El fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, es un hombre que responde de manera incondicional gobernador Gerardo Morales. Por caso, es uno de los artífices de la persecución judicial y detención irregular de la dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala. Pero eso no es lo único que hay para achacarle a Lello Sánchez ya que acapara varios pedidos de juicio político por falta de idoneidad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, la falta de independencia con el poder político y hasta la persecución a medios de comunicación que no responden al mandamás provincial. El último de estos pedidos de juicio político ingresó hace poco más de una semana. Sin embargo, el colapso sanitario en el que se encuentra la provincia beneficia a Lello Sánchez porque la Legislatura está complentamente inactiva.

El escribano y dirigente de la oposición, Saúl Diego Martín Palmieri, fue quien presentó el último pedido de juicio político a Lello Sánchez, quien lleva poco más de cuatro años al frente de los fiscales jujeños. En el escrito presentado, Palmieri lo acusa por el “incumplimiento de los deberes a su cargo y por incapacidad para el desempeño de sus funciones”; también pide que se lo inhabilite por 30 años para el ejercicio de la función pública.

El texto de Palmieri detalla las acusaciones que se presentaron en reiteradas oportunidades por diputadas, diputados, por miembros de la Asociación de Abogados de Jujuy ante la Oficina Anticorrupción; por magistrados, funcionarios, empleados y empleadas del propio Ministerio Público de la Acusación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Incluso recuerda el hecho donde se lo acusa de “reventar” el despacho de la fiscala Liliana Fernández de Montiel, alegando la necesidad de realizar un traslado de documentación. En ausencia de la fiscala envió un cerrajero, abrió el despacho y removió expedientes sin la autorización de la titular de esas causas.

“El nivel de arrogancia, impunidad, incumplimiento y disfuncionalidad del organismo se ven reflejados en las denuncias que formulan distintos actores sociales, que incluso fueron presentadas en el Superior Tribunal de Justicia, en contra del Titular del Ministerio Publico de la Acusación”, expresa el pedido de juicio, en el que se destaca que no ha habido avances en la investigación de esas denuncias.

Lello Sánchez es,  junto a Morales, el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el expresidente Mauricio Macri, parte fundamental del entramado judicial para perseguir a Milagro Sala. En agosto de 2017, el fiscal general, en sintonía con el gobernador, sostuvo que Sala “debe seguir” en la cárcel y afirmó que la prisión domiciliaria que se le otorgó a la dirigente es producto del “lobby político internacional” puesto en marcha por su defensa.

No termina allí lo abusos que son denunciados contra Lello Sánchez. En un de ellos, hasta el gobierno de Morales tuvo que poner distancia de sus acciones. Es lo que ocurrió en septiembre del año pasado envió a sus fiscales a intimidar a los integrantes del programa “Jujuy Investiga”, a los que les exigieron presentar en el término de 24 horas la nómina de los trabajadores de aquel ciclo que se emite por el Canal 7 local. Sucedió que el programa había expuesto la denuncia que realizaban funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, sobre violencia de género y laboral. La acción generó tal rechazo que el propio gobierno de Jujuy salió a repudiarla por entender que ponía en riesgo la libertad de expresión en la provincia.

En noviembre pasado, Lello Sánchez sumó otra mancha cuando fue apartado del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y declarado persona inepta éticamente para integrar ese organismo y el Consejo de Política Criminal. Lo hicieron porque el fiscal había avanzado con un pedido de juicio político contra el fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, proceso que fue desestimado.

El colapso que está provocando el incremento de contagios de coronavirus en la provincia, cerró la Legislatura jujeña, favoreciendo a Lello Sánchez, uno de los principales operadores judiciales de Morales, porque los pedidos presentado en su contra no logran superar la barrera de la mesa de entradas.

Todas las denuncias

* En 2018, la diputada Débora Juárez (Frente de Todos) pidió el juicio político para Lello Sánchez, luego de denunciar en la Legislatura la violación de su inmunidad parlamentaria por un allanamiento en su domicilio. Acusó al fiscal general de haber iniciado una “persecución” en su contra. La presentación se encuentra en la Comisión de Asuntos Institucionales, a la espera de una resolución.

* En julio de 2019, la abogada Agustina Aramayo, secretaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hizo pública su denuncia por “violencia de género y mobbing laboral” en contra de Lello Sánchez ante el Superior Tribunal de Justicia.

* En septiembre de 2019 se realiza un pedido intervención al Poder Judicial mediante un proyecto presentado al Congreso de la Nación, tras el ingreso de una pedido de Juicio político en contra del Fiscal General del STJ,  Alejandro Ficoseco. En ese marco Jujuy recibe la visita del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina

* Septiembre de 2019: el fiscal Lello Sánchez fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por distintas irregularidades dentro del MPA. Por caso, lo acusaron de intimidar -mediante sus fiscales- al programa “Jujuy Investiga” a presentar la nómina de los trabajadores de aquel ciclo televisivo en el término de 24 horas. Y es que El programa jujeño expuso la realidad de funcionarios que aún hoy padecen la violencia, arbitrariedad e impunidad con la que se maneja el Fiscal General dentro del Ministerio Público de la Acusación.

* En enero de 2020, Lello Sánchez designa a su esposa, Celina Florencia de Tezanos Pintos como secretaria Relatora del Ministerio Público de la Acusación. 

* También en enero se crea el Observatorio de Políticas Públicas con perspectivas de Género que recibe a las víctimas de Lello Sánchez, por denuncias de acoso, violencia de género y mobbing laboral. En dicho Observatorio se dispone la remisión de los expedientes radicados en el Superior Tribunal de Justicia

* Febrero de 2020, el jefe de los fiscales es denunciado penalmente por los diputados Emanuel Martín Palmieri, Débora Juárez Orieta, Alejandra Cejas, Fátima Tissera, Leila Chaher y Mariela Ferreyra, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la Función Pública.

* En junio de 2020, la abogada Ivone Haquim, defensora general del Ministerio Público de Defensa y Servicio Público de Defensa Penal, denuncia Lello Sanchez por la posible comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de personas, por graves irregularidades en expediente de Abuso Sexual.