La locura acecha con el coronavirus cuando una parte de la población está sensibilizada porque permanece encerrada y otra parte está desequilibrada porque sigue su vida expuesta a la pandemia, más una multitud de exaltados que se desahogan en un ritual de contagio violento como el del lunes, que después trata de capitalizar la oposición. Pero si uno se asoma desde ese desorden, ve lo que cuenta: "Murió María Laura, neonatóloga del Hospital Rivadavia, y se murió el enfermero José Aguirre, también del Hospital Rivadavia en CABA y se murió Martín Arjona enfermero del Hospital Posadas en el AMBA y del Hospital Italiano de CABA se murió el enfermero Grover Licona y el enfermero Julio Gutiérrez del Hospital Durand, de CABA y se murió el enfermero Armando Lastra del Hospital de Lanús y se murió la enfermera Silvia Chiappa del Hospital Eva Perón de San Martín y se murió el Jefe de Enfermería del Hospital Evita de Lanús y se murió el doctor Miguel Duré Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando, de Resistencia Chaco, falleció Monica Albornoz, enfermera del hospital de Pacheco...” copiado del FB de un médico que lo levantó del muro de una médica.

El de los trabajadores de la salud es ese universo incrustado por deficientes que dicen cosas como: “la cantidad de muertos en esta época es la misma que en los años anteriores”. La noticia es del lunes pero dejó flotando un virus lunático que enferma porque resulta imposible encontrarle un sentido razonable. Alejandro Dolina dixit: “una persona razonable es aquella que prefiere pasar por tonta delante de un tonto que grita porque se cree razonable”.

La tensión entre oficialismo y oposición no se puede reducir a ese escenario que dejó el lunes. Un país necesita que ambos sean razonables, cada quien con su librito, pero sin locura y, en lo posible, sin dobleces. Para qué hablar de las corporaciones mediáticas que son las que dan volumen a esa bola loca.

Dionisio Scarpin, intendente de Avellaneda, donde está Vicentin, fue al acto del 17 contra la cuarentena, donde saludó sin barbijo a numerosos vecinos. Y el jueves anunció que estaba contagiado. Cuando el gobierno quiso intervenir a la megaempresa para rescatarla, el intendente organizó una marcha para evitarlo. Ahora Vicentin está por desaparecer y el intendente pidió al Estado que la rescate.

Scarpin marchó contra la cuarentena y se infectó, marchó contra el gobierno por Vicentin y ahora le reclama al gobierno. La prioridad no tiene que ser oponerse porque sí, sino cuidar la salud y el trabajo de la gente.

El Sistema Integrado de la Salud Pública de Tandil, donde gobierna Juntos por el Cambio, publica todos los días a las 20.00 un parte sobre la pandemia y siempre termina con la misma frase: “no nos descuidemos ni un instante”.

El parte lleva la firma de tres personas. Una de ellas es Jorge Gentile, director de Infectología del Hospital local, que el lunes asistió a la marcha de los anticuarentena y se lo fotografió en una actitud que no respetaba las normas que aconseja que respeten los demás. Scarpin y Gentile trataron de explicar, pero no se puede negar lo que es evidente.

Juntos por el Cambio acusó al gobierno de autoritario y de aprovechar la cuarentena para gobernar sin el Congreso. Pero cuando el Congreso empieza a funcionar de manera virtual, el senador de la oposición Esteban Bullrich pone un muñeco de cartón con su cara ante la cámara para no asistir a los debates.

Estas incongruencias desembocan en lo que debería ser un debate enriquecedor sobre la reforma judicial. Ambos lados asientan sus posiciones desde preocupaciones diferentes.

Para el gobierno la preocupación es la Mesa Judicial que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri para desplazar jueces con aprietes y reemplazarlos con designaciones muy irregulares, sobre todo en el fuero federal de Comodoro Py.

La oposición asegura que la única finalidad del proyecto de reforma judicial es la “impunidad” de Cristina Kirchner y de los exfuncionarios que tienen causas por corrupción. Los columnistas macristas insisten, incluso, que la reforma fue hecha a medida para la ex presidenta.

Pero tanto la expresidenta como los demás exfuncionarios han expresado que no quieren amnistías ni perdones ni anulaciones, sino que esperan demostrar su inocencia en un juicio justo. El proyecto enviado al Congreso plantea que ninguna causa cambiará de tribunal ni de juez.

Si el oficialismo pudo realizar ese gesto para encontrar un punto de encuentro, la oposición tendría que abrirse a la preocupación del gobierno por el esquema de persecución política o lawfare que se creó dentro del Poder Judicial.

Pero la oposición ha sido corresponsable del dispositivo de persecución política que se apoyaba en la colonización de Comodoro Py. Lo que en realidad teme es que el gobierno haga lo que ellos hicieron cuando fueron oficialismo. El macrismo ha reunido juristas e intelectuales afines y circundantes para tratar de denunciar las intenciones non sanctas de Alberto Fernández.

Pero la única forma de que esos notables del macrismo y alrededores tuvieran autoridad moral sería si hubiesen criticado la aberración patente de la Mesa Judicial del gobierno que apoyaron.

Por un lado teme que el oficialismo aproveche para hacer lo que hicieron ellos. Por el otro, no quiere perder el poder que tiene en Comodoro Py. Pero no van a reconocer ninguna de las dos cuestiones que quedaron en evidencia cuando dijeron que se oponían a la reforma antes de saber su contenido.

La propuesta consiste en multiplicar los tribunales y los jueces del fuero, uniendo dos fueros que ahora corren por separado, con lo cual sería más difícil colonizarlo para cualquiera, incluso para el oficialismo, ya que no bastaría, como ahora, con controlar a un puñado de jueces y fiscales. O sea que el motivo plausible de la oposición para rechazar la reforma es no perder el control que obtuvieron sobre Comodoro Py durante el gobierno de Macri.

Como no pueden usar ese argumento, han planteado que la reforma que propone Alberto Fernández es tan importante que no puede ser debatida en una situación excepcional como es la cuarentena y las sesiones virtuales.

El argumento tiene la incongruencia del intendente de Avellaneda y del infectólogo de Tandil. La legislatura de la provincia de Mendoza, gobernada por Juntos por el Cambio, funciona de manera virtual. Y la gobernación mandó a mediados de mes no una reforma judicial, sino una reforma constitucional que incluso elimina las elecciones de medio término.

En Buenos Aires dicen una cosa y donde gobiernan hacen lo contrario. Actúan sin reconocer que perdieron las elecciones y se mantienen cerrados también ante la designación de Daniel Rafecas como Procurador, en reemplazo del Procurador interino que nombró Macri, Eduardo Casal, que tampoco se digna a responder los pedidos de informe del Congreso.

Mientras tanto, en el hospital Durand hay protestas de trabajadores de la salud porque ya murieron tres de ellos por la pandemia. Y Jujuy está al borde del desastre sanitario. La oposición se movilizó el 17 en reclamo por las libertades que se restringen por la cuarentena. A contrapelo de sus correligionarios, el gobernador radical Gerardo Morales se preocupó más por las restricciones que por organizar un dispositivo sanitario y ahora tiene ciudades como La Quiaca y San Pedro desbordadas por el virus.