Con una modalidad innovadora, se llevó a cabo el primero de un ciclo de conversatorios organizado por el INTA con la intención de pensar su trabajo en la Agencia de Extensión Rural de Santa Victoria Este, pueblo ubicado en la zona de frontera tripartita con Bolivia y Paraguay, y cuya población es mayoritariamente rural, con preponderancia de pueblos indígenas. El titular de esa Agencia, Alvaro Penza, explicó que pretenden reflexionar sobre su labor en relación al cumplimiento de los derechos de los habitantes indígenas y campesinos de ese territorio.
La innovación del intercambio tiene que ver con una vuelta de tuerca al uso de las tecnologías. El conversatorio fue virtual, un encuentro vía zoom retransmitido por You Tube, como se hacen estas actividades en estos tiempos, pero a la vez fue retransmitido por las dos radios de FM que funcionan en Santa Victoria Este, Chaco y Lhapakas, con lo cual pudo llegar a los parajes que no tienen conectividad digital.
Del conversatorio participaron invitados Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Somos Tierra e integrante del colectivo internacional de Vía Campesina para la negociación de los derechos campesinos en las Naciones Unidas, y Gabriel Jofré, werken (autoridad tradicional) del Pueblo Mapuche, de la organización Identidad Territorial Malal Weche y trabajador del Instituo Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El ciclo está enmarcado en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que le dio la razón a las comunidades indígenas que reclaman la titulación comunitaria de 400 mil hectáreas.
“Argentina es un país culturalmente diverso”, comenzó Penza como punto de partida para la conversación. Recordó que el ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios) habla de más de 40 pueblos reconocidos "y contando", porque es de prever que se sumen más, como el Pueblo Weenhayek, que en la zona de Tartagal está en un proceso de lucha por su reconocimiento legal.
“Sin embargo, esa diversidad no está expresada en la estructura del Estado" y "tampoco en las prácticas del derecho. Generalmente hay una visión de aplicación del derecho positivo que no da cuenta de esa diversidad cultural". Reseñó que históricamente se quiso resolver la tensión de esa multiculturalidad a través de "la homogeneización del ser nacional, tratando de hacer que los argentinos seamos todos iguales. Esto fue dentro del paradigma de la asimilación cultural donde se pretendía que las distintas culturas que formaban parte de este gran país se disolvieran, renunciaran a sus pautas culturales y pasaran a ser el ser nacional homogéneo deseado tomando como referencia el modelo cultural europeo con el que se sentían representados las elites gobernantes de la República".
"Todo esto no lo digo yo" enfatizó antes de leer un párrafo del decreto nacional 1086/2005, que aprobó el documento "Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación" en el que el Estado reconoce que "Argentina se constituyó como un Estado-Nación sobre la base de la negación de las raíces históricas americanas, la sujeción de sus ocupantes originarios y la usurpación de sus territorios".
Penza señaló que este paradigma de asimilación cultural "se fue instrumentalizando a través de distintas instituciones, por ejemplo, la escuela" que "enseña lo mismo en Capital Federal que en los territorios de la escuela de San Bernardo, acá en una comunidad indígena wichí". Y también se replicó a través del sistema de extensión rural "que tenía como función modernizar el mundo rural que se consideraba atrasado, arcaico, modernizarlo y generar sistemas productivos de tipo capitalista", un sistema que "fue un fracaso y a partir de ese fracaso se empezaron a construir paradigmas alternativos de la extensión rural".
Indicó que en esos paradigmas alternativos se afianzan los trabajadores del INTA en Santa Victoria Este para proponer esta reflexión. Y recurrió a Paulo Freire para discutir el término "extensión", que "implica como que uno extiende un conocimiento. Es decir, el extensionista, el ingeniero agrónomo generalmente, tenía un saber técnico que se lo transfería al campesino, al indígena, al agricultor que se lo consideraba que no tenían conocimientos suficientes y se los llenaba de contenidos", algo que "está ya totalmente deslegitimado".
