En la causa en la que el suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán es señalado como líder de una “asociación ilícita” respecto de hechos vinculados con el narcotráfico, se dictó la prisión preventiva de 14 de los primeros 15 imputados. La decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado determinó que seguirán detenidos dos colaboradores de Scapolán, diez policías bonaerenses y dos civiles.

El único procesado que seguirá en libertad es un abogado del fuero penal. En el expediente, donde están bajo sospecha cerca de 50 personas, se investigan delitos que van desde “armado” de causas y extorsión hasta tenencia de estupefacientes para su comercialización.

La resolución fue adoptada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, luego de analizar la acusación elevada por el fiscal federal Federico Domínguez. En el fallo, de 466 páginas, la magistrada fijó un embargo de entre 500 mil y un millón de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados.

La prisión preventiva comprende a los funcionarios judiciales, ex colaboradores de Scapolán, Maximiliano Jarisch y Gustavo Santivale; a los policías bonaerenses Juan Magraner, Roberto Okurzaty, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Oscar Caviglia, Santiago Cabre, Alexis Tabares, Juana Medina y Mario De Armas, y a los civiles Cristian Seu y José Molina.

El único de los procesados que fue beneficiado con la excarcelación fue el abogado penalista Matías Pedersoli, quien el jueves de la semana pasada se presentó detenido para ponerse “a disposición de la justicia”, según dijo su abogado defensor. Se entregó ante el fiscal Domínguez para ser “imputado colaborador” en la causa, en la que están siendo investigados otros dos abogados penalistas.

Entre los numerosos delitos que se investigan figuran los de “asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, cohecho pasivo, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Las prisiones preventivas fueron dispuestas debido a que la jueza entiende que existen “riesgos procesales” y por la “gravedad de los delitos” que se investigan. Se tuvo en cuenta que se trata de personas que han tenido acceso a las investigaciones y que han incurrido en “el fraguado de actuaciones policiales descriptas” en este proceso. Se tuvo en cuenta además “el temor infundido a víctimas y testigos, la utilización de testigos falsos, los testimonios guionados, direccionados o falseados, las maniobras extorsivas desplegadas”.

Sobre el abogado Pedersoli, se supo que en su indagatoria ante la jueza Arroyo Salgado, sostuvo que se desempeñaba como empleado en el estudio del abogado Gustavo Semorile, investigado y con una orden de captura que todavía no se ha podido concretar. “El era colaborador en el estudio y cumplía los pedidos que le hacía su jefe" Semorile, quien sigue prófugo, al igual que otros de los investigados. La aclaración sobre Pedersoli fue hecha por su defensor, Gabriel Iezzi.

En declaraciones a la agencia Télam, el abogado aseguró que Pedersoli "trabajó apenas dos años en el estudio de Semorile, pero la realidad es que sólo hacía lo que le pedía su jefe, no tenía nada que ver con las decisiones que se tomaban". En la causa también está siendo investigado el penalista Francisco García Maañón, quien es familiar de funcionarios judiciales.

Uno de los temas centrales en la causa es la indagatoria del suspendido fiscal Claudio Scapolán, que no pudo realizarse en dos oportunidades, porque el principal imputado pidió postergación. En su acusación, el fiscal Domínguez considera que Scapolán era el jefe de la “asociación ilícita” que extorsionaba tanto a “reales como presuntos narcotraficantes a los que le plantaban droga secuestrada en distintos operativos”, según le dijo a este diario el abogado Damián Odetti, denunciante y querellante en la causa, en representación de uno de los policías “arrepentidos” cuya presentación ante la justicia dio lugar al comienzo de la investigación.

Según el fiscal Domínguez, tanto a los narcotraficantes como a los inocentes a los que le “armaban” causas, se les exigía que abonaran “un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados”, A las personas a las que le inventaban supuestos vínculos con el narcotráfico los tenían “bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales”.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Isidro, que fue desactivada en el año 2016.

Hasta hoy, Scapolan no ha sido detenido porque como fiscal, conserva todavía sus fueros. El 1° de agosto, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, ante una solicitud del procurador general Julio Conte Grand, le otorgó a Scapolan una licencia de 90 días sin goce de sueldo.

Entre otras acusaciones, se le adjudica a la “asociación ilícita” el robo de un cargamento de cocaína en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con al menos 520 kilos de estupefacientes, con un valor cercano a los tres millones de dólares.