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Cinco policías imputados por la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris, dentro de la comisaría 10° se enfrentarán a diferentes pedidos de pena, en la previa del juicio. La Fiscalía plantea el delito de "homicidio preterintencional e incumplimientos de deberes de funcionarios públicos" y pide 4 años de prisión para el comisario Silvio Cortes y una inspectora, y un año de inhabilitación para tres agentes. En tanto, la querella sumó las figuras penales de tortura, privación ilegal de la libertad, omisiones y sustracción, por lo que solicitará entre 11 y 25 años de prisión para los acusados. "Por el estado en que se encontraba, el haberla agarrado del cuello, arrastrarla, que se les caiga, que el comisario le haya pegado golpes de puño y que la hayan esposado boca abajo, en una comisaría, entendemos que la torturaron", dijo el abogado querellante Federico Pagliero. Además, reclaman que se ponga fecha a la audiencia preliminar, ya que se suspendió la que estaba programada para este martes, porque se superponía con el juicio por el crimen de Maxi Zamudio.
A más de tres años del hecho, la fiscal Karina Bartocci presentó la acusación por los delitos que imputó el año pasado. "Si bien coincidimos con los hechos, entendemos de manera diferente la calificación penal", dijo Pagliero sobre la acusación de la querella.
A mediados de 2019, Bartocci dio a conocer un audio de WhatsApp en el que el comisario Cortes "reconoció golpes" hacia la víctima. La evidencia que se obtuvo de las pericias a los teléfonos de los agentes es un mensaje que había sido eliminado. Se trata de un audio que envió Cortes sobre lo que registraron las cámaras de la seccional en relación a su accionar aquella noche: "Ahí vi el video, le daba piñas, pero las cámaras de adelante dan que la entro bien, así que no va a pasar nada", se leyó en la audiencia del año pasado.
La investigación permitió reconstruir que a las 21 del miércoles 3 de mayo de 2017 Paris se dirigió a la comisaría de Darragueira al 1100. "No se pudo decir a qué fue. Pidió agua. Estuvo sentada en la guardia. Cruzó a la funeraria y volvió. A las 21.40 caminó hacia calle Marull, intentó subir a un auto, correr por la calle. Dos agentes la hicieron subir al móvil y la llevaron a la seccional. En la puerta de la comisaría estuvo sentada en el tapial y fue a la casa que queda a pocos metros".
En cuanto al accionar policial, en aquella audiencia se reveló que "Cortes la toma del cabello y el cuello, y la inmoviliza con los brazos hacia la espalda. Domínguez (la coimputada) la tomaba de los pies. La agarraron para llevarla al cuarto" ubicado dentro de la dependencia. "Cortes le dio golpes de puño en la boca y la panza; y ambos le pusieron las esposas. La dejaron boca abajo en el piso, provocándole lesiones y las consecuencias le producen la muerte", dijo la fiscal cuando imputó.
La querella --de APDH, Amsafé y la Cátedra de Criminología de la UNR-- apunta a delitos más graves. Según indicaron, la víctima sufrió "unas 15 lesiones en vida, en menos de una hora"
El detalle dio cuenta de "lesiones en rostro, labio, múltiples equimosis en miembros superiores, muñecas, codo derecho, piernas, tórax y dos costillas fracturadas". El diagnóstico de la muerte fue "arritmia fatal coadyuvado por hipoxia como consecuencia de la restricción física a la que fue sometida", muy diferente a lo que arrojó la primera autopsia que hablaba de "muerte natural". Los demás agentes fueron imputados porque el primer llamado al Sies fue recién a las 22.10. Tras aquella audiencia, los agentes siguieron en libertad con restricciones.
La querella --representada por la APDH, Amsafé y la Cátedra de Criminología de la UNR-- apunta a delitos más graves. Según indicaron, la víctima sufrió "unas 15 lesiones en vida, en menos de una hora". Y remarcaron que pese a que requería de atención médica, "los agentes decidieron detenerla, aplicarle golpes, esposarla y someterla a un temor desmedido". También mencionaron la desaparición de las prendas que llevaba aquella noche.
En ese contexto, la fiscal pidió 4 años de prisión y multa para el comisario Cortes y la inspectora Domínguez, por "homicidio preterintencional (se busca lesionar, y se termina provocando la muerte) e incumplimiento de los deberes"; y para tres acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", solicitó un año de inhabilitación especial y multa.
La querella pide 25 años para Cortes y Domínguez, por "tortura en concurso real con homicidio preterintencional, privación ilegal de la libertad e incumplimientos". Mientras que para las suboficiales Silvina Gianotti, Andrea Allovati y el cabo Damián Zalazar, solicitaron 11 años por "incumplimiento, omisión de denunciar torturas y sustracción e inutilización de objetos custodiados".
Preliminar. Pagliero se quejó sobre la suspensión de la audiencia en la que se deben presentar esas acusaciones. "Nos parece una desprolijidad llamativa que la Oficina de Gestión Judicial, encargada de fijar fecha de audiencias, no haya reparado que la fiscal tenía otra audiencia el mismo día. Menos aun teniendo en cuenta que las audiencias superpuestas, corresponden ambas a casos de víctimas del accionar estatal", dijo sobre la superposición con el juicio por el homicidio de Maximiliano Zamudio, que comienza mañana. "Parece una burla a la familia de María de los Ángeles. Una burla por el arduo camino que tuvimos que transitar hasta llegar a estas instancias", dijo el abogado. Y agregó: "Llegar a juicio en la causa de Zamudio fue exclusivamente por la tenacidad de la familia y organizaciones que acompañaron, revirtiendo dos archivos fiscales. En el caso de Paris, Erika (su hija), la familia y las organizaciones nos enfrentamos a todo: el propio exgobernador abonando la teoría oficial de que no había sido violentada, la 'perdida' de la ropa de la víctima, tener que exhumar el cuerpo para una nueva autopsia, la perdida de cámaras por la inacción fiscal, el insuficiente pedido de pena de la fiscal actual y ahora la suspensión de la audiencia preliminar de juicio", enumeró. Por eso, exigió "que fijen rápidamente una fecha y que cesen las dilaciones e irregularidades en estos casos donde el Estado es el responsable”.
