A 48 años de la Masacre de Trelew, organismos de derechos humanos reclamaron que avance el proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo, el ex teniente de la Marina que huyó a Estados Unidos poco después de los fusilamientos y allí, con los años, se convirtió en un millonario empresario. Acusado de ser uno de los represores que efectuó los disparos contra 16 militantes políticos que estaban detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut, y de donde intentaron huir en agosto de 1972, había sido detenido en octubre pasado en Miami y se esperaba que fuera extraditado en pocas semanas. Sin embargo, pese a que el fiscal de la causa se expresó a favor de que sea trasladado a Argentina, el juez a cargo de la causa aún no tomó una decisión.
“Acompañamos a lxs familiares de las víctimas en este nuevo aniversario, exigimos con ellxs justicia y la pronta extradición de Bravo para que sea juzgado con todas las garantías del debido proceso en la Argentina”, expresaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través de un comunicado en el que recordaron los 48 años que transcurrieron desde los fusilamientos de los militantes en la Patagonia y actualizaron la situación en la que se halla el expediente que busca traer a uno de los responsables directos de la masacre que todavía resta juzgar.
HIJOS Capital hizo hincapié en el mismo dato. "Con los dedos en ve y el puño en alto, gritamos: ¡PRESENTES! Seguimos exigiendo la extradición del fusilador Bravo desde Estados Unidos para ser juzgado". La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también recordó a las víctimas a través de Twitter.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, 16 presos políticos detenidos en la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew, fueron asesinados por integrantes de la Armada Argentina. Todos eran militantes de las organizaciones político- militares FAR, ERP y Montoneros que habían logrado fugarse de la unidad penitenciaria de Rawson y que, ante la imposibilidad de escapar del país, se entregaron a las Fuerzas Armadas. Otros tres sobrevivieron para contar los hechos, aunque fueron desaparecidos durante la última dictadura.
El CELS, que representó a los familiares de las víctimas durante el juicio que se llevó a cabo en 2012 en Trelew remarcó en el nuevo aniversario que siguen “con mucha atención el nuevo proceso de extradición" del fusilador, "que está a la espera de que el juez interviniente, Edwin Torres, emita su sentencia".
Bravo, de 78 años, vive en Estados Unidos desde fines de los 70, donde llegó como representante de la Embajada de facto. En los 90, se convirtió en un empresario exitoso de servicios de salud y amasó una fortuna. En 2008, tras la declaración de la Masacre de Trelew como delitos de lesa humanidad la justicia chubutense expidió el primer pedido de extradición de Bravo a su par de Miami. Según los relatos de testigos y sobrevivientes, el ex teniente había sido uno de los que apretaron los gatillos en la Masacre. El pedido fue rechazado, pero tras la sentencia del juicio en el que los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino fueron condenados a prisión perpetua, fue reiterado.
En octubre pasado finalmente fue detenido en su mansión de Miami. "En marzo de este año el fiscal de distrito de Miami, Jason Wu, se pronunció a favor de la extradición. En su memorial, el fiscal descartó que se haya tratado de la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre Estados Unidos y la Argentina", recordó el organismo.
