Dos trabajadoras de Algodonera Avellaneda fueron atropelladas en la madrugada del martes, cuando estaban en el acampe de les trabajadores en lucha, que hace 60 días sostienen una huelga por mejoras salariales. Entre 20 y 25 mil pesos oscilan buena parte de los salarios de esta empresa del grupo Vicentin que tiene 430 trabajadores, de las cuales 15 son mujeres. Lucía Calderón y Sonia Zanel fueron embestidas por hombres en moto que habían llegado hasta el parque Industrial de Reconquista con el abogado de la empresa, Héctor Vizcay, quien los arengó para atropellar al grupo de huelguitas. “La agresión más fuerte está siendo contra las mujeres”, asegura la abogada Luciana González, que representa a les trabajadores.

Contra la lucha gremial es la ofensiva del grupo Vicentin que amparado en medios de comunicación afines convoca a reuniones en la Sociedad Rural con las entidades empresarias, el 10 de agosto pasado. Fue un intento de presionar al ministro de Trabajo provincial Roberto Sukerman, aunque la patronal no asiste a las audiencias de conciliación convocadas por la autoridad laboral. En Reconquista y Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, subsisten relaciones feudales con el poder económico, y político. De esa reunión en la Sociedad Rural participó el senador provincial Orfilio Marcon, padrino político del intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin. Los dos son de la Unión Cívica Radical y Scarpin fue uno de los voceros de las manifestaciones con la consigna “todos somos Vicentin”. Cuando Marcón quiso intervenir en ese encuentro, uno de los trabajadores le espetó: “Callate, vos sos empleado de Vicentin”.

Les operarios de la Algodonera desarrollan desde el 13 de junio una lucha en dos frentes: contra la patronal que les paga salarios muy por debajo de la línea de pobreza y contra los dos sindicatos del sector, AOT y SETIA, cuya representación gremial cuestionan. Esta misma semana, el juez Julián Ercolini decidió inhibir los bienes de la Algodonera Avellaneda por los créditos irregulares otorgados al grupo por el Banco Nación. “Nosotras vemos la otra cara de Vicentin, la cara de atrás la vemos los trabajadores, por eso hoy no salimos a trabajar a la empresa. Te da un poco de bronca cuando ves que hay gente que los defienden, porque están saliendo a defender a esas personas que hoy por hoy se sabe lo que son, cómo tienen sus riquezas”, dice Sonia Zanel, delegada sindical electa hace un año, con 20 años de antigüedad como operaria. Con desesperación, porque hace dos meses que no cobran sus magros salarios, en Reconquista se le acercan trabajadores de otras fábricas a decirles que ellos ganan menos, que cómo pueden hacer. “Y yo les digo que se organicen, que luchen, no puede ser que los empresarios se llenen los bolsillos y nosotros tengamos sueldos de hambre”, dice la mujer.

En otras épocas, Sonia lo recuerda bien, había mitad de mujeres en cada turno de la Algodonera. “Antes éramos 30 mujeres por turno, ahora son todos varones, son cuatro turnos. Sí hay mujeres en la administración, pero en la fábrica, muchas fueron renunciando y quedamos sólo las que tenemos más antigüedad. La patronal dice que es porque faltamos mucho, porque quedamos embarazadas, consideran que perdemos mucho tiempo las mujeres”, dice la mujer que atraviesa como delegada una lucha sindical histórica para la zona.

En esa línea se inscribe la huelga de los aceiteros en 1973, esta vez en la fábrica Vicentin y todas las aceiteras de la zona. También entonces la lucha era contra la patronal pero también contra la conducción sindical. En este caso, la mayoría de las y los trabajadores de la Algodonera optaron por ser representados por el Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de General Obligado y San Justo, cuyo secretario general es Dionisio Alfonso. Esa seccional, en 1975, logró ganarle a la conducción nacional del gremio. Oscar Zarza era uno de los líderes de aquella lucha gremial que se emparenta con la actual, fue secuestrado en enero de 1976 dentro de la aceitera y luego liberado, para volver a ser aprehendido ilegalmente en noviembre, cuando pasó dos años presos. Hoy es testigo en la causa por los delitos de lesa humanidad en esa zona con la convicción de que es necesario avanzar en la complicidad empresarial.

Algodonera Avellaneda facturó 2800 millones de pesos durante 2019. Según el ranking de las mil empresas que más venden en Argentina publicado por la revista "Mercado" ocupa el lugar 701. “A razón de 7,6 millones de pesos diarios, 319.634 pesos por hora y 5.327 pesos por minuto. Es la firma del grupo Vicentín que les paga menos de 130 pesos por hora a sus trabajadoras y trabajadores”, calculó el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade. El martes, tras la agresión de la empresa, se formó una Comisión de Mujeres integrada por obreras y compañeras de los obreros en huelga. Esa misma mañana, todes fueron hasta la ruta 11 para manifestar.

“Se armó es una comisión interna de mujeres con las delegadas, las compañeras que trabajan ahí y las compañeras de los trabajadores, con el objetivo de difundir la lucha de los trabajadores, y también la palabra de las compañeras y llamando al movimiento de mujeres y disidencia de la ciudad de Reconquista para que hagan su aporte”, expresó Eliana Ibarra, que forma parte del movimiento de Mujeres de esa ciudad. Reconquista y Avellaneda son dos ciudades separadas por el Arroyo del Rey, un conglomerado de unos 150 mil habitantes, donde Vicentin tiene un gran peso político y económico. La abogada Luciana González considera que el Ministerio Público de la Acusación, la Fiscalía provincial, “protege al grupo Vicentin”. La profesional viene recibiendo amenazas para que se vaya de Reconquista (es oriunda de Rosario) y le dicen que la van a “desaparecer”. Hizo la denuncia ante la Fiscalía pero el fiscal Juan Marichan la desestimó sin tomarle testimonio, ni pedir las direcciones de IP de las que salieron las amenazas, ni consultar con la red social Facebook sobre los perfiles truchos de los que salen esas amenazas. Todo en la misma mañana que las trabajadoras fueron atropelladas. “Somos las mujeres las que levantamos la voz, las que estamos al frente del conflicto. Como suele pasarnos siempre, somos las que tomamos la posta, y cuando los hombres ya no tienen resto, seguimos teniendo resto por nuestras familias, por nuestros hijos. Esto evidentemente molesta. Además de las agresiones contra mí, de archivarme la denuncia sin realizar ninguna medida y lo más grave, haber atropellado a dos mujeres y que las dos personas que intervinieron más allá de la denuncia pública y las presentaciones sigan en estado de libertad, es más que grave con un MPA totalmente ausente, que evidentemente protege al grupo Vicentin”, considera la profesional. Está asustada. “Yo sé que me van a matar”, asegura. Luciana es también abogada de causas por femicidios en el norte santafesino, como las de Rosalía Jara –cuyo femicida fue recientemente condenado—y de Rocío Vera, asesinada tras una brutal violación en patota el 12 de julio pasado en Reconquista.

La policía, en cambio, está atenta a las acciones de las y los trabajadores. “Estamos más custodiados que no sé qué. Te das vuelta y tenés policía y cada paso que damos estamos hostigados por la policía, no nos sentimos libres de expresar lo que estamos reclamando”, cuenta Sonia sobre la despareja lucha que protagonizan.