La pandemia del coronavirus y su consecuente crisis económica, social y sanitaria, puso en eje lo que ya sabíamos: las desigualdades sociales, la importancia y magnitud de la economía popular (8 millones de personas cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE), y los históricos sectores postergados en la realización y aplicación de políticas públicas: feriantes, cuidado de personas, centros culturales, trabajadorxs de la cultura, entre otros.

En particular, desde el sector de la cultura actualmente estamos reclamando una ley de emergencia por la afectación que atraviesa la actividad desde que los espacios en los que nos desempeñamos se vieron obligados a cerrar las puertas para realizar eventos y espectáculos públicos. La “nueva normalidad” empezó para nosotrxs también y los festivales en formato stream ya empezaron a producirse. La carencia de recursos para la producción cultural, es un mal que afecta no sólo al sector mencionado, sino a la sociedad en su conjunto.

El rol del Estado

En las constituciones tanto nacionales como provinciales, en los pactos internacionales de carácter constitucional, y en las normativas locales vemos la ausencia, ya sea por desconocimiento o por voluntades, de la creación de políticas legislativas y ejecutivas para el sector de la cultura.

El artículo 52 de la Constitución Provincial de Salta establece: “El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y elimina toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural. Promueve las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquellas que afirmen el sentido nacional y latinoamericano. El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma parte del patrimonio cultural de la Provincia y está bajo la guarda del Estado. Las manifestaciones culturales y tradicionales de reconocido arraigo y trascendencia popular son protegidas y promocionadas por el Estado.”

El artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, estipula en su segundo párrafo: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales". 

Por su parte, el nuevo artículo 75 inciso 19, asigna al Congreso la facultad de dictar leyes que den protección a: a) la identidad y pluralidad cultural; b) la libre creación y circulación de las obras.

La lectura de estos artículos nos permite marcar una postura tomada por las constituciones, evadiendo la consagración expresa de los derechos culturales como derechos fundamentales, mediante la elección de fórmulas que los enuncian como contenidos programáticos, o como facultades, pero no deberes, del Estado.

Si comparamos, en relación a los derechos civiles y políticos, la desvalorización es notable. A modo de ejemplo: la propiedad privada es inviolable, según el artículo 17. La Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos (artículo 37).

Al mismo tiempo la Constitución salteña, en su última parte establece un resguardo económico, social y de construcción lingüística a la cultura “tradicional”, esto habilita que se desarrollen en el ámbito artístico con mucha más facilidad, por ejemplo, el folklore. Las políticas culturales de los estados dan cuenta de una práctica homogeneizadora, mientras que productos culturales son protegidos y promocionados, otros son segregados y, en consecuencia, invisibilizados.

Y la Secretaría de Cultura ¿Para qué?

Ya vimos que los derechos culturales desafían intereses económicos, ideológicos y políticos. La secretaria de Cultura de la provincia de Salta, Sabrina Sansone, la semana pasada fue noticia en todos los portales de la provincia. En sus primeros meses de gestión tuvo que enfrentar resistencia desde los sectores más postergados de la cultura. Esta semana se sumaron Graciela Quipildor (“La Quipi”) y el cantante de cumbia David Leiva. La polémica giró alrededor del monto que deben pagar los artistas para usar la Usina Cultural. Al ser consultada, la secretaria Sabrina Sansone mandó a hacer fila a lxs artistas salteños para acceder a ayudas para poder trabajar.

Es evidente que su trayectoria como coach en “Bailando por un Sueño” no le alcanza para hacerse cargo de una cartera que debe gestionar un sector diverso que precisa de un Estado presente para desarrollarse. La pandemia de coronavirus tampoco la hizo dar cuenta del estado de emergencia del sector. Armó numerosas reuniones y promesas que quedaron solamente en eso. 

La red cultural de Salta (La Multicultural) trasciende a los folkloristas más reconocidos. Está compuesta por artistas callejeros, centros culturales, movimiento de danzas, artistas visuales, entre otros, que precisan de una Secretaría de Cultura que los conozca y pueda poner en práctica políticas que potencien al sector y beneficien a la sociedad.

Hacia una ley de emergencia cultural

Desde distintas organizaciones culturales, Multicultural, Recis, Artistas en emergencia, venimos impulsando un camino institucional en busca de una respuesta estatal hacia el sector. Esa respuesta fue la NO respuesta.

Hace unas semanas el diputado provincial Héctor Chibán (UCR) presentó un proyecto de ley de emergencia cultural en el que los principales ejes son:

a) La atención de la situación socioeconómica de las personas laboralmente vinculadas a la industria y al quehacer cultural, sin relación de dependencia con organismos estatales; un ingreso equivalente al salario mínimo vital y móvil e ingreso a la obra social del Instituto Provincial de la Salud.

b) El sostenimiento de los espacios culturales independientes. Subsidio del 50% del alquiler de los inmuebles utilizados con tal fines.

c) El fomento y promoción de las prácticas colectivas, colaborativas y solidarias dentro del sector cultural.

La unidad del sector de la cultura, que a raíz de la pandemia pudimos confluir con cada una de nuestras identidades, en mesas de trabajo, debate y visibilización, llegó para quedarse. Para interpelar el sector público estatal y pensarnos también en post pandemia.