En estos últimos días, escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre las medidas que va a adoptar frente a la cantidad de niños que no han tenido contacto con sus maestros ni con las escuelas por falta de conectividad.

Estas declaraciones han generado muchas preguntas, han profundizado la indignación en ciertos sectores y en otros les ha reafirmado la diferencia entre la gestión porteña con el resto del país y en un sentido, los alivia.

En principio, se entiende que esta pandemia, y la consecuente cuarentena, también ha sorprendido a todas las administraciones que tuvieron que dar respuestas pertinentes para un escenario inimaginable y más aún aquellas que habían asumido recientemente.

No es precisamente el caso en esta ciudad: después de más de 13 años no ha podido garantizar, entre otras cuestiones, no solo la conectividad en las mismas instituciones sino dispositivos tanto para los docentes como para los alumnos.

Por otro lado, ante el inicio de la cuarentena, probablemente, el gobierno porteño se enteró que había niños/alumnos que podrían llegar a tener problemas, también, para acceder al derecho a la alimentación. A partir de esta situación, implementó algunas medidas: primero, distribuyó canastas alimentarias y luego decidió repartir escuetos bolsones cada 15 días con muchos de sus productos en mal estado y vencidos. No es opinión, es dato.

En estos días, “descubre” que más de 5 mil niñxs, pertenecientes a sectores invisibilizados, no habían tenido contacto con sus maestrxs, ni con las escuelas y ni siquiera específica a que nivel educativo pertenecen. ¿Son parte de los 164.273 alumnos del nivel primario o de los 55.100 inscriptos matriculados de niñxs del nivel inicial o del total de estudiantes de la ciudad?

La información dudosa no es un dato menor y confirma una gestión que no se ha caracterizado por visibilizar al otro, cuidarlo y garantizar sus derechos educativos.

El vehemente anuncio que propone “ir a buscar a los chicos a sus casas y llevarlos a las escuelas con todo el protocolo necesario, con el objeto de volver a vincularlos con sus docentes" reduce la problemática a una cuestión de conectividad /movilidad.

Las características del discurso macrista y, en consecuencia, de las medidas que adopta son el traslado de los problemas a quienes padecen de la injusticia y el desplazamiento de sus responsabilidades políticas sobre los asuntos públicos. En esta linea se escucha al Ministerio de Educación cuando reivindica que la “suspensión de clases contribuyó mucho a aumentar la autonomía escolar” y no se sospecha que las instituciones hicieron lo que pudieron (y más) ante la falta de orientaciones específicas para cada nivel. Confunde autonomía escolar con ausencia de políticas.

Ahora -vaya a saber por qué ahora y no desde el inicio- se preocupa por aquellos (¿pocos?) que no pudieron y les van abrir las escuelas para que puedan “revincularse” sin especificar tampoco las condiciones materiales necesarias.

El discurso basado en las dificultades de acceso se encadena con derechos previos no garantizados. Una vez más, funciona una concepción de la política del como sí que tan buenos resultados electorales les ha dado. Este formato engañoso, denominado vuelta a clases, donde irán a buscar “uno por uno”, pretende posicionarlos como un gobierno preocupado por los que “siempre se quedan atrás”, cuando se sabe que la conectividad en sí misma no es un problema. La cuestión es el para qué y el para quiénes. Pareciera que, una vez más, se recubre de marketing o propaganda lo que debería ser una genuina preocupación del Estado en todos sus niveles en el marco de esta pandemia.

* Roxana Perazza es pedagoga, magister en Educación, especialista en Políticas Públicas, docente.