Desde Santa Fe

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, puso en foco el doble rol del penalista santafesino Néstor Oroño, que en el caso de la “mafia cheta” de Rafaela –como la llamó- defiende al abogado Agustín Andereggen, quien se desempeñó como funcionario en el Nodo Rafaela de Seguridad durante la gestión pasada y ahora fue imputado por el fiscal Martín Castellano. En la Legislatura, Oroño asesora al presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Joaquín Gramajo, quien junto a otros cinco senadores del PJ denunció al propio Castellano y pidió que se le inicie una “investigación disciplinaria”. Defiende a un investigado por el fiscal y al mismo tiempo asesora al denunciante de ese fiscal que acusa a su defendido. “Es una vergüenza –advirtió Sain- que el abogado que asesora a la comisión de Acuerdos en procesos disciplinarios contra fiscales”, en paralelo litigue contra esos mismos fiscales en forma privada, como ocurre con Castellano. “Es algo espurio desde el punto de vista institucional y debería ser revisado. Nosotros tenemos el deber de poner luz a estas cosas”, dijo Sain.

La situación se planteó esta semana en dos audiencias en Rafaela, en la que Oroño asistió a Andereggen. En la imputativa del jueves, el fiscal Castellano imputó al ex funcionario por supuestas “amenazas coactivas”, “privación de la libertad”, “violación de domicilio”, “daños simples” y “amenazas calificadas”. Y en la del viernes, que terminó el sábado, el juez José Luis Estévez resolvió la situación procesal de los ocho investigados en la causa: ordenó la prisión preventiva de Andereggen y dos de sus amigos hasta el 18 de noviembre, pero dejó en libertad con restricciones a los cinco restantes, a cuatro de ellos bajo fianza de 700.000 pesos. En ambas audiencias, fue el fiscal contra ocho defensas.

Andereggen operaba como delegado del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en el Nodo Rafaela, una estructura política que ya no existe. En la Legislatura, otro de los denunciantes del fiscal Castellano es el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola. Gramajo, Pirola y Pullaro (hoy jefe del bloque de diputados de la UCR) integran la comisión de Acuerdos que debe dictaminar sobre el proceso al fiscal y en la que tienen mayoría los senadores del PJ que lidera Armando Traferri y los diputados que responden a Miguel Lifschitz.

Sain lo advirtió. “Oroño –escribió en su cuenta en Twitter- es asesor de los senadores” en la Legislatura, donde “tiene el rol de dictaminar en los trámites disciplinarios que le siguen a los fiscales del MPA”. Pero al mismo tiempo, “asumió la defensa del ex funcionario del Ministerio de Seguridad que está preso” en una investigación a “la mafia cheta” de Rafaela, como la definió. “Es una vergüenza que siga litigando contra los y las fiscales el abogado que asesora a la comisión de Acuerdos en los casos de procesos disciplinarios iniciados contra fiscales”.

“Yo sé que muchos compañeras y compañeras y legisladores de la provincia son muy sensibles por mis dichos, pero no los veo tan sensibles a la hora de garantizar la división de poderes y cierto comportamiento que se adecúe al principio republicano”, dijo Sain en un diálogo con José Maggi, por LT8.

“¿Cómo puede ser que un abogado que dictamina en un proceso disciplinario contra fiscales, litiga después contra esos mismos fiscales de manera privada? Es algo espurio desde el punto de vista institucional y debería ser revisado. Nosotros tenemos el deber de poner luz a estas cosas. Este es un gobierno que no es connivente”.

-¿Hablamos del fiscal Castellano y del abogado defensor Oroño? –le planteó Maggi.

-Sí. Me parece que estos casos tienen que ayudar para mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Andereggen y los otros siete imputados en la causa integran “un grupo mafioso de chicos bien de la ciudad de Rafaela”, siguió Sain. “Muchos de ellos tuvieron una participación muy activa en los hechos de violencia que se produjeron en la movilización en enero” en demanda de “seguridad a un gobierno que no tenía ni siquiera un mes de vigencia”.

“Es un grupete mafioso que opera en Rafaela, de chicos bien, de clase alta o de clase media alta. Hijos de profesionales acomodados, pero delincuentes al fin. También los blanquitos que no viven en los barrios populares que cometen delitos son delincuentes. No vamos ser rápidos para calificar a los negritos de delincuentes y cuando personas de las clases media y alta cometen los mismos delitos, generalmente, atenuamos las consideraciones. Nosotros no tenemos esa lectura clasista".

El secretario de Seguridad, Germán Montenegro coincidió: “A la gente ‘acomodada’ le cuesta verse como miembros de organizaciones criminales. Eso es para los plebeyos de las barriadas pobres. El problema que tiene la sociedad, es que no hay crimen organizado sin la participación de aquellos que se sienten ‘gente bien’.”