Se cumplió un año de la muerte de Vicente Luis Ferrer
, el jubilado de 68 años que sufrió una hemorragia cerebral luego de que su cabeza golpeara contra el piso tras forcejear con un empleado de seguridad del Coto de San Telmo. En diciembre fue elevada a juicio oral la causa contra el Jefe de Operaciones del hipermercado, Ramón Serafín Chávez, acusado de “homicidio preterintencional”, porque la Justicia determinó que “no tuvo intención de matar”.
El episodio, que se conoció públicamente el 22 de agosto de 2019, ocurrió el viernes 16 de ese mes y año, cuando a Ferrer lo interceptaron dos empleados de seguridad porque se llevaba sin pagar una botella de aceite de oliva, queso cremoso y dos chocolatines. La mayoría de los medios dijeron que se trataba de “un robo”, cuando apenas era “un hurto”.
Los expertos señalan que ese delito, si se comete por primera vez y en un supermercado, como era el caso de Ferrer, no recibiría ninguna penalidad. Ferrer no tenía intenciones de “lucrar” con lo que se llevaba, dado que eran alimentos para uso personal. Distinto hubiera sido si se llevaba sin permiso del dueño un objeto que tuviese un importante valor de reventa. Aun en ese caso las penas son bajas, pero Ferrer lo pagó con su vida.
“Me liberaron porque soy inocente, hice mi trabajo, por el que me pagan”, dijo en su momento Gabriel Alejandro de la Rosa, el vigilador de la empresa de seguridad Dogo, que fue sobreseído por el juez de la causa, Darío Bonanno. Quedó demostrado que De la Rosa sólo retuvo a Ferrer tomándolo de un brazo, sin ejercer violencia sobre su persona.
En cambio, Chávez, de 31 años, lo “zamarreó” y lo hizo caer. En la caída el jubilado sufrió “un traumatismo craneoencefálico que le provocó una hemorragia cerebral”, según se estableció en la autopsia. Ferrer intentó ser auxiliado por una joven que pasaba por el lugar, Brasil al 500, esquina Perú. Cuando llegó la ambulancia del SAME ya había fallecido.
El hecho ocurrió cerca de las 19 en el puesto de salida cinco del Coto de San Telmo. El jubilado se llevaba la mercadería “escondida en la panza”, declaró De la Rosa. El que provocó la caída que llevó a Ferrer a la muerte fue Chávez, jefe de Operaciones de Coto. “El lo redujo y me envió a buscar a la policía. Cuando vuelvo, el hombre estaba en el piso, reducido. Nunca quise que pasara lo que pasó”, declaró en la causa el vigilador sobreseído. Dijo que tenía estudios secundarios y que había ingresado a la universidad “pero tuve que trabajar en seguridad porque tengo esposa e hijos”.
En diciembre, la Fiscalía pidió la elevación a juicio oral de la causa. La fiscal Marcela Sánchez acusó a Chávez de “homicidio preterintencional”, que es sancionado con penas de uno a seis años de cárcel, de acuerdo con el grado de violencia empleado. El homicidio es “preterintencional” porque se supone que el empleado de Coto no tuvo intención de matar a Ferrer, pero de todos modos, la manera en que lo “redujo” le provocó la muerte. El jubilado vivía en el barrio y sus vecinos nunca pudieron contactarse con una hija suya, que vive en España y que viajó a la Argentina cuando supo la noticia de la muerte de su padre, que aparentemente vivía solo. Días después del hecho, centenares de vecinos realizaron una protesta frente al supermercado para pedir “justicia por Vicente”.