La jueza federal María Gabriela Marrón aceptó tratar el recurso de habeas corpus preventivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante en la causa que investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro, a favor de Marcelo González, ex cuñado de Facundo y testigo en el expediente. Además, la titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca dispuso una custodia permanente de la Prefectura en el nuevo domicilio de González. Trabajador de la construcción, de quien Facundo era ayudante, González decidió dejar su casa en Mayor Buratovich por temor ante los reiterados hechos de amedrentamiento y hostigamiento por parte de la Bonaerense. Hace dos meses fue sometido a un interrogatorio ilegal donde los policías amenazaron con inculparlo. Por ese hecho, incluso, se inició una causa penal por apremios ilegales. 

"Tengo protección día y noche, para mí y mi familia, en este nuevo domicilio me siento tranquilo", dijo González a PáginaI12., quien dejó su hogar junto a su esposa y sus cinco hijos. 

Desde que tomó estado público la desaparición de Astudillo Castro, la familia de la ex novia de Facundo viene sufriendo diferentes episodios de hostigamiento y amenazas por parte de la Policía Bonaerense. Recientemente, el ex cuñado de Facundo, denunció públicamente que patrulleros oficiales con las luces apagadas lo seguían durante su rutina diaria, que merodean su vivienda y que, en algunas oportunidades, se estacionaron frente a su casa sin ningún motivo.

Frente a estos nuevos actos de amedrentamiento, que generan un profundo temor en Marcelo y su familia, la CPM presentó ante la jueza Marrón un habeas corpus preventivo, en donde reclamó que se tomen medidas urgentes de protección. El organismo recordó que, en casos de violaciones a los derechos humanos, el Estado debe garantizar la seguridad de las víctimas, sus familiares y testigos. Durante una audiencia, la magistrada reconoció la gravedad de los hechos, aceptó tratar el recurso y dispuso que un cuerpo de Prefectura custodie de manera permanente a la familia de la ex novia de Facundo. También interviene la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas.

A pesar de esta medida, por temor a los sucesivos actos intimidatorios, Marcelo ya había decidido dejar su casa en Mayor Buratovich y mudarse a un sitio que no precisó. De hecho, mientras tenía lugar la audiencia judicial, agentes policiales merodeaban nuevamente su vivienda, impidiendo que abandone la ciudad. Estos hechos denunciados recientemente forman parte de una amenaza latente que tiene ya al menos dos meses. El 26 de junio Marcelo fue sometido a un interrogatorio ilegal en la comisaría de Mayor Buratovich . Ese día, sin citación ni notificación de ningún tipo, dos agentes de la policía bonaerense fueron a buscarlo a su casa, requiriendo su presencia en la estación policial. Una vez allí, lo hicieron ingresar a una habitación junto a cuatro policías: tres estaban vestidos de civil y el cuarto, que ocupa el rol de jefe durante el interrogatorio, estaba con el uniforme pero sin la insignia del cargo.

Durante el interrogatorio, los cuatro agentes policiales le pedían que declare que Facundo estaba en Bahía Blanca, que ellos ya sabían que era así, pero que él tenía que “cantar”, mientras amenazaban con golpearlo e inculparlo. Pocas semanas después, cuando fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo, Marcelo González narró este hecho ante el fiscal general adjunto Andrés Heim. Mediante oficio a la fiscalía federal 1 de Bahía --que interviene en la causa--, se inició una investigación penal por apremios ilegales.

En todo este tiempo, los actos de hostigamiento no cesaron. Después de prestar declaración, González comenzó a recibir una serie de llamados intimidatorios y mensajes de teléfonos con identificación bloqueada y números desconocidos que le reiteraban en líneas generales la misma amenaza que recibiera por parte de los agentes de policía durante el interrogatorio ilegal. “Esta amenaza permanece latente, siendo que contrariamente a lo requerido por los agentes policiales, Marcelo declaró los hechos tal y como él los conocía y no como aquellos pretendían falseando la verdad”, sostiene la CPM en el habeas. “Los hechos que se sucedieron resultan ciertamente ilegítimos, por no encontrar fundamento alguno en ninguna causa judicial en trámite que justifique alguna sospecha en su contra, ni mediar ningún motivo que funde la medida, la forma, y las condiciones en que esta especie de 'monitoreo policía constante' se viene llevando a cabo”, cierra la presentación.