Desde Ciudad de México

El 1 de julio de 2018 se puso en marcha, en palabras de Andres Manuel López Obrador, la cuarta transformación de la vida pública del país. Su primera campaña presidencial en 2006 tuvo un lema que marcaría el horizonte del movimiento obradorista: “Primero los pobres”. En su tercera campaña presidencial, en 2018, la bandera de la lucha contra la corrupción determinaría el resultado: más de 30 millones de votos obradoristas contra el viejo régimen neoliberal. Desde que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, la lucha contra la pobreza y la corrupción han sido los ejes principales en las políticas de su gobierno.

México es un país del G20, la 15ª economía mundial, pero el 57 por ciento de la población vive en situación de pobreza o extrema pobreza. La dispersión de programas sociales universales como forma urgente de redistribución de la riqueza alcanza aproximadamente ya a 25 millones de personas, alrededor del 60 por ciento de las familias del país. Adicionalmente, en mayo de 2020 y en plena pandemia, se reformo el artículo 4º de la Constitución para garantizar salud integral y gratuita a las y los mexicanos que no cuenten con seguridad social.

El modelo neoliberal en México tuvo como resultado niveles de violencia extremos. La “guerra contra el narco” dejó en 12 años más de 260.000 muertos, aproximadamente los mismos que 60 años de guerra en Colombia con multitud de actores armados. La actual estrategia de apoyarse en el ejercito y la nuevo Guardia Nacional, para evitar la vinculación de otras policías, locales y estatales, con el narco, sumado al despliegue de programas sociales y una ley de amnistía para los campesinos, pareciera empezar a dar frutos y en 2019 ya no creció la tasa de homicidios respecto al año anterior.

Pero además de la lucha contra la pobreza, desigualdad y violencia, el gobierno de López Obrador tiene 3 ejes transversales. En primer lugar, la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, los Derechos Humanos. Los avances en el caso Ayotzinapa, la mejor y más triste metáfora de la economía criminal en México, la desaparición de 43 estudiantes normalistas que habían tomado un autobús lleno de heroína que tenía como destino Estados Unidos, en una acción donde participaron en su desaparición el poder político, la policía y cárteles locales, además de probablemente el ejército, es el mejor ejemplo del compromiso de López Obrador con la verdad y la justicia en el ámbito de los DDHH.

Y como tercer eje transversal, y sobre todo, pragmático, las relaciones internacionales, que le permiten a AMLO salirse del Grupo de Lima respetando la soberanía de Venezuela, hacerse una foto con Trump ratificando el tratado de libre comercio entre México, EEUU y Canadá mientras recibe a miles de médicos cubanos para luchar contra la covid-19, o aliarse con Alberto Fernández para distribuir la vacuna de Oxford.

En materia económica, y pensando en la crisis económica y social post pandemia que se viene, el gobierno mexicano ratifica la apuesta inicial de reactivación económica por un modelo keynesiano basado en la construcción de grandes obras de infraestructura que detonen el empleo y aumenten la capacidad de consumo de la clase media y sectores populares. En medio de una pandemia en la que se ha apostado por invertir en contratación de médicos y compra de respiradores (se ha duplicado el número pasando de 5.500 a más de 11.000), hay dos proyectos estrella, la construcción de la refinería de Dos Bocas con el objetivo de recuperar la soberanía energética de un país que importa de Estados Unidos la mitad de la gasolina que consume, y el Tren Maya con el objetivo de vertebrar territorialmente y generar desarrollo económico en el sureste mexicano, más allá de Cancún y la Rivera Maya.

Una pandemia que México atraviesa con la tercera cifra de muertos más alta del mundo tras Estados Unidos y Brasil, pero que si la colocamos en tasa por millón de habitantes no entra en el Top10 mundial, a pesar de sus 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, la Riviera Maya donde llegaban centenares de miles de turistas europeos y mega urbes como la Ciudad de México, pandemia que coloca en el centro de la disputa electoral de cara a 2021.

Y es que en junio de 2021 México vive sus elecciones intermedias con la puesta en juego de miles de cargos locales, las 500 diputaciones federales y sobre todo, 15 de las 32 gobernaciones del país, la mitad del poder territorial. Elecciones donde Morena aspira a ganar al menos 10 y mantener la mayoría legislativa de la mano de la popularidad de López Obrador, que sigue instalado en el 60 por ciento de aprobación.

Durante los próximos meses viviremos por tanto un sprint electoral para después encarar un ya confirmado referéndum revocatorio en 2022, y unas elecciones presidenciales en 2024 en un país donde no existe la reelección, y donde ya suenan algunos nombres para sustituir a López Obrador. Entre ellos el de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, o el del canciller Marcelo Ebrard.