Superada en gran parte la fase de la reestructuración de los bonos en manos de acreedores privados, viene una negociación no menos trascendente, por la deuda con el FMI que el gobierno de Mauricio Macri contrajo en una cifra insólita e irresponsable, sin beneficio a la vista para la mayoría de la población.
El gobierno de Alberto Fernández, del mismo espacio político que en 2005 tomó la histórica decisión de liberarse de la tutela del organismo, ahora carga con esa mochila de 44 mil millones de dólares a pagar hasta 2024. El equipo del ministro Martín Guzmán y el que desde Washington comanda Kristalina Georgieva revisarán el acuerdo, sin lo cual la Argentina debería pagar tramos de casi 5 mil millones de dólares en 2021 y 2024 y otros de 18 mil millones en 2022 y 2023. Montos que son insustentables en la actuales finanzas nacionales.
¿Qué exigirán la vicejefa del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, y el encargado para la Argentina, Luis Cubeddu, para replantear los vencimientos? ¿Qué ajustes o reformas reclamarán y a qué plazos? El ministro Guzmán anticipó que será un debate largo. Arrancaría en septiembre y podría terminar, si se avanza, bien entrado 2021.
Para el investigador del Conicet, Flacso y la Universidad Nacional de San Martín, Pablo Nemiña, el escenario “podría ser similar al de 2003, cuando Néstor Kirchner y su ministro de entonces Roberto Lavagna acordaron un refinanciamiento neto de flujo cero, donde ante cada vencimiento de un pago el FMI gira fondos por el mismo monto, esto es, un efecto cero en la deuda y un roll over que sirve para refinanciar y postergar ese pago algunos años más”.
Según Nemiña, estudioso del vínculo entre el organismo de Washington y la Argentina, “empieza otra de las cuatro fases del tema deuda: primero, el arreglo de la deuda privada con ley extranjera, luego la réplica con bonistas cuyos títulos se rigen por legislación local, ahora la renegociación con el Fondo y al final con el Club de París, que suele pedir una especia de ‘garantía’ previa de un acuerdo con el FMI”.
-¿Además de largas, las conversaciones serán ásperas?
-A diferencia de la deuda privada no habrá ninguna quita ni alivio en el capital adeudado. Habrá una renegociación en la que quizá Guzmán prevea cuestiones trascendentes y especule con un eventual regreso de los demócratas a la Casa Blanca. En principio, eso podría facilitar el diálogo con los organismos multilaterales.
-¿Qué reclamará el Fondo en el frente fiscal?
-En todo el mundo hubo grandes intervenciones estatales por la crisis pandémica y ahora habrá que ver cómo se logra margen fiscal. De momento, demostró comprensión de las intervenciones contracíclicas. Sólo dicen “guarden los recibos”. O sea, controlen la accountability, vean bien en qué se gasta, controlen la calidad del gasto. Significa que ahora miran más lo cualitativo que lo cuantitativo. Pero conociendo al FMI obviamente luego puede presionar por otras cosas.
-¿La pandemia le da más margen de negociación a Guzmán en lo fiscal?
-Pareciera que sí porque, además del contexto global, el FMI viene siendo tolerante en garantizar pisos de gasto social, que no resuelven la crisis, pero atenúan el ajuste en los sectores más vulnerables. Además esas políticas incluyen cobrar más impuestos a sectores más beneficiados, sean ricos o empresas que más ganaron como las digitales. El gobierno de Fernández puede aprovechar eso para hacer una agenda progresista de la consolidación fiscal. O sea, plantear que si se va hacia un ajuste (no digo que deba irse, digo si la negociación lleva a esa dirección) existan márgenes para negociar un ajuste de corte progresista.
-¿Pedirán las llamadas “reformas estructurales”?
