Un nuevo derrame de solución cianurada en la mina sanjuanina Veladero que opera la Barrick Gold, el cuarto en menos de un año y medio, volvió a poner a la empresa canadiense en el ojo de las organizaciones ambientalistas que reclamaron el cierre de la explotación. Según el gobierno provincial, el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”. Mientras en la capital de la provincia organizaciones ambientalistas y partidos se concentraron en la Plaza 25 de Mayo, los jachalenses, al cierre de esta edición, evaluaban en asamblea pedir la revocatoria de todos los concejales, responsables, según ellos, de que el año pasado no se realizara la consulta popular sobre la actividad minera con uso de sustancias tóxicas en las nacientes del río Jachal.
El martes, alrededor de las 22.30, la minera reportó al gobierno de San Juan el desacople de una cañería que, entre las 17.15 y las 17.30, produjo el derrame de material. A través de un comunicado la empresa explicó que “hechos de esta naturaleza, propios de la operación, no generan daño a la salud de las personas ni al medio ambiente”.
El Ministerio de Minería de San Juan informó que la rotura ocurrió “sobre un canal de contención que transportan solución rica (conduce oro y plata)”, y provocó un “arrastre y acumulación de material (ripio) contactado con solución rica, que se depositó sobre un camino horizontal compactado”.
Ayer al mediodía, mientras el equipo de inspección encabezado por el secretario de Gestión y Control Ambiental Minero, Eduardo Machuca, estaba llegando a la mina para evaluar la situación, el ministro de Minería, Alberto Hensell, sostuvo que el derrame “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”.
En tanto, Uñac advirtió que “Barrick va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias”, señaló que le preocupa “la situación de la empresa, que cada dos por tres está teniendo algún evento”, adelantó que va a multar a la minera, y advirtió que será “implacable con el cuidado del medio ambiente”.
En cambio, uno de los abogados de la asamblea de Jachal, Marcelo Arancibia, explicó a este diario que “hablan de ‘material rico’, como si fuera menos grave que un derrame de cianuro, y es peor. Los metales pesados, a diferencia de la solución cianurada, no se degradan”.
El asambleísta de Jachal Saúl Argentino Zeballos reforzó la explicación: “durante el proceso en que se tritura la roca se separa por un lado los metales (oro, plata y mercurio) y por otro, la solución pobre, con cianuro pero sin metales. La solución rica es la que se acumula en un paredón del valle de lixiviación e incluye cianuro, oro, plata y mercurio”.
Además, Zeballos advirtió que “el mercurio es un subproducto que obtienen y desde hace cinco años no se lo pueden vender a nadie. Están haciendo acopio de mercurio en una zona sísmica como es San Juan”.
En cuanto a la respuesta del gobierno provincial, Arancibia remarcó que “es la misma actitud que vienen tomando con los derrames anteriores, hacen inspecciones de las cuales después nunca entregan los informes. Se están naturalizando los derrame, y esto en un contexto donde el nuevo gerente de la empresa, Jorge Palmés, viene diciendo por todos los medios que Veladero es la mina mas segura del mundo, y que los últimos derrames fueron derrames comunicacionales, además de asegurar, que hay cien años de Barrick en San Juan”.
Arancibia también le apuntó al intendente de Jachal, Miguel Vega, quien “en lugar de quedarse en la ciudad donde los jachalensen convocaron a una asamblea se vino a la capital (provincial) a refugiarse”.
En cuanto a los peritajes que realizaba la policía minera ayer, Zeballos dijo que “exigimos a través de la intendencia que nos entreguen el reporte escrito y firmado sobre el derrame”, porque recordó que “todavía estamos esperando el informe del derrame del año 2015 y el del 2016, del Ministerio de Minería. También los análisis de los peces que murieron, durante veinticinco días de enero de este año, y que la Secretaría de Ambiente provincial tampoco presentó”. “Es más –remarcó Zeballos–, en la causa judicial que terminó con algunos operarios procesados por el derrame de 2015, los datos dicen que hubo 1.072.000 litros derramados en el río, según el juez, y en la misma causa, en el expediente, hay informes manuscritos de la Barrick que hablan de 4.600.000 mil litros, es decir, nunca logran datos fiables”.
El coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, sostuvo que “venimos reclamando desde el primer derrame el cierre definitivo de la mina. El presidente de la Nación tiene la oportunidad histórica de cumplir con la ley de Glaciares, ya que la mina opera en una zona periglaciar protegida. Por eso, continuamos con la petición de cierre online (www.chauveladero.org.), donde cada vez que una persona firma se le envía un mail al presidente (Mauricio) Macri”.
El ambientalista señaló que “la empresa ha mostrado una falta total de control, y el gobierno provincial oficia de vocero saliendo a explicar lo que la minera no hace. Exigimos que la empresa comunique qué ocurrió, que muestren las fotos y los videos, que expliquen cuál es el plan de contingencia que se activa, qué cantidad de material ‘rico’ fue vertido y dónde. Preguntas que nunca tienen respuesta”, dijo Strano.
Por otra parte, mientras Uñac señaló, como lo viene haciendo, que la minería “es que es una actividad productiva muy importante para la economía de la provincia”, Arancibia remarcó que “los últimos datos del Indec muestran que San Juan es la tercera provincia con el conglomerado urbano más pobre. Hay que terminar con el mito de que la minería a cielo abierto genera distribución de riqueza, empleo y resuelve la pobreza. Y hablar de la connivencia de los políticos con esta actividad que financia campañas políticas y el silencio cómplice de funcionarios que hacen advertencias o cobran multas que no solucionan las causas de fondo”.
