Desde junio de 2019, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal Federal, que instauró el sistema acusatorio, las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal recaudaron $2.547.206 en donaciones, una tolenada y media de mercadería y 10.331 horas de trabajo comunitario. De esta manera, personas que infringieron la ley cometiendo delitos menores o infracciones, hicieron una reparación.
Las 10.331 horas equivalen a 428 días, un año y dos meses de trabajo por parte de los beneficiarios de esos acuerdos, quienes se comprometieron a diferentes labores, como desmalezamiento, la preparación de alimentos, el cuidado de niños y ancianos, el dictado de clases virtuales y hasta el servicio de remise. Además, se reunió una tonelada y media de mercadería, entre comestibles, artículos de limpieza, estufas y materiales de construcción.
Estos acuerdos fueron posibles en el marco del artículo 22 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que faculta a jueces y fiscales para “resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.
En el caso de la Unidad Fiscal Salta (UFISA), los acuerdos fueron llevados adelante por los fiscales Eduardo José Villalba, Ricardo Toranzos y Francisco Snopek. Los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero, concretaron los acuerdos en las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, respectivamente. Y por la Unidad Fiscal Jujuy llegaron a acuerdos los fiscales Federico Zurueta y Sebastián Jure.
De los 136 acuerdos registrados, 73 pertenecen a la UFISA; 13 se celebraron en las sedes de Orán y Tartagal. Y otros 50 corresponden a la Unidad de Jujuy, entre los que hubo 24 acuerdos en los que se aplicó el criterio de oportunidad, es decir, el Ministerio Público Fiscal prescindió de la persecución penal.
Del total de las donaciones de dinero, $1.608.600 corresponden a acuerdos de suspensión de juicio a prueba obtenidos por el fiscal Snopek; otros $205.196 son de tratativas del fiscal Toranzos; mientras que $78.000 provienen de las sedes de Orán y Tartagal. En cuanto a acuerdos por criterio de oportunidad, el fiscal Zurueta, informó un total de $655.410,57.
Insumos médicos
El Ministerio Público Fiscal informó que dada la situación sanitaria debido a la pandemia, las fiscalías se volcaron a obtener donaciones de insumos médicos, como oxímetros de pulso, pistolas termómetro láser, tensiómetros e incluso la fabricación de portasueros.
Todo lo recaudado, el dinero, las horas de trabajo y la mercadería e insumos, fueron destinados a 75 entidades de bien común, la mayoría de ellas pertenecientes a Salta y Jujuy, aunque también hubo ayudas dirigidas a hospitales de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires.
Entre las entidades beneficiadas hay 32 hospitales y centros de salud de Salta y Juuy. También hay comedores y merenderos, escuelas, asilos, hogares, parroquias y otras instituciones, como el Comité Operativo de Emergencia (COE), unidades carcelarias y municipalidades.
Los aportes son de paquetes de arroz, cajas de leche, bolsas de fideos, fardos de harina, cientos de litros de lavandina y de alcohol en gel, barbijos, bolsones de pañales, potes de pinturas, colchones.
En tanto, las tareas comunitarias son para refacciones específicas, como trabajos de pintura y albañilería. En otro caso un profesional acordó dictar clases de inglés en una escuela en Orán, otro profesor asumió el compromiso de atender las necesidades de estudiantes del nivel secundario, en Jujuy, en materias como matemática y física. Y otro imputado, con habilidades para la herrería, se comprometió a fabricar diez portasueros para el Hospital Papa Francisco, de la ciudad de Salta.
Salta y Jujuy son las dos únicas provincias del país donde se aplica el sistema acusatorio desde el 10 de junio de 2019, rigiéndose por el nuevo Código Procesal Penal Federal. Esta norma impulsa a los fiscales, que tienen el protagonismo, a “observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización”.
El Ministerio Público Fiscal indicó que los acuerdos se lograron en trámites por delitos e infracciones sobre hechos de menor gravedad "en los que la pena de prisión que amenaza la conducta no aparece como la respuesta más adecuada".
La mayoría son por encubrimiento de contrabando, por infracciones a las medidas sanitarias en el marco de la pandemia de la Covid-19, entre otros delitos menores. Los fiscales promueven los acuerdos en el marco de la suspensión de juicio a prueba, de procesos conciliatorios o por aplicación del criterio de oportunidad.
Los fiscales coincidieron en sostener que con el viejo sistema muchos de estos delitos menores no llegaban a tener tratamiento o eran declarados prescriptos. Con el sistema acusatorio "todos estos casos son atendidos con celeridad y su solución trae aparejados beneficios a la comunidad y una salida alternativa válida para los infractores e imputados".
