(Desde Santa Fe) El fiscal federal Walter Rodríguez pidió la indagatoria del comandante mayor de Gendarmería Pedro Ortubia y del ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de Santa Fe Mariano Hoet en una causa que investiga una operación inmobiliaria del ex intendente José Corral con fondos del municipio: el alquiler de la casa del diputado nacional del PRO y vicepresidente de su bloque Alvaro González en el casco histórico de la capital para convertirla en comando de la Gendarmería en Santa Fe durante tres años, entre 2016 y 2019. El acuerdo le significó a González un ingreso superior a los 2 millones de pesos en ese lapso. El fiscal imputó a Ortubia y a Hoet por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” y consideró “acreditado el estado de sospecha” para indagarlos, sin perjuicio del rol que cumplieron otros ex funcionarios en la “contratación directa y en tiempo récord” de la casa de Alvarito. En el trámite, también participaron el ex secretario Legal y Técnico Juan Carrara, el ex fiscal municipal Federico Sedlacek, la ex secretaria de Hacienda Belén Echeverría, su colega de la cartera de Gobierno y el propio Corral, quien firmó los contratos: el primero, en setiembre de 2016 y su prórroga, en 2018.

El fiscal Rodríguez solicitó las indagatorias de Ortubia y Hoet el 20 de julio, pero el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe desde que su jubiló su titular Francisco Miño, plantó el freno. “Téngase presente”, le respondió once días después, el 31 de julio. Rodríguez pidió explicaciones. “El término ‘téngase presente’ no constituye una respuesta válida acerca de la imputación” en la causa y solicitó que fije día y hora de las audiencias para indagar al ex jefe de la Gendarmería en Santa Fe y al ex operador de Corral.

El fiscal federal Walter Rodríguez pidió la indagatoria del comandante mayor de Gendarmería Pedro Ortubia y del ex secretario de Seguridad de la Municipalidad Mariano Hoet

La casa del diputado nacional Alvaro González es conocida, está ubicada en calle Moreno al 2400, en el casco histórico. En diciembre de 2014, el ex presidente Mauricio Macri, la inauguró como sede de la Fundación Pensar. En 2015, fue el bunker del PRO en las campañas del propio Macri y de su ex candidato a gobernador de la provincia, Miguel Torres del Sel. Y en setiembre de 2016, Corral la alquiló para que opere el comando de la Gendarmería, en una contratación directa que es la que investiga el fiscal Rodríguez.

Rosario/12 ya informó que el alquiler de la casa tuvo trámite express, se resolvió en cuatro días hábiles, entre el 15 y el 20 de setiembre de 2016. El 15, fue jueves, cuando una inmobiliaria ofreció la casa y su precio (50.000 mensuales el primer año y 65.000 el segundo). Y el 20, martes, cuando Corral firmó el contrato, junto dos secretarias del gabinete, entre ellas la de Hacienda, Echeverría.

En ese lapso, el fiscal puso bajo la lupa el “aporte individual concreto” que hicieron los dos imputados -que ahora quiere indagar- para que se consumara el negocio. En el caso de Ortubia, es una firma que metió en un papel “sin fecha, ni membrete, ni sello aclaratorio de firma”. Ahí, le dijo a Corral que era “estratégicamente conveniente” alquilar la casa de González. Es “un sitio lindero a una de las vías de acceso principales de la ciudad” y eso permite --lo ilustró-- que los efectivos de Gendarmería que entonces estaban a su mando “puedan plasmar su actividad de manera eficaz” y “contribuir” a las “políticas de seguridad” en Santa Fe.

El fiscal imputó por supuesto “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”

Como el papel de Ortubia no tiene fecha, el fiscal cree que lo incorporaron al expediente el 16 de setiembre, que fue viernes. Porque ese mismo día, aparecieron dos firmas más. La de Hoet, que era subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, que avaló el alquiler de la casa porque tenía las “características necesarias y acordes” para que “los agentes nacionales puedan desarrollar su actividad”. Y llegó a esa conclusión porque había realizado “conjuntamente” con la Gendarmería un “relevamiento de las necesidades” de la fuerza y “un análisis de las ofertas inmobiliarias recibidas”. La tercera firma fue la de Corral, que ese mismo viernes 16, sacó el decreto 164 que aprobó la contratación y el alquiler de la casa de Alvarito, ofrecida al municipio 24 horas antes.

El lunes 19, metieron otras dos firmas. El secretario Legal y Técnico Juan Carrara y el fiscal municipal Federico Sedlacek dictaminaron a favor del negocio. Y desde Buenos Aires, el diputado González como “propietario” de la casa concedió el “poder de administración” a la inmobiliaria y autorizó el alquiler de su casa. El martes, 20, Corral y sus dos secretarias firmaron el contrato.

A juicio del fiscal “se encuentra satisfechos los requisitos del artículo 294 del Código Procesal de la Nación para convocar” al comandante de Gendarmería Pedro Ortubia y al ex secretario de Seguridad Mariano Hoet a “prestar declaración indagatoria, sin perjuicio de la intervención de terceras personas, en orden al delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en calidad de coautores”, dice el dictamen del fiscal Rodríguez. Ahora, solo falta que el juez Bailaque defina el día y hora de las audiencias.