El juez federal Julián Ercolini resolvió levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y de otras 24 personas investigadas en la causa penal por los créditos irregulares otorgados a Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri. En la resolución, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes a la Algodonera Avellaneda, aunque evitó aplicar la misma medida para los bienes de Vicentin SAIC y de los empresarios y funcionarios investigados. 

Las disposiciones responden a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y buscan analizar la "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina".

Según se desprende del expediente, esa operación "permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos", que actualmente "serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos " y a la espera de un concurso preventivo.

Por esta razón, se decidió levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario de González Fraga y de otras 24 personas, entre las que se encuentran el exvicepresidente del Banco Nación Lucas Llach, los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Sergio Vicentin y de un conjunto de empresas vinculadas al Grupo, entre ellas Renova, que ocupa uno de los capítulos claves de la investigación.

"Al levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero, Pollicita tiene la posibilidad de seguir el trayecto de los casi 800 millones de dólares que ingresaron en la cuenta de Vicentin de la sucursal Reconquista, que actuaba en garantía del crédito otorgado", explicó a Página/12 Claudio Lozano, director del Banco Nación. 

La gran incógnita a dilucidar en la causa es hacia dónde llevó Vicentin ese dinero, que era más del doble del crédito que había recibido hasta ese momento, y que llamativamente ingresó entre agosto y diciembre de 2019, cuando el gobierno de Macri ya estaba en retirada. Vicentin, detalló Lozano, "estaba obligado a tomar esos dólares y utilizarlos para cancelar los vencimientos que tenía que asumir. Sin embargo, hubo un pedido de la empresa a las autoridades del Banco Nación para poder transferir esos fondos a cuentas de libre disponibilidad. Lo que le interesa al fiscal es ver qué pasó con ese dinero y a qué cuentas fue".

Además de la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda S.A., Ercolini prohibió la modificación de la composición accionaria de la empresa sin notificarlo a las autoridades correspondientes. No obstante, a pesar del pedido de Pollicita, el magistrado prefirió no inhibir los bienes de Vicentin SAIC, la empresa madre, ni de las 26 personas (directivos de la empresa y funcionarios) que intervinieron en las operaciones investigadas, al considerar que están bajo "control" del juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien interviene en el concurso de acreedores del Grupo.

"La definición de Ercolini pasa por alto las características que tiene el concurso, en donde existe una actitud de fuerte parcialidad en favor de Vicentin", sostuvo Lozano y agregó: "le ha permitido mantenerse en una situacion de absoluta irregularidad, en el sentido de que no ha presentado el balance correspondiente del año 2019 y que le ha dado 40 días hábiles más para presentarlo. El juez hace de cuenta que el concurso funciona de manera normal, cuando en verdad no lo es".

La causa que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita aún se encuentra en una fase inicial. González Fraga y los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Gustavo Nardelli están imputados desde febrero. Sin embargo, aún no fueron citados a prestar declaración indagatoria.

De acuerdo al fiscal Pollicita, existen elementos probatorio para “sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria".

Para ello, los funcionarios "otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba".

"Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga, no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en septiembre de 2019, sino que también fue replicado en noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco", señala Pollicita.