El futuro digital llegó hace rato. Desde más de una década existe una tendencia mundial que considera que el acceso a internet para toda la población debe ser reconocido como un derecho humano. En los últimos años, países como Francia, Holanda, Canadá, Finlandia, Estonia, México y Costa Rica declararon, al igual que Argentina , su carácter de servicio esencial y estratégico.

Organismos internaciones como Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron en 2019 una declaración conjunta pidiéndole a los Estados "reconocer el acceso y uso de internet como un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio de la libertad de expresión".

"En América Latina, según la CEPAL, el 45% de la población carece de banda ancha. Con lo cual existe un déficit estructural en términos democráticos”, explicó a Página/12 Damián Loreti, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. “Si hoy no accedes a internet no tenés educación, trabajo, no podés accionar con los bancos, sobre todo, en el marco de la pandemia”, añadió.

Internet, vehículo para el desarrollo económico y social de las personas

Facilitar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permite no solo tener acceso al conocimiento y al entretenimiento, sino que es un vehículo para el desarrollo económico y social de las personas. En ese sentido, Loreti sostiene que "hay países que incluso han puesto en la Constitución el acceso a internet y el derecho a la banda ancha".

Es el caso México, que a partir de la Reforma de Telecomunicaciones, promulgada por Enrique Peña Nieto en 2013, se consagró en el artículo 6 de la Constitución Política el derecho de acceso a Internet y fue el punto de partida para garantizar una mayor competitividad en la oferta de los servicios de telecomunicaciones.

En Francia, por ejemplo, el Consejo Constitucional lo declaró en 2009 como derecho fundamental, y Finlandia sancionó en 2010 el derecho a una conexión a Internet de, como mínimo, 1 Mb/s que fue ampliado hasta los 100 Mb/s en 2015.

En Holanda, por su parte, el ministro de Asuntos Económicos consagró el acceso inalámbrico a Internet como una "necesidad básica". "Sin esta tecnología, nuestra economía se estancaría. Los consumidores y las empresas necesitan acceder a los servicios a través de Internet inalámbrico y esta necesidad seguirá aumentando", señaló al momento de aprobarse la normativa.

El DNU de Alberto Fernández

En esta misma línea, se enmarca la reciente disposición del presidente Alberto Fernández de declarar servicios esenciales a la telefonía celular y fija, las prestaciones de Internet y a la TV paga, que además de congelar tarifas hasta fin de año, estará acompañado por Planes Universales para garantizar prestaciones básicas a la población.

En el caso específico de la televisión paga, Loreti marcó sus deferencias al considerar que "una cosa son los celulares, que son servicios de conexión, que no están amparados por las reglas de UNESCO, y otra cosa son los servicios de comunicación audiovisual por vínculo físico, como el cable". Al respecto manifestó: "No estoy a favor de mantener a los servicios de televisión por cable adentro de las reglas de las licencias genéricas de tecnología de la información y de la comunicación".

“La noción de servicio público no es uniforme en todos los países”, explicó a este medio, Martín Becerra, especialista en sistemas de medios de comunicación e investigador del CONICET. “Hay países, como Chile, que tiene en el Senado un proyecto muy avanzado sobre el tema y lo llama servicio público, pero -con diferencias lógicas según cada contexto- se pueden hallar medidas relacionadas con la garantía de servicios básicos obligatorios de conectividad, con la regulación tarifaria y con esquemas de calidad de servicio también regulados, en lugares tan diferentes como Finlandia, Corea del Sur, Canadá, Costa Rica o Estonia”, agregó.

“Existen estrategias de disminución de las brechas sociales, económicas, geográficas, de género o de edad diversas según la situación, los recursos y las características de sociedades diferentes. Esto obviamente representa un desafío tanto para las políticas públicas como para la sociedad civil y las empresas del sector”, concluyó Becerra.