-En el FMI hubo cambios coyunturales y continuidades estructurales. Estados Unidos sigue teniendo poder de veto y el G7 sigue sobrerrepresentado. Esto marca la línea. Los cambios existieron al nivel de la gerencia, que cambió la dinámica cotidiana y la agenda de los márgenes. Cada director gerente trae sus ideas. En el caso de Georgieva, plantea lo que llama crecimiento “verde, inteligente y justo”. Es decir, buscar en la pospandemia una recuperación y un crecimiento de la economía global poco contaminante, apuntalar la economía digital y hacerla equitativa combatiendo la desigualdad. El propio staff del Fondo lo promueve desde hace unos años en sus documentos, habla de la desigualdad como un factor que afecta el crecimiento y plantea impuestos más progresivos. En el staff y en la gerencia hay elementos alternativos para una consolidación fiscal progresiva, pero se debe tamizar con las fuerzas políticas del directorio.
-Por la pandemia, más de 50 países (11 latinoamericanos) pidieron ayuda al Fondo por unos 18 mil millones de dólares en total, en programas de emergencia no atados a condicionalidades. Pero en otros países de la región, Medio Oriente o África siguen los programas estructurales y provocan la misma protesta popular de siempre, dado que no resuelven casi nada y agravan la deuda
-El rol del FMI en otros países ha sido más significativo en cuanto a la asistencia en emergencia que a la asistencia en stand by o acuerdos de facilidades extendidas. Al Fondo le faltó capacidad para hacer una política de financiación más profunda pues los instrumentos que tiene para prestar fondos no se adaptan a las circunstancias actuales. En los casos de Pakistán, Egipto, Ecuador y otros vimos cambios y continuidades.
-¿Por ejemplo?
-Hubo cambios en la ownership. Es decir, se da más importancia al contexto local y no se impone el mismo ajuste a todos igual. Se reconoce que eso no es viable políticamente y que esos programas se caen y sobreviene un estallido social que afecta la propia legitimidad del FMI. El Fondo es más consciente de eso y adecua y escalona las reformas al contexto local. Respecto del ajuste fiscal, acepta un piso de gasto social para atenuar o acolchonar su impacto. Pero en reformas a más largo plazo, sigue primando el enfoque de reformas promercado y prooferta. El margen del gobierno argentino en la negociación en este contexto con el FMI es discutir el contenido de las reformas dadas las particularidades locales y la secuenciación. El ministro Guzmán sabe esto y por eso quizá augure una negociación larga.
-Cuando la Argentina se desligó del Fondo hace 15 años también lo hicieron el Brasil de Lula Da Silva y otros gobiernos. ¿Hoy el cambio de escenario regional atenta contra una mayor autonomía?
-En nuestra región, como en todo el mundo, hay gran incertidumbre y por cierto ya no hay un proceso integracionista como se suponía con la Unasur. La región está tensionada y hay fracturas. Aunque no hubo una mayor “bolsonarización”, se achicó el margen de maniobra para Argentina, además de que estamos sobreendeudados. Pero podemos aspirar a aprovechar sagazmente los márgenes de maniobra.
-¿Si se avanza con el FMI se buscará un acuerdo standby u otro de facilidades ampliadas?
-A mediano plazo, como conocemos al FMI, aprovechemos que sabemos por dónde irán las restricciones. El reto pasará por maximizar las hendijas para lograr más márgenes de maniobra. Me refiero a la secuenciación, que es muy importante, porque si se puede hacer un acuerdo, sea un stand-by o un Facilidades Extendidas, que permita posponer pagos hasta 2026 ó 2027, despejaría el panorama por varios años (como se consiguió con los acreedores privados) y el Gobierno tendría más aire financiero y fiscal y la posibilidad de escalonar las reformas. Así podría llegar a las elecciones legislativas de 2021 con un panorama mejor, más optimista acaso con la vacuna contra la covid-19 ya aplicándose y con una economía en una senda expansiva, a lo cual se agregaría mayor espacio financiero, fiscal y estructural. Sería el escenario más optimista.