Más de treinta agrupaciones de inmigrantes, comunidades de varias naciones y trabajadores extranjeros que residen en Argentina convocaron para esta tarde, y por primera vez, un paro de migrantes para visibilizar los aportes que realizan en el país a nivel económico, social y cultural. Además, el objetivo de la convocatoria –programada para las 18 horas en Plaza de Mayo– es pedir la derogación del decreto 70/2017, que limita las garantías constitucionales de los residentes extranjeros. “Este Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Macri firmó contra los inmigrantes, forma parte de la batería comunicacional xenófoba del actual gobierno nacional”, explicó a este diario Juan Vázquez, uno de los organizadores de la manifestación.
Paraguay, Senegal, España, Brasil, Cuba, Colombia, Perú, Armenia, Uruguay y Bolivia. Las comunidades de aquellas naciones, entre otras, se reunirán esta tarde en el Congreso de la Nación para marchar hasta Plaza de Mayo y así, realizar el primer paro de inmigrantes en Argentina. “Hace dos meses que nos venimos juntando entre agrupaciones de extranjeros y trabajadores independientes, para hacer frente a la xenofobia que existe en el país. En Argentina, la discriminación, precarización laboral y exclusión existieron desde hace años pero en el gobierno de Cambiemos se potenciaron ya sea a nivel discursivo como con medidas concretas”, comentó Thomas Valenzuela, integrante del Colectivo de Resistencia Cultural de la Migración Paraguaya.
El rechazo al DNU 70/2017 –sancionado por el presidente de la Nación el 30 de enero de este año– es, según los organizadores del paro, “uno de los objetivos máximos de la manifestación”. Aquella resolución implicó una modificación a la Ley N° 25.871 (ley de Migraciones) en la cual restringió el acceso a ciudadanos extranjeros, a la vez que reforzó la relación entre inmigrantes y delitos, y redujo el tiempo para apelar su expulsión.
“El decreto no tenía ninguna urgencia pero si generó una emergencia ya que esta medida impacta directamente en lo cotidiano, con una mayor discriminación en todos los ámbitos, y una asociación falsa entre crimen y inmigración: sólo el cuatro por ciento de los presos en Argentina es extranjero”, dijo a PáginaI12, Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.
Al igual que sucede en la película Un día sin mexicanos –que plantea qué pasaría en la sociedad norteamericana si, de la noche a la mañana, desaparecieran de ese territorio todos las personas de nacionalidad mexicana–, los organizadores del primer paro de migrantes en Argentina grabaron un spot para convocar a todos los trabajadores extranjeros en el país al cese de sus actividades para esta tarde. En la película del 2004 dirigida por Sergio Arau, el estado de California entra en pánico ante la falta de cocineros, reporteras, enfermeros e incluso, de inmigrantes. Pero, si en Argentina se registraran los mismos efectos inmediatos, ¿cuál sería el futuro? “El impacto productivo de la comunidad migrante en Argentina es altísimo. Por ejemplo, el 60 por ciento de la mano de obra en la construcción es extranjera, es decir, toda edificación se derrumbaría. Probablemente también falte comida ya que en el rubro textil o de alimentación, los porcentajes son similares a la construcción”, indicó Valenzuela.
El año pasado, en medio de declaraciones xenófobas de distintos funcionarios y senadores, la Universidad de Tres de Febrero elaboró un informe acerca del aporte económico y socio-cultural de los migrantes en Argentina: según este estudio, aquel grupo discriminado contribuye fiscalmente entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por año en concepto de IVA. A su vez, la investigación destacó los extranjeros son el el 1.5 por ciento del total de los alumnos en todos los niveles educativos.
La fecha del paro fue elegida en conmemoración del incendio del 30 de marzo de 2006, ocurrido en un taller clandestino de Caballito, y por el cual fallecieron seis personas –cinco de ellas, menores de edad–. Todas eran de origen boliviano, como el resto de los trabajadores explotados en el lugar. El año pasado, el Tribunal Oral 5 condenó a los dos dueños del taller a 13 años de prisión. “La investigación fue desastrosa. Ni siquiera se responsabilizó a las marcas que sub-contrataban al personal y también eran dueñas de las maquinarias”, dijo Vázquez.
Informe: Jeremías Batagelj.