No es la primera vez que las distribuidoras intentan implementar la instalación de medidores eléctricos de servicio “prepago”, pero nunca antes lo llegaron a concretar. Ayer, especialistas del sector y representantes de entidades de consumidores recordaban antecedentes locales de intentos por limitar la demanda eléctrica a lo que cada hogar estuviera en condiciones de pagar “previamente”. Y también la mala experiencia en Europa, que registra decenas de miles de muertes por año por políticas de restricción del uso de la energía eléctrica en hogares de escasos recursos. “Mucha gente puede morir de frío por el impacto de estas políticas y los mecanismos que se implementan para sostenerlas”, advirtieron especialistas y defensores de los derechos de los usuarios.

 A principios de la década anterior, hubo un intento, promovido por el ENRE, de implementar los medidores para consumo prepago en la localidad de Merlo, en el conurbano bonaerense, pero fracasó por la resistencia de organizaciones locales. Más recientemente, se intentó probar suerte en San Isidro, al norte de la Capital, pero tampoco prosperó. Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, apuntó estos antecedentes a PáginaI12. Desde principio de este año, “lo que está sucediendo en varias localidades del Gran Buenos Aires es que Edenor le retira el medidor a usuarios morosos de escasos recursos, pero sin cortarle el servicio; después de un par de semanas, les coloca un medidor nuevo con el sistema prepago, por el cual el jefe de hogar debe concurrir a las oficinas de la empresa para notificarse y empezar a hacer el pago anticipado por tarjeta, lo que le habilita el consumo de una determinada cantidad de kilowatts hora; como no hubo cortes del servicio, la gente no se queja”, explicó Boada para trazar el cuadro de situación. Pero advirtió que la postura de la entidad que encabeza será de rechazo al nuevo método implementado, “porque va a provocar que a los hogares más humildes no se les garantice el suministro mínimo indispensable, porque va a poder consumir sólo hasta donde le alcance con la tarjeta prepaga, y así se pierde el concepto de servicio público”. 

Marcos Rebasa, especialista en temas energéticos y miembro del Instituto de la Energía Scalabrini Ortiz (IESO), recordó que hubo varios intentos previos de instalar este tipo de restricciones al consumo, “incluso en los 90”, tras la privatización del servicio eléctrico. “Es un esquema pensado para la gente de escasos recursos, pero es muy peligroso y va en contra del criterio de servicio público, que debería garantizar el consumo mínimo indispensable. Hay mucha gente que queda en riesgo de morir, incluso, por las bajas temperaturas, como sucede en Europa. Es una posibilidad que nunca se terminó de concretar, pero no me extraña que ahora se le dé nuevo impulso: es coherente con la política energética vigente”, concluyó Rebasa. 

 Una investigación de dos especialistas de Oetec, Belén Ennis y Federico Bernal, publicada en el suplemento Cash de PáginaI12 el 24 de julio pasado, señalaba algunas experiencias de Europa con la denominada “pobreza energética”, es decir quienes “no pueden hacer frente a las tarifas de energía relativas al normal funcionamiento de su hogar”. Tras casi una década de políticas de ajuste (reducción de subsidios) y aumento de tarifas, Europa enfrenta un cuadro de 54 millones de “pobres energéticos” y 40 mil muertes sólo en el invierno 2015/16 por hipotermia o congelamiento. “Sólo en el Reino Unido, uno de los países con las tarifas eléctricas más elevadas, cerca de 750 mil adultos mayores se vieron obligados en el invierno de 2015 a elegir entre alimentarse o calefaccionarse, producto de un incremento inédito de las tarifas en los últimos ocho años”, apuntaba la nota mencionada. 

 El “disciplinamiento” de los consumidores morosos aquí, en el marco de una política de ajuste en los gastos sociales y tarifazos, tiende a copiar modelos con resultados trágicos en el exterior y que hoy están bajo severo cuestionamiento.