El Gobierno nacional decidió declarar servicios públicos esenciales a internet, TV por cable, telefonía fija y móvil, y congeló los precios hasta el 31 de diciembre. De esta manera, para acceder a subas deberán pedir autorización al Estado, previa presentación de un esquema de mayores costos justificado. Un mecanismo de regulación del precio similar al que tiene la medicina prepaga, que en este caso será controlado por el Enacom.

En paralelo, además de esa autorización, cuando se reglamente el decreto se precisarán las características técnicas que tendrá los Planes Universales, una especie de tarifa social básica que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria. Lo que buscarán aqui, según fuentes oficiales, es que esos planes universales reemplacen a los prepagos actuales, pero con mejor condiciones de servicio que garanticen prestaciones mínimas. En estos casos, tampoco se restringirán los aumentos ni se congelarán valores en 2021, sino que seguirán el mismo mecanismo de aumentos que los planes convencionales. 

La recuperación del rol de regulador del Estado es clave en el paquete de medidas. Cuando Cambiemos asumió el poder en 2015, derogó con el DNU de creación del Enacom el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, que establecía que las telcos y tics eran servicios esenciales “en competencia”, y que el Estado tenía la facultad de autorizar aumentos. Desde el Gobierno aclararon, precisamente, que lo que se hará no es fijar tarifas ni con audiencias ni con cuadros tarifarios, como si ocurre en las eléctricas, gas y agua.

En el pelotón de los alcanzados por el decreto están todos los prestadores, desde las telcos como Telecom y Telefónica, a los cables como Cablevisión, del Grupo Clarín, con una sola excepción: por cuestiones técnicas, Directv será pasible de no poder aumentar hasta fin de año, pero se verá en qué encuadramiento queda en lo que queda del estudio técnico.

La medida, que se formalizará a través de un decreto, se viene trabajando desde hace unas semanas en diferentes frentes del Ejecutivo y los organismos técnicos. Lo que definió su comunicación fueron los aumentos que las firmas del sector avisaron que aplicarían en septiembre. Cuando ya venían de incrementos en marzo y abril de entre 10 y 25 por ciento, dependiendo de la compañía.

Puesto en los números que se manejan en el Ejecutivo y luego de sondeos de subas que las compañías hicieron ante el Enacom, se calculó que las alzas de marzo y abril, sumadas a las de septiembre, superaban en un 20 por ciento a la inflación acumulada entre diciembre del 2019 y estos últimos días.

Según supo PáginaI12, el tema se conversó el martes último en un almuerzo en Olivos del que fueron parte el presidente Alberto Fernández; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el titular de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner. En la previa, Innovación, que funciona bajo el ala de la Jefatura de Gabinete que conduce Santiago Cafiero, coordinó con el Enacom las cuestiones técnicas.

La normativa que definió Fernández es un pedido histórico de las entidades de defensa del consumidor, que tienen al tope de sus reclamos las subas en estos servicios. La tensión que existía con las prestaciones y tarifas de estas compañías se asimila al clima caliente que se gestó en 2011, cuando las subas repetidas y por sobre la inflación de las compañías de medicina prepaga terminaron con una regulación aún superior. Una ley que, en el fondo, le otorgó al Estado las mismas herramientas que el decreto a publicarse para autorizar aumentos en base a esquemas de mayores costos. 

En su cuenta de Twitter, el Presidente comentó las medidas y aclaró que “de esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”.

Agregó que “ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”.

Este punto es, precisamente, una de las cuestiones que se charlaron en las reuniones de Gabinete económico y en la quinta presidencial. Que en un contexto en el que la pandemia obliga a buena parte de los argentinos a trabajar desde sus hogares y cuando en muchos casos los ingresos de los trabajadores cayeron en la pandemia, no podían seguir dándose subas de precios en servicios esenciales en el confinamiento. Más aún cuando desde el inicio de la cuarentena la facturación de esas firmas no resintió sino se vio incrementada por mayores necesidades técnicas del home office.