El colectivo Mario Bosch, que reúne a abogades querellantes en las causas que investigan y juzgan delitos de lesa humanidad reclamó esta tarde que los temas vinculados a los crímenes de la última dictadura cívico militar fueron “descuidados” en el proyecto de reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo y que está revisando el Senado.

“Quisimos hacerle saber a los legisladores que en el proyecto que supuestamente mejora el funcionamiento de la Justicia los temas de lesa humanidad están descuidados”, aclaró el abogado Pablo Llonto, querellante en las causas que repasan secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos en Campo de Mayo y perpetrados bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército durante el terrorismo de Estado.

En representación del colectivo Mario Bosch, expuso ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales que tuvo lugar desde el mediodía de hoy, y llevó la disconformidad de les abogades de lesa humanidad en relación con lo que el proyecto de ley que comenzó a debatirse la semana pasada propone a los expedientes centrados en estos hechos que, calcula el colectivo, son alrededor de mil en todo el país.

“Puntualmente nuestra preocupación radica en dos puntos centrales que propone el proyecto de ley : el traslado de secretarías de Derechos Humanos de algunos juzgados así como la ampliación de su rango de actuación, y por otro, la ausencia de elementos que garanticen la celeridad en los juicios de lesa humanidad”, resumió Llonto en diálogo con este diario.

La primera crítica de la agrupación de letrades apunta a los artículos 56 y 59 del proyecto de ley que el oficialismo espera apuntalar con la media sanción de la Cámara Alta la semana próxima. El primero ordena el traslado de un puñado de secretarías, entre las que figuran las actualmente dedicadas a expedientes vinculados con violaciones a los derechos humanos, a los flamantes juzgados penales de primera instancia creados a partir de la nueva norma. El segundo, amplía su competencia penal a todas las áreas del código, excepto en materia de delitos y faltas electorales.

“Al traslado de las secretarías le decimos que no. Pedimos que permanezcan en donde están hace años, en donde produjeron material, conocimiento, especialización. Se haría un daño grande si se desarma todo ese trabajo. Además, se le quita atención si se les otorgan a los secretarios y secretarias más materias para atender”, explicó el abogado, quien, en tanto, apuntó que “no se explicó” cuál fue el criterio para definir las secretarías a trasladar. Según el proyecto de ley, son las especializadas en Derechos Humanos de 10 ciudades las que viajarían a otro juzgado: Rosario, Santa Fe, La Plata, Morón, Bahía Blanca, San Salvador de Jujuy, Salta, Corrientes, Posadas y Paraná. “Nos preocupa porque está mal”, remarcó.

Para resolverlo, propusieron que la redacción del artículo 59 prohíba el traslado de las secretarías de Derechos Humanos de todos los traslados y mantengan el personal a cargo.

El otro punto que preocupó a les abogades querellantes está vinculado a la celeridad de los juicios de lesa humanidad y la ausencia en todo el articulado del proyecto de ley de mención alguna que apuntale el proceso. En ese sentido, propusieron dos agregados al artículo 70 del proyecto, llamado “reglas de actuación” y que impone ciertos deberes a los jueces y juezas. Por un lado, un inciso que les dé prioridad a esas causas en la fijación de hechas de juicio; por otro, que esos juicios comiencen y se desarrollen antes que otros “debiendo fijarse al menos tres días de audiencia semanales para asegurar que el veredicto y sus fundamentos se dicten en el menor tiempo posible”.

Al respecto, Llonto aclaró que “no es capricho, sino lógica”. “Estamos hablando de hechos que sucedieron hace más de 40 años, cuyos responsables tienen 70, 80, 90 años, sus víctimas y sobrevivientes, 60, 70, 80 años. Tenemos madres querellantes de más de 100 años. Son hechos que merecen atenderse antes que cualquier otro. No podemos seguir atrasándolos más”, concluyó.

El colectivo Mario Bosch reúne a abogades que representan a familiares de víctimas, sobrevivientes y organismos de derechos humanos en el casi millar de causas que investigan los delitos de la última dictadura en todo el territorio. Desde hace varios años insisten en que el proceso de judicialización de las violaciones del terrorismo de Estado está en estado de emergencia debido a la demora en el avance de las causas, la concreción de juicios y la confirmación de condenas en comparación con el avance del tiempo y la impunidad natural que genera: genocidas, familiares y sobrevivientes se mueren esperando que la Justicia actúe.