En cambio, Freire proponía la comunicación popular, donde el paradigma es el diálogo de saberes "donde reconocemos que tanto el extensionista como el agricultor, sea indígena o campesino, tienen un saber y tiene que haber diálogo de ese saber, esto implica un encuentro de culturas que no siempre es armonioso".
Gabriel Jofré habló de “la incorporación del derecho indígena a los estados” y afirmó que cada logro conseguido fue consecuencia de la organización y de la lucha. Recordó que la misma creación del INAI fue el resultado de la demanda de organizaciones de los pueblos Kolla, Diaguita, Qom, Guaraní, Mapuche, Tehuelche, entre otros.
Sostuvo que estos procesos de organización a nivel nacional fueron impulsando acciones en el país y en el ámbito internacional y se consiguieron reconocimientos como el Convenio 169 de la OIT y la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Y las declaraciones de Naciones Unidades y la de la OEA sobre pueblos originarios, “todos instrumentos que han ido generando las condiciones para que las comunidades indígenas logren avances”, en el mismo sentido valoró la sentencia de la Corte Interamericana por los lotes 55 y 14, en el departamento Rivadavia.
Diego Montón comenzó destacando “las oportunidades que se abren (para la zona del Chaco salteño) a partir de la problemática pero también de las soluciones que van pariendo las luchas en ese lugar”.
En particular, sostuvo que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, puede usarse en todo el país para hacer valer derechos de campesinos e indígenas. Y consideró importante que esta Declaración no parte solo de reconocer derechos a estas poblaciones, sino que afirma el “rol fundamental” que tienen para sostener la alimentación y ayudar a revertir el cambio climático.
Entre otras cuestiones recogidas por esta Declaración, como la soberanía alimentaria, consideró que implica también hay un triunfo de los pueblos originarios, porque reconoce el derecho a la tierra de manera individual o comunitaria.
Montón hizo un llamado a "dar vuelta la página de desguace del macrismo" de los organismos estatales que trabajan en el territorio. Y dijo que considera importante trabajar desde la extensión “la coexistencia”, de indígenas y campesinos.
Una mirada intercultural
Penza contó a Salta/12 que este ciclo “empezó con un pienso que venimos haciendo con el equipo de Santa Victoria” en el que "hace un tiempo que venimos viendo que falta un poco de visibilidad a nuestro laburo”. “Creo que hemos encontrado una metodología de laburo y tenemos algunos resultados concretos trabajando tanto con población criolla como con comunidades indígenas, cosa que no es tan fácil de conseguir y nos parece que es importante en función de la visibilidad que está teniendo el territorio, por el fallo de la Corte, por la emergencia socio sanitaria y por la cantidad de actores que están empezando cada vez más a venir a la zona”, indicó.
Surgió "la necesidad de plantar bandera, de decir presente, de tomar un posición sobre como creemos que tiene que ser la intervención en los territorios desde una mirada intercultural, intersectorial y transdisciplinaria”.
Entonces pensaron un plan de comunicación, para visibilizar la labor afuera y también dentro del territorio, porque “muchas veces las comunidades, los criollos no llegan a conocer en su integralidad el laburo”. Florencia Lance, también trabajadora del INTA, contó que en el espacio de formación de los trabajadores “surgieron algunas preguntas que nos interpelaron y que nos invitaron a hacer la conversación un poco más amplia, más grande".
El ciclo está previsto con un conversatorio por mes hasta fin de año. Penza destacó la retransmisión a través de las radios de Santa Victoria Este. “Esta zona que está aislada, que tuvo procesos sociales muy interesantes pero desvinculados de procesos regionales, nacionale", por eso "quisimos empezar a tratar de conectar las voces de los movimientos campesinos indígenas nacionales, regionales con el territorio, aprovechar estos medios para hacer ese puente entre las voces nacionales con el territorio en una especie de diálogo".
El segundo conversatorio será en septiembre, y participarán Nancy López, del Pueblo Weenhayek y una de las directoras de la radio La Voz Indígena de Tartagal, y Lucía Ruiz, dirigente campesina de la zona de Morillo.
