consejo Deliberante de Campana aprobó la rezonificación de las 500 hectáreas de El Tajiber, considerado como una zona rural, como área apta para la actividad industrial. “Es la única zona verde que queda en Campana, donde todo el borde fluvial está ocupado por industrias”, relató Svaton y advirtió que “si a una reserva se la rodea de industrias pierde la calidad de ser una reserva natural”.

Si bien los concejales de Campana aprobaron por mayoría la rezonificación, todavía la decisión puede revertirse en caso de que las autoridades provinciales lo considerasen pertinente. “Antes de la barranca que lindera con el humedal están los barrios más vulnerables de Campana, como La Josefa y Otamendi, que son los más cercanos a la zona y los que se verán afectados dependiendo de la peligrosidad de las industrias que se instalen”, explicó el referente de Vecinos del Humedal, y aclaró que “el problema es que con la primera autorización ya se empieza a avanzar. Lo mismo sucede con los barrios privados cuando sin tener aprobados los estudios de impacto ambiental, ya rellenan las tierras y comercializan los terrenos”.

Informe: Lorena Bermejo