Separados por miles de kilómetros pero con el mismo guión, Patricia Bullrich y Eduardo Bolsonaro apelaron al fantasma de Venezuela para cuestionar la decisión del gobierno de Alberto Fernández de calificar como servicio público a la telefonía celular, Internet y la televisión paga. La presidenta del Pro alertó que el gobierno “encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín” y sugirió que lejos de buscar garantizar un derecho “socava la dignidad de los ciudadanos”. El diputado brasileño, hijo del presidente Jair Bolsonaro, alertó que “la venezuelanización (sic) de la Argentina continúa”. El radical Julio Cobos, en cambio, se manifestó de acuerdo con la declaración de servicio público de la telefonía celular “por el impacto social que tiene”.
Las críticas de algunos opositores llegaron antes inclusive que la lectura del decreto que también congeló las tarifas hasta fin de año. Es “grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien”, dijo el jefe de senadores del Pro, Humberto Schiavoni. “No leí el DNU pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente”, agregó. El ex presidente del Senado Federico Pinedo consideró que “los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal, es una barbaridad”.
La es diputada y ex titular del ENACOM, Silvana Giudici, dijo estar sorprendida. “Cuando se necesita mayor inversión, más infraestructura y mejores servicios para soportar la demanda exponencial sobre las redes TICs producida por el aislamiento social, se fija como servicio público a internet, celulares y TV”, escribió.
Bullrich tradujo a los suyos que “no se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano” y que "ahora también es compartida por Alberto Fernández”. Cara visible del ala dura Pro, la ex ministra enmarcó la medida en un hipotético “vamos por todo” del gobierno, lamentó que “encontraron un atajo para garantizar (sic) la ‘soberanía tecnológica”.
Cobos, en cambio, consideró “razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene”. Agregó que “la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo”.
